La responsable de comunicación de la Fiscalía afirma que Ayuso trató de aumentar “la duda” sobre el ministerio público | España

La defensa del fiscal general del Estado ha continuado durante la sesión matutina del juicio de hoy subrayando su argumento principal: Álvaro García Ortiz no filtró ningún secreto y ese día se dedicó a obtener información sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y su posible acuerdo defensivo con la fiscalía por un presunto fraude fiscal. Este esfuerzo tenía como objetivo desmentir las informaciones falsas que circulaban desde el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Mar Hedo, jefa de prensa de la Fiscalía General del Estado, ha indicado que el 6 de marzo (siete días antes de que se revelara el correo del abogado de Ayuso) recibió la primera llamada de un periodista preguntando si conocían la existencia de un caso contra Alberto González Amador, y ha aclarado que el asunto comenzó a ganar gran relevancia mediática, especialmente tras los ataques públicos de la presidenta de la Comunidad de Madrid hacia la fiscal jefe provincial.

“El 12 de marzo, Ayuso comenzó a arrojar dudas sobre la fiscal provincial y, por lo tanto, sobre toda la Fiscalía”. La noche del 13 fue cuando se produjo la supuesta filtración del correo que desmentía un rumor previo de Miguel Ángel Rodríguez y una información distorsionada de El Mundo, que sostenía que la Fiscalía había propuesto un pacto a la pareja de la dirigente del PP (cuando la realidad era justamente la opuesta).

Hedo también ha declarado que un periodista de EL PAÍS le preguntó el 12 de marzo, es decir, casi 32 horas antes de que el fiscal recibiera el correo, si tenía información sobre este posible acuerdo. Su relato coincide con la versión proporcionada durante la instrucción por cuatro redactores de este periódico que fueron citados como testigos y que informaron al juez que, al mediodía del 12 de marzo de 2024, se enteraron, a través de fuentes de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de que el abogado de la pareja de Ayuso tenía la intención de alcanzar un pacto con el ministerio público, que implicaba la devolución de lo defraudado, más una multa, a cambio del reconocimiento de los delitos. Los periodistas—que testificarán en los próximos días en el juicio—explicaron que el diario no publicó esa información porque no logró corroborarla con el letrado, Carlos Neira, quien no respondió a la llamada, al correo ni al mensaje de WhatsApp que le envió uno de ellos.

Hedo ha señalado que recibió la primera información sobre la denuncia de la Fiscalía contra la pareja de Ayuso el 6 de marzo por la tarde, cuando un periodista de ElDiario.es se comunicó con ella para preguntar si había alguna denuncia en la Fiscalía relacionada con una empresa llamada Maxwell Cremona, que según el periodista, pertenecía a alguien llamado Alberto González vinculado a la Comunidad de Madrid. Ella, según su relato, le indicó que se pusiera en contacto con la Fiscalía de Madrid.

De acuerdo con Hedo, nadie la volvió a interrogar sobre este asunto hasta el 12 de marzo, cuando ElDiario.es publicó que el ministerio público había denunciado a la pareja de Ayuso. La jefa de comunicación de la Fiscalía General, según su versión, conversó con el responsable de prensa de la Fiscalía madrileña y, ante la demanda de información de los medios, envió la denuncia presentada contra González Amador a los periodistas que le consultaban.

Hedo ha subrayado que las llamadas de periodistas se multiplicaron el 13 de marzo después de las 21:29, cuando El Mundo divulgó la versión que estaba ofreciendo el jefe de gabinete de la presidenta madrileña y que contenía detalles de un correo enviado por el fiscal del caso de la pareja de Ayuso a su abogado. Hedo ha enfatizado que, poco después, alrededor de las 21:45, un periodista de La Sexta le comunicó que había recibido información contraria a lo que publicaba El Mundo, es decir, que era el abogado quien había sugerido pactar. Esta información, que contenía el correo en cuestión, aún no había llegado a manos de García Ortiz (lo recibió a las 21:59).

