La defensa del fiscal general critica “las suposiciones” de la UCO, mientras que los agentes afirman: “No realizamos investigaciones anticipadas” | España

Las declaraciones de los agentes de la Guardia Civil que han participado en la investigación que ha llevado al juicio al fiscal general del Estado han resultado en un tenso enfrentamiento entre estos y la Abogacía del Estado, que defiende a Álvaro García Ortiz. La abogada Consuelo Castro ha enfocado su intervención en describir “las inferencias” que realizó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para identificar al fiscal general como “el filtrador” del correo enviado el 2 de febrero de 2024 a la Fiscalía por el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, con el fin de explorar la posibilidad de un pacto para conseguir una reducción de pena a cambio de admitir dos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental por los que ya está siendo procesado.

Los agentes de la UCO han sostenido dos puntos: que el fiscal general poseía el “dominio a todos los niveles” de la información relacionada con Alberto González Amador y que dicha información -el expediente tributario, el correo, y el anuncio de una nota por parte del ministerio público- se fue filtrando a medida que iba llegando a la Fiscalía General del Estado. “Muestra un modus operandi de recabar información y presuntamente filtrarla”, han indicado los agentes, cuyos responsables han defendido los informes que acusan a García Ortiz de ser el autor de la filtración, ya que los indicios apuntan hacia la Fiscalía General, un órgano “jerarquizado”. “No hay nada que haya sido filtrado de manera textual que no estuviera en poder de la Fiscalía General”, manifestó uno de los agentes.

La abogada del Estado ha enfatizado las “inferencias” de los informes de la UCO, tratando de señalar algunas “omisiones”. Preguntó, por ejemplo, por qué se centran las sospechas en García Ortiz si más de 500 personas tuvieron acceso a la denuncia del ministerio público contra González Amador, y al correo cuya filtración se investiga, al menos 16 solo en la Fiscalía. “Nosotros no hacemos investigaciones prospectivas,” respondió el responsable de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas, lo que provocó risas en la sala, donde algunos fiscales habían acudido en apoyo a García Ortiz. “Primero hay un elenco de personas que se van decantando hacia una concreta”, continuó el agente, justificando esa deducción en que solo el fiscal general tiene “el dominio de toda la acción” de la Fiscalía.

Los 11 agentes de la UCO han sido los últimos de los 40 testigos citados a declarar en el juicio a García Ortiz y la última oportunidad para las acusaciones de intentar probar lo que hasta ahora no ha quedado demostrado: que el fiscal general sea el responsable de la filtración en investigación. El resultado de estas declaraciones ha dejado dos evidencias. La primera, que la UCO no está segura de que el fiscal general filtrara el correo. Y la segunda, que el instituto armado ha mantenido sus sospechas sobre él desde el inicio de la investigación. La Fiscalía y la Abogacía del Estado han insistido en que la conclusión de los agentes no ofrece suficiente base para condenar a García Ortiz.

La defensa se ha centrado en el informe elaborado por la Guardia Civil tras analizar los teléfonos y el ordenador de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Este informe fue fundamental en gran parte de la instrucción, ya que García Ortiz borró el contenido de sus dispositivos y los agentes no encontraron información al analizarlos. En dicho informe, la UCO limita la filtración a un grupo de cinco personas, en las que concurren dos circunstancias: que tenían el correo del abogado de la pareja de Ayuso antes de que la SER lo publicara en su página web a las 23.51 y que sabían que la Fiscalía estaba preparando una nota de prensa sobre su intervención en la denuncia contra González Amador, un detalle que se recogía en la noticia de la SER.

—¿Por qué asumen que la persona que filtró el correo tiene que ser la misma que informó a la SER que se iba a emitir una nota de prensa?—, preguntó la abogada del Estado.

—Porque los correos están en la Fiscalía General y la nota es algo que nadie conoce, señaló un agente.

