La defensa del fiscal general critica “las suposiciones” de la UCO, y los agentes afirman: “No realizamos investigaciones anticipadas” | España

Las declaraciones de los agentes de la Guardia Civil han dado lugar a un enfrentamiento tenso con la Abogacía del Estado, que defiende a Álvaro García Ortiz, en el juicio del fiscal general del Estado. La abogada Consuelo Castro ha enfocado su intervención en explicar “las inferencias” que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil utilizó para señalar al fiscal como “el filtrador” del correo enviado el 2 de febrero de 2024 por el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en busca de un acuerdo que permitiera reducir la pena por dos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental por los que ya está procesado.

Los agentes de la UCO han sostenido dos aspectos clave: que el fiscal general poseía el “dominio a todos los niveles” sobre la información relacionada con Alberto González Amador, y que dicha información -incluyendo el expediente tributario y el correo- se fue filtrando conforme llegaba a la Fiscalía General del Estado. “Esto muestra un modus operandi de recabar información y presuntamente filtrarla”, han afirmado los agentes, cuyos superiores han respaldado los informes que acusan a García Ortiz como autor de la filtración, ya que los indicios apuntan a la Fiscalía General, que se considera un órgano “jerarquizado”. “Nada que haya sido filtrado de manera textual no estaba en poder de la Fiscalía General”, ha declarado uno de los agentes.

La abogada del Estado ha insistido en las “inferencias” de los informes de la UCO y ha señalado algunas “omisiones”. Por ejemplo, cuestionó por qué se centraban las sospechas en García Ortiz cuando más de 500 personas tuvieron acceso a la denuncia del ministerio público contra González Amador y al correo cuya filtración se investiga, al menos 16 personas solo dentro de la Fiscalía. “Nosotros no hacemos investigaciones prospectivas”, ha respondido el teniente coronel Antonio Balas, responsable de la UCO, lo que ha provocado risas en la sala, donde algunos fiscales habían acudido a apoyar a García Ortiz. “Primero hay un elenco de personas que se van decantando hacia una en concreto”, ha añadido el agente, justificando su deducción en que solo el fiscal general tiene “el dominio de toda la acción” de la Fiscalía.

Los 11 agentes de la UCO fueron los últimos de los 40 testigos citados a declarar en el juicio contra García Ortiz, representando la última oportunidad de las acusaciones para probar lo que hasta ahora no se ha confirmado en el juicio: que el fiscal general fue el autor de la filtración en cuestión. De estas declaraciones surgieron dos evidencias. La primera, que la UCO no está convencida de que el fiscal general filtrara el correo. Y la segunda, que la unidad ha mantenido desde el inicio sus sospechas sobre él. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han insistido en que las conclusiones de los agentes no son suficientes para condenar a García Ortiz.

La defensa ha puesto el foco en el informe elaborado por la Guardia Civil tras analizar los teléfonos y el ordenador de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Este documento ha sido fundamental en gran parte de la instrucción, debido a que García Ortiz borró el contenido de sus dispositivos y los agentes no encontraron información durante su análisis. En dicho informe, la UCO limita la filtración a un grupo de cinco personas que cumplen dos condiciones: que tenían el correo del abogado de la pareja de Ayuso antes de que la SER lo publicara a las 23:51, y que sabían que la Fiscalía estaba preparando una nota de prensa respecto a su actuación sobre la denuncia contra González Amador, un detalle que fue incluido en la noticia de la SER.

—¿Por qué suponen que la persona que filtró el correo tiene que ser la misma que informó a la SER sobre la nota de prensa?—, preguntó la abogada del Estado.

—Porque los correos están en la Fiscalía General y el resto [la nota] es una información que nadie conocía, respondió el agente.

