La responsable de prensa de la Fiscalía afirma que Ayuso trató de difundir «dudas» sobre el ministerio público | España

Durante la sesión matutina del juicio, la defensa del fiscal general del Estado ha reiterado su línea argumentativa principal: Álvaro García Ortiz no divulgó ningún secreto y ese día recopiló información sobre Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y su posible acuerdo con la fiscalía en relación a un presunto fraude fiscal, actuando de manera defensiva: con el fin de frenar los rumores provenientes del entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Mar Hedo, jefa de prensa de la Fiscalía General del Estado, ha explicado que el 6 de marzo (siete días antes de que se conociera el correo del abogado de Ayuso) recibió la primera llamada de un periodista para indagar sobre la existencia de un caso contra González Amador, señalando que el caso ganó gran notoriedad mediática, especialmente después de que Ayuso atacara públicamente a la fiscal jefe provincial.

“El 12 de marzo, Ayuso comenzó a sembrar dudas sobre la fiscal provincial y, por extensión, sobre toda la Fiscalía”. La noche del 13 ocurrió la supuesta filtración del correo que desmentía un rumor previo de Miguel Ángel Rodríguez y una información distorsionada de El Mundo, que afirmaba que la Fiscalía había propuesto un acuerdo a la pareja de la dirigente del PP (cuando realmente fue al revés).

Hedo también declaró que un periodista de EL PAÍS le preguntó el 12 de marzo, es decir, casi 32 horas antes de que el fiscal recibiera el correo, si tenía información sobre un posible acuerdo. Su versión es coherente con la de cuatro redactores de este periódico que fueron citados como testigos, quienes informaron al juez que, al mediodía del 12 de marzo de 2024, supieron a través de fuentes fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que el abogado de Ayuso pretendía alcanzar un acuerdo con la fiscalía que incluía la devolución de lo defraudado más una multa, a cambio de un reconocimiento de los delitos. Los periodistas -que testificarán en los próximos días del juicio- explicaron que el diario no publicó esa información porque no logró confirmarla con el abogado, Carlos Neira, quien no respondió a la llamada, al correo ni al mensaje de WhatsApp enviado por uno de ellos.

Hedo precisó que supo por primera vez de la denuncia de la Fiscalía contra la pareja de Ayuso el 6 de marzo por la tarde, cuando recibió una consulta de un periodista de ElDiario.es sobre si había alguna denuncia en la Fiscalía relacionada con una empresa llamada Maxwell Cremona, que según la información proporcionada, pertenecía a alguien llamado Alberto González vinculado a la Comunidad de Madrid. Según Hedo, le indicó al periodista que se comunicara con la Fiscalía de Madrid.

Según Hedo, nadie volvió a preguntarle sobre ese tema hasta el 12 de marzo, cuando ElDiario.es informó de que el ministerio público había denunciado a la pareja de Ayuso. La jefa de comunicación de la Fiscalía General, según su relato, se comunicó entonces con el responsable de prensa de la Fiscalía madrileña y, ante las solicitudes de información de los medios, envió la denuncia presentada contra González Amador a los periodistas que la consultaron.

Hedo destacó que las consultas de los periodistas aumentaron el 13 de marzo después de las 21.29, cuando El Mundo publicó la versión proporcionada por el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, incluyendo detalles de un correo enviado por el fiscal del caso de la pareja de Ayuso a su abogado. Hedo subrayó que poco después, alrededor de las 21.45, un periodista de La Sexta la contactó para explicarle que había recibido información contradictoria con lo que publicaba El Mundo, es decir, que era el abogado quien estaba proponiendo un acuerdo, información que estaba contenida en el correo que centra la investigación y que, en ese momento, García Ortiz aún no había recibido (la recibió a las 21.59).