El informe establece que esa doble condición —tener el correo y saber que se preparaba una nota de prensa— solo se da en la Fiscalía, por lo que la filtración debería haber comenzado allí. Y dentro del ministerio público, según los agentes, las sospechas pueden “circunscribirse a la Fiscalía General del Estado, a la fiscal jefa provincial, a la fiscal superior, a la fiscal decana de delitos económicos y al fiscal de delitos económicos”.

“Ustedes concluyen que esas dos circunstancias se dan en cuatro personas y una institución. Pero piden al juez que se analicen los dispositivos del fiscal general”, advirtió la abogada del Estado, quien preguntó a los agentes por qué no solicitaron analizar los teléfonos del resto. “Porque sobre esta persona tenemos más indicios y porque la Fiscalía es jerarquizada”, insistió el agente.

Durante las declaraciones de los miembros de la UCO, algunos de los cuales alegaron no recordar ciertos detalles, se pudo observar a García Ortiz negar con la cabeza e incluso expresar palabras de rechazo tras las afirmaciones de los agentes que le incriminaban. El momento más tenso se produjo cuando uno de los guardias que participó en el registro de su despacho aseguró que García Ortiz les dijo que había cambiado de teléfono móvil poco antes y que el antiguo lo había “destruido”. “Me llamó la atención esa palabra”, señaló el agente, mientras la señal de televisión del Tribunal Supremo enfocaba a García Ortiz diciendo: “Yo no dije eso”. “¿Quedó constancia de eso en el acta del registro?“, preguntó la abogada del Estado. ”No», contestó el guardia.

Los registros de los despachos de García Ortiz y la fiscal jefa provincial, Pilar Rodríguez (quien estuvo imputada en el caso durante varios meses), han ocupado gran parte de los interrogatorios a los agentes, tanto por parte de la Fiscalía como de la Abogacía, que intentan que el tribunal anule esas actuaciones. Para ello, han tratado de demostrar que la orden judicial en la que se basaron y la propia actuación de la Guardia Civil al volcar el contenido de los teléfonos y ordenadores fue “desproporcionada”.

El abogado de González Amador había solicitado la intervención de las comunicaciones del fiscal general y la fiscal provincial, pero la orden de entrada y registro firmada por el juez Ángel Hurtado, instructor del caso, superó las expectativas de la pareja de Díaz Ayuso. El abogado solo había reclamado el cruce de correos entre García Ortiz y Rodríguez entre el 5 y el 18 de marzo de 2024, y aquellos mensajes que incluyeran el siguiente texto: “Estudiado el asunto, y de común acuerdo con Alberto González, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (”ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda pública”). Este era el contenido del correo que el abogado envió a la Fiscalía de delitos económicos el 2 de marzo y cuya filtración a los medios de comunicación se considera delictiva por el Supremo.

Sin embargo, el auto firmado por Hurtado autorizaba “la intervención y/o copia, en su integridad o parcialmente” de todo el contenido entre el 8 de marzo y el día del registro, el 30 de octubre. “Siete meses y 22 días”, ha destacado el fiscal Javier Montero. Días después, el instructor se corrigió y le indicó a la UCO que solo analizara el contenido entre el 8 y el 14 de marzo, pero los agentes ya lo habían volcado todo. Lo hubieran hecho de cualquier forma, aseguraron, porque “técnicamente” no se puede clonar solo una parte, aunque otros precisaron que en algunos dispositivos sí se puede seleccionar lo que se copia, pero resulta muy laborioso y demandaría demasiado tiempo.

Antes de dar por terminada la declaración de los últimos guardias, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, preguntó: “¿Nos dicen que para analizar datos de teléfonos móviles hay que volcar todo y luego filtrar? ¿Y para ordenadores, es la misma mecánica?”. ”Las herramientas forenses permiten hacerlo, pero no siempre se puede. Lo normal, y considerando la buena fe de nuestro trabajo, es hacer copia completa y luego expurgarlo», respondió uno de los guardias.