El juez Peinado acusa a Begoña Gómez y a su asesora en La Moncloa de malversación | España

El juez Juan Carlos Peinado ha imputado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y a su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación en la contratación de esta última como su asistente. Peinado, titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, ha firmado este lunes un auto en el que cita a Gómez como investigada el 11 de septiembre y un día antes a Álvarez, según ha adelantado la Cadena SER y ha confirmado este periódico.

La decisión de imputar ahora a Gómez y su asistente, según argumenta en el auto, se basa en la resolución de la Audiencia Provincial del pasado junio que respaldaba la investigación de Peinado sobre un posible delito de malversación de fondos públicos. De hecho, los magistrados señalaron también a La Moncloa y, en particular, a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno como una “estructura institucionalizada de poder” que facilitó “una clara y palmaria desviación” del trabajo que debía llevar a cabo Álvarez como asistente de la esposa del jefe del Ejecutivo, el cual consistía en acompañamiento institucional, de seguridad y protocolo.

La esposa de Pedro Sánchez ya figuraba como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencia, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo en su labor como codirectora de dos másteres propios y una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Peinado ha estado instruyendo este caso desde hace más de un año.

En el contexto de estas indagaciones, Peinado citó a la asesora Álvarez para declarar como testigo el pasado diciembre, tras diversos reportes periodísticos que afirmaban que dedicaba parte de su tiempo laboral para apoyar a Gómez en su trabajo en la Complutense, como enviar correos electrónicos a empresas que colaboraban con la esposa del presidente.

La asesora declaró que únicamente le hizo favores en sus proyectos académicos por su amistad con la esposa del presidente Sánchez. El magistrado notificó en enero —19 días después de publicar una providencia que no había encontrado indicios delictivos contra Álvarez— que el estado procesal de esta última cambiaba de testigo a investigada.

Tanto Álvarez como la defensa de Gómez y la Fiscalía interpusieron un recurso contra la imputación por el delito de malversación, el cambio de testigo a imputada de la asesora y la solicitud del tráfico de llamadas desde el teléfono móvil que le fue asignado. La Audiencia solo aceptó en junio la anulación de la primera declaración de Álvarez como testigo, pero mantuvo el resto, respaldando la línea de investigación de Peinado sobre el presunto delito de malversación.

La Audiencia señalaba en su escrito que “la investigación tendrá que centrarse en si [Álvarez] se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo de la investigada [Begoña Gómez] en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados”. Y en esto es donde el juez instructor se apoya ahora para imputar a la esposa del presidente y a su exasistente. En el auto, los magistrados también indicaban que Gómez tenía “una áurea (sic) de indudable influencia que, como esposa del presidente del Gobierno y ejerciendo sus funciones desde ese entramado del Palacio de La Moncloa, podía tener toda su actividad privada”.

Entre los ejemplos que citó la Audiencia de Madrid están los “muchos correos” que el vicerrector de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, afirmó haber recibido de la asesora de Gómez y que esta “le acompañaba cuando iba a la Universidad, siendo ella la receptora de” las comunicaciones. También se menciona “la contratación de un email dirigido a la directora de comunicación institucional de Reale Seguros” para solicitar que la entidad continuara como patrocinadora del máster de la esposa del presidente. “Lo que parece exceder claramente sus funciones”, afirma la Audiencia.

Semanas después de que la Audiencia firmara el auto, Peinado solicitó la lista de llamadas de Álvarez con los patrocinadores de su cátedra y los correos entre Gómez, la exasesora de La Moncloa y un directivo de Google, tras la petición de la acusación particular ejercida por Hazte Oír para que se llevaran a cabo estas diligencias.

Álvarez fue contratada en 2018, cuando Félix Bolaños, actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, era secretario general de Presidencia —organismo responsable de su contratación—. De hecho, Peinado pidió en junio al Tribunal Supremo que le impute por malversación y falso testimonio, después de haberle interrogado en abril como testigo dentro de esta causa, pero el alto tribunal lo desautorizó y rechazó investigar a Bolaños. “No hay un mínimo respaldo indiciario”, argumentó el Supremo.