El informe indica que esa doble condición —tener el correo y conocer que se preparaba una nota de prensa— solo se presenta inicialmente en la Fiscalía, por lo que el origen de la filtración debe encontrarse allí. Dentro del ministerio público, según los agentes, las sospechas se pueden “circunscribir a la Fiscalía General del Estado, a la fiscal jefa provincial, a la fiscal superior, a la fiscal decana de delitos económicos y al fiscal de delitos económicos”.

“Ustedes concluyen que esas dos circunstancias se dan en cuatro personas y una institución. Pero solicitan al juez que se analicen los dispositivos del fiscal general”, ha advertido la abogada del Estado, que ha cuestionado a los agentes sobre por qué no pidieron analizar los teléfonos de los demás. “Porque sobre esta persona es sobre la que tenemos más indicios y porque la Fiscalía está jerarquizada”, ha reiterado el agente.

Durante las declaraciones de los miembros de la UCO, algunos de ellos han manifestado no recordar ciertos aspectos que les fueron preguntados, y se pudo ver en varias ocasiones a García Ortiz negando con la cabeza e incluso expresando palabras de descontento ante las afirmaciones de los agentes en su contra. El momento de mayor incomodidad para el fiscal general se produjo cuando uno de los guardias que participó en el registro de su despacho aseguró que García Ortiz les había comentado que había cambiado de teléfono móvil poco antes y que había “destruido” el anterior. “Me llamó la atención esa palabra”, declaró el agente, mientras la señal de televisión del Tribunal Supremo enfocaba al fiscal general diciendo: “Yo no dije eso”. “¿Hicieron constar eso en el acta del registro?”, preguntó la abogada del Estado. “No”, respondió el guardia.

Los registros de los despachos de García Ortiz y de la fiscal jefa provincial, Pilar Rodríguez (quien estuvo imputada en la causa durante varios meses), han acaparado gran parte de los interrogatorios a los agentes por parte de la Fiscalía y la Abogacía, que buscan que el tribunal anule esas actuaciones. Para ello, han intentado demostrar que la orden judicial en la que se basaron y la propia actuación de la Guardia Civil al volcar el contenido de los teléfonos y ordenadores fueron “desproporcionadas”.

El abogado de González Amador había solicitado intervenir las comunicaciones del fiscal general y la fiscal provincial; sin embargo, la orden de entrada y registro firmada por el juez Ángel Hurtado, instructor del caso, superó las expectativas de la pareja de Díaz Ayuso. El abogado solo había reclamado el cruce de correos entre García Ortiz y Rodríguez durante el período del 5 al 18 de marzo de 2024, así como aquellos mensajes que incluyeran la frase: “Estudiado el asunto, y de común acuerdo con Alberto González, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (”ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda pública”). Este era el contenido del correo que el abogado envió a la Fiscalía de delitos económicos el 2 de marzo, cuya filtración a los medios de comunicación el Supremo considera delictiva.

El auto firmado por Hurtado autorizaba “la intervención y/o copia, en su integridad o parcialmente” de todo el contenido entre el 8 de marzo y el día del registro, el 30 de octubre. “Siete meses y 22 días”, ha enfatizado el fiscal Javier Montero. Días más tarde, el instructor se corrigió y comunicó a la UCO que solo debía analizar el contenido entre el 8 y el 14 de marzo, aunque los agentes ya habían volcado toda la información. Ellos han asegurado que lo hubieran hecho de todos modos, ya que “técnicamente” no es posible clonar solo una parte, según uno de los agentes, aunque otros han señalado que en algunos dispositivos se puede seleccionar lo que se copia, pero es un proceso complicado y consumiría demasiado tiempo.

Antes de concluir la declaración de los últimos guardias, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, preguntó: “Nos dicen que para analizar datos de teléfonos móviles hay que volcar todo y luego filtrar. ¿La mecánica es la misma para ordenadores?”. “Las herramientas forenses permiten hacerlo, pero no siempre es posible. Lo habitual, y teniendo en cuenta la buena fe de nuestro trabajo, es hacer una copia completa y luego expurgarla”, respondió uno de los guardias.