“La confusión era inmensa porque los periodistas no sabían si lo correcto era lo que decía El Mundo o no. Además, El Mundo ya citaba un correo específico, con frases literales y datos concretos. Los correos ya estaban en circulación”, aseguró Hedo. A partir de ese momento, Hedo intercambió llamadas y mensajes con García Ortiz sobre el caso que afectaba a González Amador para aclarar la información y redactar el comunicado, pero aclaró que solo recibió información verbal y no tuvo acceso a los correos relacionados con el caso.

La nota informativa de la fiscalía

Parte de la declaración de Hedo y Corral se centró en la nota de prensa emitida por la Fiscalía de Madrid la mañana del 14 de marzo, que contenía una cronología de las acciones de la Fiscalía en el caso de González Ayuso. La elaboración de esa nota fue, según Hedo, lo que llevó al fiscal general a solicitar los correos intercambiados entre el abogado y la Fiscalía.

La fiscal superior, en la primera sesión del juicio, manifestó su desacuerdo con la nota redactada por la Fiscalía General porque incluía datos personales de González Amador, un aspecto que Hedo rechazó, argumentando que las objeciones de la fiscal jefa superior y su jefe de gabinete eran “formales”, nunca sobre el contenido. Al ser cuestionado, el director de comunicación de la fiscalía madrileña admitió que su oposición a la nota se debió a que le parecía “ridículo” emitir ese comunicado, dado que todo su contenido ya había sido publicado en los medios y los correos eran de público conocimiento.

Antes de concluir su declaración, la jefa de comunicación de García Ortiz dejó otro mensaje importante sobre las filtraciones. La defensa del fiscal le preguntó en qué momento supo que el Supremo iba a imputar a su jefe, a lo que respondió que había muchos rumores desde varios días antes de que, el 16 de octubre de 2024, el alto tribunal abriera la causa; pero la confirmación, según Hedo, se la dio el propio García Ortiz el 12 de octubre, cuando, al salir de una recepción en el Palacio Real, le informó que sabía con certeza que lo iban a imputar.

La defensa del fiscal presentó a otros dos testigos para intentar refutar otros puntos en los que se basa la acusación. Uno era un fiscal de la unidad especial contra la corrupción, Diego Lucas, quien tomó el caso del fraude fiscal de González Amador. Lucas confirmó que los abogados de este propusieron nuevamente un acuerdo de conformidad, que implicaría asumir los delitos a cambio de evitar la cárcel, tras revelarse la primera negociación con el Ministerio Público. De esta manera, la Abogacía del Estado, que defiende a García Ortiz, intentó debilitar el argumento de los acusadores que afirmaban que la filtración sobre el reconocimiento de delitos por parte del novio de Ayuso había perjudicado su estrategia de defensa. Lucas también relató las maniobras de los abogados de González Amador para aplazar su declaración judicial luego de que se abriera otra investigación contra él por adquirir a medio millón de euros una empresa sin valor a un empresario que le facilitó cobrar una comisión de dos millones por la venta de mascarillas en plena pandemia.

La segunda testigo fue otra fiscal, Esmeralda Rosillo, jefa de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado, el departamento encargado de gestionar cuestiones tecnológicas. En este caso, la defensa buscaba desvincular el cambio de teléfonos móviles de García Ortiz de un intento de eliminar pruebas. Rosillo señaló que ese cambio de dispositivos es habitual y especificó que el acusado ya lo había realizado en seis ocasiones desde su ingreso a la Fiscalía General en 2020, y en tres desde que asumió el mando en 2023.

Además, compareció, a solicitud de las acusaciones, el anterior secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés. El exalto cargo del Gobierno desmintió haber tenido acceso al correo filtrado que es objeto de la investigación, el cual fue enviado el 14 de marzo de 2024 por otra funcionaria socialista de La Moncloa, Pilar Sánchez Acera, al entonces líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, para utilizarlo contra Ayuso en una sesión de control en la Asamblea regional. Vallés negó haber mantenido comunicación alguna sobre el caso con la Fiscalía del Estado y destacó que ni siquiera tiene el número de teléfono de García Ortiz.