La falta de personal en residencias madrileñas llega a un punto de crisis, según sindicatos y usuarios que denuncian problemas de cuidado y atención a

La falta de personal en residencias madrileñas llega a un punto de crisis, según sindicatos y usuarios que denuncian problemas de cuidado y atención a la población vulnerable.

En la región de Madrid, una grave situación está afectando a las residencias de ancianos y personas con discapacidad. Según denuncian sindicatos y usuarios, la falta de personal en estas instituciones ha llegado a un punto de crisis. Esto está provocando problemas de cuidado y atención a la población vulnerable, que depende de estas instituciones para cubrir sus necesidades básicas. La situación es especialmente preocupante en una región como Madrid, que cuenta con una de las más altas tasas de envejecimiento de España. Es hora de buscar soluciones urgentes para abordar esta situación y garantizar la dignidad y el bienestar de los residentes.

Crisis en residencias madrileñas: falta de personal coloca a usuarios y cuidadores en peligro

Un estudio sobre el personal mínimo necesario en las residencias de mayores y dependientes de la Comunidad de Madrid, elaborado por CCOO de Madrid, UGT Madrid y sus correspondientes federaciones, la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en residencias (PLADIGMARE), revela que la falta de personal en las residencias de la región «coloca a sus usuarios y a sus cuidadores en una situación crítica».

Denuncian que el Gobierno regional «está poniendo en peligro la integridad de las personas que trabajan en el sector y de los y las mayores y dependientes». De las 55.308 plazas para dependientes de la región, tan solo 6.430 son públicas, 13.693 son de gestión privada con financiación pública, y el resto son privadas.

«La falta de transparencia de la Comunidad de Madrid ha imposibilitado saber el número real de trabajadores y trabajadoras que actualmente trabajan en las residencias», inciden. Según los ratios aportados por la propia Comunidad, debería de haber 8.820 personas trabajadoras para atender a las 20.123 plazas (públicas y con financiación pública). «Personal absolutamente insuficiente para prestar una atención con un mínimo de calidad y dignidad», exponen.

A juicio de las organizaciones que han elaborado el informe, en el que han participado más de 700 trabajadores, el número de personas trabajadoras para atender las 20.123 plazas tendría que ser de 15.773, casi el doble del actual. «La dejadez de la Comunidad es tal, que es conocedora de que en las residencias privadas se están aplicando los ratios establecidos en 1990». Para las públicas es un poco superior, pero muy insuficiente también.

Esta insuficiencia de recursos humanos «genera una sobrecarga de trabajo excesiva y ésta provoca situaciones inadmisibles en los cuidados que necesitan las personas mayores», como úlceras por presión, infecciones de orina, deshidratación y desnutrición, así como erosiones y trastornos provocados por el uso indebido y abusivo de sujeciones mecánicas para suplir la ausencia de atención personal.

La situación, por lo que se refiere al personal cuidador de los centros, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo registra que las auxiliares de enfermería y las gerocultoras son uno de los colectivos que encabezan los rankings de mayor siniestralidad laboral en España. Las organizaciones autoras del documento aseguran que en la región «no es posible desligar la siniestralidad laboral de la falta de personal suficiente para atender a las personas mayores y dependientes».

La tipología de las plazas (55.308) para dependientes en la región, «la mayoría de ellas derivadas por el Gobierno del PP en Madrid a la empresa privada, y la inobservancia y vigilancia de un servicio tan sensible por parte del Gobierno regional contribuye a empeorar el servicio», ya que las ratios de personal en los establecimientos privados son mucho menores y los salarios también más bajos.

En la Comunidad de Madrid, el 88,38% de las residencias las gestionan empresas privadas y solo el 11,62% lo hacen las Administraciones. Las personas trabajadoras del sector «se enfrentan a condiciones laborales difíciles, los salarios son muy bajos -salario mínimo interprofesional para una jornada completa-, su formación y capacitación continua es muy limitada, existe mucha inestabilidad laboral, y mucha enfermedad laboral física y psíquica».

El documento incluye una propuesta cuantitativa y cualitativa de ratios/presencias de personal por categorías para las residencias madrileñas que garantice unos recursos humanos mínimos indispensables y tiempos de atención asociados a las tareas de cada uno de los y las profesionales que intervienen. Recoge las conclusiones y las propuestas para exigir que se corrija con urgencia la situación.

El trabajo de campo en el que han participado más de 700 trabajadores en activo de todas las categorías y tipología de centros (públicos, concertados y privados), se inició en octubre de 2023 y concluyó en junio de 2024. También se han recogido las necesidades específicas en función de los perfiles de las y los usuarios, teniendo en cuenta su grado de dependencia.