La Comunidad de Madrid deberá abonar 450.000 euros a Rivas por interrumpir el financiamiento a las guarderías durante el confinamiento | Noticias de Madrid

El Tribunal Supremo ha ordenado a la Comunidad de Madrid pagar 451.399,52 euros tras haber suspendido unilateralmente el Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, que financiaba sus escuelas infantiles para niños de 0 a 3 años, durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020. El consistorio recurrió al alto tribunal, que dictó a su favor el pasado 17 de octubre, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid fallara en 2022 a favor del Gobierno Regional.

La Consejería de Educación, encabezada por Isabel Díaz-Ayuso, decidió el 9 de marzo de 2020 suspender todas las actividades educativas presenciales. No obstante, mientras que para los estudiantes mayores de tres años se promovió el “sistema de teletrabajo siempre que fuera compatible con la continuidad de las actividades educativas”, no se contempló ninguna opción similar para los niños de 0 a 3 años por parte de Enrique Ossorio, el entonces Consejero de Educación y actual presidente de la Asamblea de Madrid. Ossorio descalificó esa posibilidad en Twitter, afirmando que “que el servicio de escuelas infantiles de 0 a 3 años se pueda prestar online es un insulto a la inteligencia”.

Con la paralización total de la actividad en las escuelas infantiles, la Consejería dejó de transferir fondos que permitían a los ayuntamientos financiar sus servicios educativos mediante un Convenio de Colaboración entre administraciones. Esta relación contractual se rompió sin acordar nada entre las partes. “Cumplamos la ley y seamos coherentes”, reiteraba Ossorio.

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, no obstante, se opuso a esta decisión y continuó apoyando a sus tres escuelas municipales y su Casa de Niños, cubriendo los gastos para mantener la actividad de forma telemática durante lo que quedaba del curso. Ahora, cinco años más tarde, el Tribunal Supremo ha respaldado al consistorio, que reclamaba “los gastos en Educación Infantil” debido al “incumplimiento del convenio de colaboración”. La sentencia condena a la Comunidad a abonar la cifra exacta de 451.399,52 euros.

—El Supremo acaba de calificar la inteligencia de Ossorio—, comenta Pedro del Cura, quien fue alcalde de Rivas desde 2014 a 2022 y dirigió el municipio durante los momentos más críticos de la pandemia.

“La Comunidad de Madrid impuso un recorte financiero y menospreció el trabajo de los educadores infantiles. Esta sentencia es un triunfo para este colectivo y subraya la relevancia de la etapa de 0 a 3 años en el desarrollo de los niños”, añade. “Sabemos que muchos otros ayuntamientos no se arriesgaron a financiar las clases online de sus escuelas porque temían no recuperar el dinero”, concluye.

La actual alcaldesa de Rivas-Vaciamadrid, Aída Castillejo, era en 2020 Concejala de Educación del municipio. “Nunca hubo una buena comunicación entre administraciones; solo nos enterábamos de las intenciones de la Comunidad a través de las directoras de las escuelas o la prensa”, recuerda. “Recuerdo que prometieron que retrotraerían los fondos adeudados a los ayuntamientos siempre que no se les hubiera denunciado. Esa promesa no se cumplió, por lo que decidimos apelar”, explica. “Esta victoria no solo valida el trabajo de las escuelas, sino que también reafirma la autonomía local, indicando que cuando hacemos acuerdos con entidades más grandes, no somos el hermano pequeño, sino un igual. Los convenios no pueden romperse sin un consenso mutuo”, defiende la alcaldesa.

La primera instancia judicial sobre este tema entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la Comunidad se llevó a cabo en mayo de 2022 en la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El TSJM falló a favor del Gobierno Regional, alegando que la prestación del servicio era “de ejecución imposible” tras la suspensión de las clases presenciales y considerando que los beneficiarios eran menores de 0 a 3 años. Además, indicaba que las actividades realizadas online en las escuelas infantiles de Rivas estaban dirigidas “a las familias y no a los niños”.

Después del auto, el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que fue admitido por su potencial para sentar jurisprudencia, es decir, crear un precedente sobre si un convenio entre administraciones públicas para financiar centros de educación infantil puede ser rescindido unilateralmente debido a una crisis sanitaria derivada del COVID-19. El Tribunal Supremo reconoce que las clases para la educación infantil podrían haberse llevado a cabo de manera telemática y resalta las diversas actividades que se realizaron, como el envío de rutinas, actividades o canciones, y el contacto diario de las familias con los educadores a través de la aplicación Remind, así como las propuestas de menús saludables elaboradas por las cocineras. La decisión judicial ha generado alivio y una “enorme sensación de justicia” en el ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, pero sobre todo, “un reconocimiento” al trabajo de sus educadores infantiles.

“Los niños esperaban ansiosos conectarse a sus clases. Ellos eran los destinatarios”

La educadora infantil Mili mostró gran creatividad en su hogar durante el confinamiento. Se disfrazaba de payaso, de hada, o de lo que fuera necesario, utilizando cualquier prenda que tuviera a la mano y maquillándose con productos improvisados. “Mili ejemplificó cómo se podía continuar el trabajo desde casa, con videos compartidos en una plataforma accesible para los padres. El contacto era diario”, relata Lola Jiménez, directora de la escuela infantil Rayuela de Rivas, que tiene 118 niños matriculados. “Nuestro trabajo estaba dirigido a los niños, que deseaban conectarse. Por supuesto, contábamos con el apoyo de los padres. Se llevaron a cabo talleres de cuentos, asambleas, bailes, e incluso las cocineras preparaban videos de recetas como si fueran Arguiñano. Cada día completábamos 8 horas de trabajo. Todo eso ha quedado debidamente acreditado”, defiende Jiménez en su oficina. “El período de 0 a 3 años es fundamental para el desarrollo. Es injusto trivializar el trabajo que realizamos en esta etapa educativa. Decir que no podíamos trabajar a distancia era menospreciar nuestro esfuerzo”, opina. Además, si el ayuntamiento no hubiera financiado el curso por su cuenta, las trabajadoras hubieran tenido que acogerse a un ERTE, como ocurrió con el resto de las escuelas infantiles privadas que cerraron.

Jimena Navarrete, de 45 años, tenía a su hija Naya en el nivel de 1-2 años durante el curso 2019-20. “Nos confinaron y los padres nos sentimos completamente perdidos. Mi hija siempre mostró entusiasmo por conectarse a las clases; ella misma lo solicitaba. Mantuvo el vínculo con sus profesoras y pudimos establecer una rutina. Se sentían parte de la escuela desde casa. Recibimos muchas herramientas que nos brindaron seguridad, algo muy valioso en esos tiempos inciertos”, afirma. Cinco años después, el Tribunal Supremo ha fallado a su favor.