Bruselas revisa el nuevo sistema de acceso a la administración pública en España tras la advertencia del Partido Popular.

La modificación del sistema de acceso a la función pública anunciada por el Gobierno de España ha trascendido las fronteras nacionales y ha llegado a la agenda europea. La vicepresidenta del Grupo Popular Europeo y secretaria general del PP, Dolors Montserrat, ha presentado una pregunta formal ante la Comisión Europea solicitando investigar si el nuevo modelo propuesto por el Ejecutivo español infringe el Derecho de la Unión.

El centro de la reforma se basa en sustituir las oposiciones tradicionales —que se fundamentan en exámenes anónimos, meritocráticos y objetivos— por un sistema de selección que consiste en un curso de posgrado gratuito de dos años, con un examen final y asignación de plazas de acuerdo a la calificación obtenida. Según el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, se trata de una medida “moderna, eficiente y orientada al talento joven”. Sin embargo, no todos comparten esta opinión.

¿Un sistema en desacuerdo con Europa?

Montserrat argumenta que esta metodología podría representar un grave riesgo para los principios fundamentales de acceso al empleo público en la UE. Según la eurodiputada, se estaría eliminando la objetividad del proceso al suprimir las pruebas anónimas, y en su lugar se introducirían criterios discrecionales sin garantías claras de imparcialidad.

“El nuevo sistema propuesto podría vulnerar el artículo 15.1 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el cual garantiza la igualdad de acceso al empleo público, además de quebrantar la transparencia, la comparabilidad y la portabilidad de las cualificaciones profesionales dentro del Espacio Económico Europeo”, sostiene Montserrat.

También advierte sobre el riesgo de crear una “barrera estructural” para la movilidad laboral transnacional, dado que el nuevo curso —de carácter interno y no reconocido internacionalmente— podría no ser aceptado por otras administraciones europeas. En este sentido, plantea posibles incompatibilidades con la Directiva 2005/36/CE, que regula el reconocimiento de cualificaciones profesionales en la Unión.

Riesgo de nepotismo y degradación del mérito

Más allá del plano normativo, la eurodiputada del PP enfatiza los posibles efectos perjudiciales sobre la calidad democrática de la Administración. Al no garantizarse exámenes impersonales, y al depender el acceso a las plazas de un proceso educativo evaluado por la propia Administración, Montserrat opina que se abre la puerta al nepotismo, el clientelismo y la arbitrariedad.

“La objetividad se reemplaza por la discrecionalidad. El mérito, por el amiguismo. La igualdad, por la afinidad política”, ha declarado. Estas críticas han sido respaldadas en las últimas semanas por diversas asociaciones de jueces y fiscales, que perciben en esta reforma una intromisión del poder político en el acceso al servicio público, lo que resulta especialmente preocupante en el ámbito de la justicia.

Un modelo bajo la lupa europea

El documento enviado a la Comisión solicita que se evalúe si esta reforma infringe otras directivas europeas como la 2000/78/CE, que se refiere a la igualdad de trato en el empleo, y el artículo 41 de la Carta Europea, que establece principios de buena administración.

Por el momento, Bruselas deberá examinar el caso. Si la Comisión determina que hay indicios de infracción, podrá emitir un dictamen motivado o iniciar un procedimiento de infracción contra el Reino de España, una posibilidad que ya se ha dado en otras ocasiones en el ámbito del empleo público.

El Gobierno defiende la reforma, pero aumenta la presión

Desde el Ejecutivo se argumenta que la reforma busca atraer perfiles jóvenes, diversificar la Administración y modernizar los procesos, eliminando las barreras sociales y económicas que implican las actuales oposiciones. No obstante, los sindicatos mayoritarios de la función pública, como CSIF, y las asociaciones de empleados públicos han expresado reticencias al considerar que este sistema podría llevar a una pérdida de calidad y neutralidad institucional.

La controversia está servida. El nuevo modelo, aún en fase de anteproyecto, deberá ser discutido en el Congreso en los próximos meses. Sin embargo, el pronunciamiento de Bruselas podría forzar una modificación del propio proyecto antes de su aprobación definitiva.