La responsable de prensa de la Fiscalía afirma que Ayuso buscó difundir «la sombra de la duda» sobre el ministerio público | España

Durante la sesión matutina del juicio, la defensa del fiscal general del Estado continuó enfatizando su argumento principal: Álvaro García Ortiz no divulgó ningún secreto y, en esa fecha, recopiló información sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y su posible acuerdo con la fiscalía en relación con un presunto fraude fiscal, actuando de manera defensiva para frenar los rumores provenientes del entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Mar Hedo, jefa de prensa de la Fiscalía General del Estado, informó que el 6 de marzo (siete días antes de la filtración del correo de la defensa del novio de Ayuso) recibió la primera consulta de un periodista sobre un posible caso contra González Amador, subrayando que el caso adquirió una notable repercusión mediática, especialmente tras los ataques públicos de la presidenta de la Comunidad de Madrid hacia la fiscal jefe provincial.

“El 12 de marzo, Ayuso comenzó a insinuar sospechas sobre la fiscal provincial y, por ende, sobre toda la Fiscalía”. En la noche del 13 ocurrió la presunta filtración del correo que refutaba un rumor anterior por parte de Miguel Ángel Rodríguez y una información manipulada de El Mundo, que sostenía que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo a la pareja de la dirigente del PP, cuando en realidad había sido al contrario.

Hedo también declaró que un periodista de EL PAÍS le consultó el 12 de marzo, es decir, casi 32 horas antes de que el fiscal tuviera acceso al correo, sobre si poseía información sobre el posible pacto. Su testimonio coincide con lo que expusieron anteriormente cuatro redactores de este periódico que fueron citados como testigos, quienes informaron al juez que, a mediodía del 12 de marzo de 2024, obtuvieron conocimiento, por parte de fuentes fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de que el abogado de la pareja de Ayuso estaba considerando alcanzar un acuerdo con el ministerio público, que implicaba la devolución de lo defraudado más una multa a cambio de la aceptación de los delitos. Los periodistas, quienes comparecerán en los próximos días en el juicio, señalaron que el diario no publicó esa información al no poder corroborarla con el abogado, Carlos Neira, quien no respondió a las llamadas, correos y mensajes de WhatsApp que le enviaron.

Hedo precisó que recibió la primera información sobre la denuncia de la Fiscalía contra la pareja de Ayuso el 6 de marzo por la tarde, cuando un periodista de ElDiario.es le preguntó si había alguna denuncia en la Fiscalía relacionada con una empresa llamada Maxwell Cremona, que, según la información proporcionada por el periodista, pertenecía a alguien denominado Alberto González, vinculado a la Comunidad de Madrid. Ella, según su relato, le sugirió que se contactara con la Fiscalía de Madrid.

Según Hedo, no volvió a recibir consultas sobre ese tema hasta el 12 de marzo, cuando ElDiario.es anunció que el ministerio público había denunciado a la pareja de Ayuso. La jefa de comunicación de la Fiscalía General, según su versión, se comunicó entonces con el responsable de prensa de la Fiscalía madrileña y, ante el interés de los medios de comunicación, emitió la denuncia presentada contra González Amador a los periodistas que la habían consultado.

Hedo destacó que las llamadas de periodistas se intensificaron el 13 de marzo después de las 21:29, tras la publicación por El Mundo de la versión proporcionada por el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, que incluía detalles de un correo enviado por el fiscal del caso de la pareja de Ayuso a su abogado. Hedo enfatizó que, poco después, alrededor de las 21:45, un periodista de La Sexta se comunicó con ella para informarle que había recibido datos que contradecían lo publicado por El Mundo, es decir, que era el abogado quien proponía un acuerdo, que era la información contenida en el correo que centra la investigación y que, en ese momento, aún no estaba en manos de García Ortiz (lo recibió a las 21:59).

