El Consejo de Estado advierte al Gobierno por no informar a las comunidades autónomas sobre el gasto de albergar menores no acompañados de Canarias.

El Consejo de Estado ha alertado al Ministerio de Juventud e Infancia sobre la ausencia de información referida al costo real que implicará para las comunidades autónomas la acogida de menores que llegarán a la Península desde Canarias. El informe presentado al Gobierno, al que ha accedido Vozpópuli, muestra la advertencia del órgano consultivo máximo en relación al Real Decreto sobre la distribución de menas encabezado por el ministerio dirigido por Sira Rego, que ha generado gran controversia con las autonomías.

El 1 de julio, el Consejo de Ministros aprobó el acuerdo que requería a la Comisión Permanente del Consejo de Estado un dictamen urgente sobre el proyecto de real decreto para la distribución de menores migrantes no acompañados.

De este modo, el Gobierno instó a la Comisión Permanente del Consejo de Estado a emitir un dictamen antes del 14 de julio sobre el proyecto de Real Decreto que establece el procedimiento para la reubicación y traslado de menores extranjeros no acompañados, en caso de que se declare una situación de contingencia migratoria extraordinaria para proteger el interés superior de la infancia y adolescencia migrante no acompañada.

Actualmente, el órgano consultivo ha hecho públicas sus recomendaciones, subrayando especialmente la carencia de análisis sobre el impacto económico que ha de tener dicho real decreto. Concretamente, el texto normativo menciona que el proyecto supone un costo para las comunidades autónomas de origen, ya que son ellas las que asumen los gastos de traslado de los menores desde su territorio hacia el de la administración de destino.

No obstante, se considera que esto «no implica gasto alguno», puesto que dicho costo «será financiado por el Estado con los mecanismos que ya se prevén en el Real Decreto-ley 2/2025». Sin embargo, la existencia de un mecanismo de financiación no implica que no haya costo, ni exonera a la memoria de calcularlo.

Además, el Consejo de Estado advierte que es evidente que los gastos de traslado no son los únicos derivados de la aprobación de la norma en cuestión, dado que las comunidades autónomas de destino están obligadas a acoger en sus respectivos sistemas de protección a los menores reubicados en ellos.

Esto sin duda conlleva un costo para estas administraciones, sin que el Real Decreto-ley, el proyecto ni la memoria clarifiquen si tal costo será cubierto por el Fondo destinado a la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados para abordar los gastos ocasionados por la sobreocupación y/o traslado de menores.

“En resumen, el análisis del impacto presupuestario realizado por la memoria resulta insuficiente y, por tanto, debe ser complementado con datos y cálculos que permitan conocer, al menos de manera estimativa, el alcance de las consecuencias que, en términos de ingresos y gastos, pueden surgir de la aprobación de la norma propuesta”, señala el dictamen.

Plantón del PP a Rego

En julio, el plantón de las autonomías lideradas por el Partido Popular a la ministra Sira Rego en la reunión sectorial de Infancia inauguró un nuevo capítulo en el tira y afloja por la distribución de menas. En dicha reunión se esperaba la ratificación del pago de 100 millones de un fondo extraordinario a las regiones para ayudar parcialmente con la manutención de los menores no acompañados que serán enviados el próximo 28 de agosto.

La razón de esto es la fuerte protesta de las comunidades gobernadas por el PP, por el agravio que implica aceptar de forma unilateral la decisión y las cifras de distribución acordadas por la Moncloa, mientras que autonomías como Cataluña o el País Vasco quedan exceptuadas por exigencia de los socios de legislatura de Pedro Sánchez.

Así, se prevé que la resolución de este conflicto recaiga en una contienda en el Tribunal Supremo, ya que el Gobierno busca que una resolución judicial obligue a estas comunidades a aceptar la distribución. De no ser así, enviará a la Policía para garantizar esos traslados.

Las autonomías del PP alegan que el Gobierno vulnera el principio de igualdad territorial al «imponerles» repartos obbligatorios, no consensuados, que generan desequilibrios económicos y conflictos. Así, los tribunales, y en especial el Tribunal Supremo, tendrán la última palabra sobre la distribución de 4.400 menas y el asilo de 1.000 niños y niñas.

El Gobierno y las comunidades autónomas se encuentran en una disputa judicial, que deberá resolver una sala tercera tensionada del alto tribunal, ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo que lleva meses estancado.