Los 26 decanos de la Universidad Complutense se oponen al modelo universitario de Ayuso: “Transforma el conocimiento en un producto y pone en riesgo la igualdad de acceso” | Educación

Los 26 decanos de la Universidad Complutense de Madrid han alcanzado su límite y han decidido que es suficiente. En julio de 2024, sus presupuestos, ya de por sí reducidos, sufrieron un recorte del 35%, y esta situación de sequía se prolongará al menos durante los próximos tres años, debido a la necesidad de devolver a la Comunidad de Madrid un préstamo de 34,5 millones de euros. En este contexto adverso, los 26 líderes de las facultades han enviado este martes un inusual correo a trabajadores y estudiantes solicitando ayuda. “Este manifiesto es una llamada de atención y una petición de auxilio a la sociedad madrileña: a la ciudadanía, a sus representantes políticos, a sus agentes sociales y económicos. Porque defender la universidad pública es defender el futuro de la sociedad en su conjunto”, concluyen en su escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Los decanos subrayan que “la universidad pública es un ascensor social fundamental, ya que brinda una formación de alta calidad accesible a todas las personas y transforma el mérito y el esfuerzo, y no los recursos económicos, en el verdadero criterio de acceso y progreso”. Además, consideran que la política autonómica está en contra de este objetivo: “El modelo actual de financiación es claramente insuficiente para lograrlo, ya que no cubre los costos reales de funcionamiento, lo que plantea serias dificultades para la sostenibilidad y calidad del sistema universitario”. La UCM ha tenido que solicitar un crédito para poder pagar las nóminas de fin de año y saldar deudas con proveedores.

Este documento tiene un significado importante en el contexto actual, no solo por el contenido de sus palabras cuidadosamente elegidas ―que también respalda cualquier rector de la universidad madrileña― sino por la firma de los 26 decanos. Varios de ellos son cercanos al rector, Joaquín Goyache, quien ha optado por no confrontar a Isabel Díaz Ayuso para buscar su beneplácito con el fin de obtener fondos, que, de momento, tampoco llegarán en 2026.

Tras enumerar sus fortalezas ―en el puesto 41 mundial de empleabilidad según el QS World University Rankings, los tres millones de libros de su biblioteca o la relevancia de sus investigaciones―, los decanos afirman en su manifiesto que sus recursos son “estructuralmente insuficientes para mantener los estándares de calidad que caracterizan a la universidad en docencia, investigación y transferencia”. Proponen como solución “un plan realista de financiación plurianual que garantice el nivel de excelencia”. Casi todas las universidades públicas en España ya conocen la cantidad de dinero que recibirán en los próximos años, y Madrid planea incluir el plan plurianual en su controvertida ley de educación superior (Lesuc), que enfrenta la vehemente oposición de los seis rectores de las universidades públicas de Madrid.

Los decanos expresan su preocupación por la falta de diálogo del Ejecutivo regional en relación con la nueva ley, ya que se está promoviendo “un modelo que disminuye el compromiso público con la educación superior, mercantiliza el conocimiento y pone en riesgo la equidad en el acceso”. Les inquieta que la Comunidad esté impulsando la aprobación de la Lesuc “sin haber promovido un proceso de discusión más amplio, abierto y profundo, con los que forman parte de la comunidad universitaria”. Las negociaciones con los rectores han llegado a un punto complicado, aunque no hayan públicamente rechazado un aumento del presupuesto muy insuficiente.

El viernes, los decanos darán a conocer su manifiesto en la Puerta del Sol, frente al Palacio de Correos, sede del Gobierno de Ayuso. Esperan contar con el apoyo de la comunidad universitaria en ese momento. Este acto será previo a la huelga convocada por sindicatos y asociaciones en todas las universidades públicas de Madrid para el 26 y 27 de noviembre.

Paralelamente, este lunes, la plataforma por la universidad pública que organiza las protestas ha puesto en marcha un QR para que estudiantes y trabajadores puedan enviar sus quejas al consejero de Educación, Emilio Viciana.