“La confusión ya era considerable porque los periodistas no sabían cuál información era correcta, la de El Mundo o no. Además, El Mundo citaba un correo específico, con frases literales y detalles precisos. Los correos se hicieron públicos”, afirmó Hedo. A partir de ese instante, la jefa de prensa intercambió llamadas y mensajes con García Ortiz sobre el caso relacionado con González Amador para confirmar la información y redactar el comunicado, pero explicó que solo recibió información verbal y no tuvo acceso a los correos sobre el caso.

La nota informativa de la fiscalía

Parte de la declaración de Hedo y Corral se centró en la nota de prensa emitida por la Fiscalía de Madrid la mañana del 14 de marzo, que contenía una cronología de las acciones de la Fiscalía en el caso de González Ayuso. La creación de esa nota fue, según Hedo, lo que llevó al fiscal general a solicitar los correos intercambiados entre el abogado y la Fiscalía.

La fiscal superior expresó en la primera sesión del juicio que no estaba de acuerdo con la nota redactada por la Fiscalía General porque contenía datos personales de González Amador, algo que Hedo rechazó, asegurando que las objeciones de la fiscal jefa y su jefe de gabinete eran “objeciones formales” y no sobre el contenido. Al ser cuestionado, el director de comunicación de la fiscalía madrileña admitió que su oposición a la nota se debía a que le parecía “ridículo” publicarla, ya que todo su contenido ya había sido difundido por los medios y los correos eran de dominio público.

Antes de finalizar su declaración, la jefa de comunicación de García Ortiz dejó otro mensaje importante sobre las filtraciones. La defensa del fiscal general le pregunta en qué momento se enteró de que el Supremo iba a acusar a su jefe, a lo que ella respondió que había muchos rumores días antes de que, el 16 de octubre de 2024, el alto tribunal abriera la causa; pero la confirmación, afirmó Hedo, se la dio el propio García Ortiz el 12 de octubre, quien, al salir de una recepción en el Palacio Real, la llamó para informarle que ya sabía con certeza que lo iban a imputar.

La defensa del fiscal presentó otros dos testigos para intentar desmentir otros dos puntos en los que se basa la acusación. Uno de ellos fue un fiscal de la unidad especial contra la corrupción, Diego Lucas, quien asumió el caso del fraude fiscal de González Amador. Lucas confirmó que los abogados de este propusieron nuevamente un acuerdo de conformidad, que implicaría aceptar los delitos a cambio de evitar la prisión, después de que se revelara la primera negociación con el Ministerio Público. Así, la Abogacía del Estado, que defiende a García Ortiz, intentaba refutar el argumento de los acusadores, quienes sostenían que la filtración de que el novio de Ayuso admitía la comisión de los delitos había obstaculizado su estrategia de defensa. Lucas también relató las tácticas de los abogados de González Amador para retrasar su declaración judicial después de que se iniciara otra investigación contra él por adquirir una empresa, que carecía de valor, por medio millón de euros, mediante un empresario que le facilitó cobrar dos millones de euros por la venta de mascarillas durante la pandemia.

La segunda testigo era Esmeralda Rosillo, otra fiscal y jefa de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado, el departamento encargado de gestionar cuestiones tecnológicas. En este caso, la defensa intentaba desvincular el cambio de teléfonos móviles de García Ortiz de un posible intento de destruir pruebas. Rosillo indicó que ese tipo de cambio de dispositivos es habitual y explicó que el acusado ya lo había hecho en seis ocasiones desde que ingresó en la Fiscalía General en 2020 y en tres desde que asumió el cargo en 2023.

También compareció, a solicitud de las acusaciones, el exsecretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés. El exalto funcionario del Gobierno desmintió tener acceso al correo filtrado que fue objeto de investigación, el cual fue enviado el 14 de marzo de 2024 por otra funcionaria socialista de La Moncloa, Pilar Sánchez Acera, al entonces líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, para usarlo contra Ayuso durante una sesión de control en la Asamblea regional. Vallés negó haber mantenido ninguna comunicación sobre el caso con la Fiscalía del Estado, subrayando que ni siquiera tiene el número de teléfono de García Ortiz.