“La confusión era monumental porque los periodistas no sabían si lo que decía El Mundo era cierto o no. Y El Mundo ya citaba un correo específico, con frases exactas y datos concretos. Los correos se pusieron en circulación”, ha afirmado Hedo. A partir de ese instante, la jefa de prensa intercambió llamadas y mensajes con García Ortiz sobre el caso que involucraba a González Amador para validar la información y redactar el comunicado, pero ha indicado que únicamente recibió información verbal y no tuvo acceso a los correos relacionados con el caso.

La nota informativa de la fiscalía

Parte del testimonio de Hedo y Corral se ha enfocado en la nota de prensa emitida por la Fiscalía de Madrid la mañana del 14 de marzo, que incluía una cronología de las acciones de la Fiscalía en el caso de González Ayuso. La creación de esa nota fue lo que, según Hedo, llevó al fiscal general a recopilar los correos intercambiados entre el abogado y la Fiscalía.

La fiscal superior declaró en la primera sesión del juicio que no estaba de acuerdo con la nota redactada por la Fiscalía General porque incluía datos personales de González Amador, lo que Hedo ha rechazado, asegurando que las objeciones de la fiscal jefa superior y su jefe de gabinete fueron “objeciones formales” y nunca sobre el contenido. Al ser cuestionado al respecto, el director de comunicación de la fiscalía madrileña admitió que su oposición a la nota se debió a que le parecía “ridículo” publicar ese comunicado, dado que todo su contenido ya había sido divulgado en los medios y los correos habían sido hechos públicos.

Antes de concluir su declaración, la jefa de comunicación de García Ortiz ofreció otro detalle relevante sobre la cuestión de las filtraciones. La defensa del fiscal le preguntó cuándo supo que el Supremo iba a imputar a su jefe, y ella respondió que había muchos rumores días antes de que, el 16 de octubre de 2024, el alto tribunal iniciara la causa; pero la confirmación, añadió Hedo, se la dio el propio García Ortiz el 12 de octubre, cuando, al salir de un evento en el Palacio Real, le llamó para informarle que ya sabía con certeza que lo iban a imputar.

La defensa del fiscal presentó a dos testigos adicionales para intentar desmontar otras dos cuestiones que fundamentan la acusación. Uno de ellos fue un fiscal de la unidad especial contra la corrupción, Diego Lucas, quien heredó el caso de fraude fiscal de González Amador. Lucas confirmó que los abogados de este propusieron nuevamente un acuerdo de conformidad, que implicaría admitir los delitos a cambio de evitar la cárcel, luego de que se revelara la primera negociación con el Ministerio Público. Así, la Abogacía del Estado, que defiende a García Ortiz, intentaba refutar el argumento de los acusadores que sostenían que la filtración de que el novio de Ayuso reconocía la comisión de los delitos había afectado su estrategia de defensa. Lucas también describió las maniobras de los abogados de González Amador para retrasar su declaración judicial tras abrirse otra investigación contra él por adquirir una empresa por medio millón de euros, careciendo esta de valor, a un empresario que le había ayudado a cobrar una comisión de dos millones por la venta de mascarillas en plena pandemia.

La segunda testigo fue otra fiscal, Esmeralda Rosillo, jefa de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado, el departamento encargado de gestionar los temas tecnológicos. En este caso, la defensa intentaba desvincular el cambio de teléfonos móviles por parte de García Ortiz de un intento de destruir pruebas. Rosilla señaló que ese cambio de dispositivos es habitual y detalló que el acusado ya lo había realizado en seis ocasiones desde su entrada en la Fiscalía General, en 2020, y en tres desde que asumió el cargo, en 2023.

También compareció, en este caso requerido por las acusaciones, el anterior secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés. Este exalto cargo del Gobierno desmintió haber tenido acceso al correo filtrado que es objeto de la investigación, el cual fue enviado el 14 de marzo de 2024 por otra empleada socialista de La Moncloa, Pilar Sánchez Acera, al entonces líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, con el fin de utilizarlo contra Ayuso en una sesión de control en la Asamblea regional. Vallés negó haber tenido ninguna comunicación sobre el caso con la Fiscalía del Estado y subrayó que ni siquiera posee el número de teléfono de García Ortiz.