La defensa del fiscal general impugna «las suposiciones» de la UCO, mientras que los agentes afirman: «No realizamos investigaciones anticipadas» | España

Las declaraciones de los agentes de la Guardia Civil que han participado en la investigación que ha llevado a juicio al fiscal general del Estado han provocado un tenso conflicto entre estos y la Abogacía del Estado, que defiende a Álvaro García Ortiz. La abogada Consuelo Castro ha enfocado su intervención en describir “las inferencias” alcanzadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para identificar al fiscal general como “el filtrador” del correo enviado el 2 de febrero de 2024 a la Fiscalía por el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el que se exploraba la posibilidad de un pacto para obtener una reducción de la pena a cambio de admitir dos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental por los que ya está procesado.

Los agentes de la UCO han sostenido dos puntos principales: que el fiscal general tenía el “dominio a todos los niveles” sobre toda la información concerniente a Alberto González Amador y que dicha información -el expediente tributario, el correo, y la emisión de una nota por parte del ministerio público- se fue filtrando progresivamente a medida que llegaba a la Fiscalía General del Estado. “Esto muestra un modus operandi de obteniendo información y filtrándola presuntamente”, afirmaron los agentes, cuyos superiores defendieron los informes que acusan a García Ortiz de ser el responsable de la filtración, ya que los indicios conducen a la Fiscalía General, un órgano “jerarquizado”. “No hay nada que se haya filtrado de manera textual que no estuviera en poder de la Fiscalía General”, reiteró uno de los agentes.

La abogada del Estado ha subrayado las “inferencias” de los informes de la UCO para cuestionar y señalar algunas “omisiones”. Preguntó, por ejemplo, por qué centran las sospechas en García Ortiz si más de 500 personas tenían acceso a la denuncia del ministerio público contra González Amador y que al correo cuya filtración se investiga, al menos 16 personas en la Fiscalía. “No realizamos investigaciones prospectivas”, respondió el responsable de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas, lo que provocó algunas risas en la sala, donde algunos fiscales habían acudido en apoyo de García Ortiz. “Primero hay un conjunto de personas que se van decantando hacia una concreta”, continuó el agente, justificando su deducción en que solo el fiscal general tiene “el dominio de toda la acción” de la Fiscalía.

Los 11 agentes de la UCO han sido los últimos de los 40 testigos citados a declarar en el juicio contra García Ortiz y la última oportunidad de las acusaciones para intentar probar lo que hasta ahora no ha quedado demostrado: que el fiscal general haya sido el responsable de la filtración que se investiga. El resultado de estas declaraciones ha aportado dos evidencias. La primera es que la UCO no está segura de que el fiscal general filtrara el correo. La segunda es que el cuerpo armado ha centrado sus sospechas en él desde el inicio de la investigación y sigue manteniéndolas. La Fiscalía y la Abogacía del Estado han trabajado arduamente para evidenciar que la conclusión de los agentes no proporciona una base suficiente para condenar a García Ortiz.

La defensa se ha centrado en el informe elaborado por la Guardia Civil tras el análisis de los teléfonos y el ordenador de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Este atestado fue fundamental en gran parte de la instrucción porque García Ortiz eliminó el contenido de sus dispositivos, y los agentes no encontraron información al examinar los mismos. En dicho informe, la UCO limita la filtración a un grupo de cinco personas que cumplían dos condiciones: tener el correo del abogado de la pareja de Ayuso antes de que la SER lo publicara en su página web a las 23:51 y saber que la Fiscalía preparaba una nota de prensa sobre su actuación en la denuncia contra González Amador, un detalle que recogía la noticia de la SER.

—¿Por qué suponen que la persona que filtró el correo tiene que ser la misma que le comunicó a la SER que se iba a hacer una nota de prensa?—, preguntó la abogada del Estado.

—Porque los correos están en la Fiscalía General y el resto [la nota] es algo que nadie conoce, respondió uno de los agentes.

El informe indica que dicha doble condición —tener el correo y saber que se preparaba una nota de prensa— “solo se da primigeniamente en la Fiscalía, por lo que la filtración debe originarse aquí”. Y dentro del ministerio público, según los agentes, las sospechas pueden “circunscribirse a la Fiscalía General del Estado, a la fiscal jefa provincial, a la fiscal superior, a la fiscal decana de delitos económicos y al fiscal de delitos económicos”.

“Ustedes concluyen que esas dos condiciones se dan en cuatro personas y una institución. Pero piden al juez que se analicen los dispositivos del fiscal general”, advirtió la abogada del Estado, cuestionando a los agentes por qué no solicitaron el análisis de los teléfonos del resto. “Porque sobre esta persona tenemos más indicios y porque la Fiscalía es jerárquica”, insistió el agente.

Durante las declaraciones de los miembros de la UCO, que afirmaron no recordar algunos aspectos sobre los que se les preguntaba, varias veces se observó a García Ortiz negando con la cabeza e incluso pronunciando palabras de rechazo tras las afirmaciones de los agentes que lo incriminaban. El momento en el que se notó al fiscal general más incómodo fue cuando uno de los guardias que participó en el registro de su despacho aseguró que García Ortiz les dijo que había cambiado de teléfono móvil poco antes y que había “destruido” el anterior. “Me llamó la atención esa palabra”, aseguró el agente, mientras la señal de televisión del Tribunal Supremo enfocaba al fiscal general diciendo: “Yo no dije eso”. “¿Se hizo constar eso en el acta del registro?”, preguntó la abogada del Estado. “No», respondió el guardia.

Los registros de los despachos de García Ortiz y de la fiscal jefa provincial, Pilar Rodríguez (imputada en la causa durante varios meses), han centrado gran parte de los interrogatorios a los agentes por parte de la Fiscalía y la Abogacía, que buscan que el tribunal anule dichas actuaciones. Para ello, han intentado demostrar que la orden judicial en la que se basaron y la actuación de la Guardia Civil al volcar el contenido de los teléfonos y ordenadores fueron “desproporcionadas”.

El abogado de González Amador había solicitado que se intervinieran las comunicaciones del fiscal general y la fiscal provincial, pero la orden de entrada y registro firmada por el juez Ángel Hurtado, instructor del caso, superó las expectativas de la pareja de Díaz Ayuso. El abogado solo había pedido el cruce de correos entre García Ortiz y Rodríguez entre el 5 y el 18 de marzo de 2024, y aquellos mensajes que incluyeran el siguiente texto: “Estudiado el asunto, y de común acuerdo con Alberto González, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (”ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda pública”). Este era el contenido del correo que el abogado envió a la Fiscalía de delitos económicos el 2 de marzo y cuya filtración a los medios de comunicación el Supremo considera delictiva.

Sin embargo, el auto firmado por Hurtado autorizaba “la intervención y/o copia, en su integridad o parcialmente” de todo el contenido entre el 8 de marzo y el día del registro, el 30 de octubre. “Siete meses y 22 días”, recalcó el fiscal Javier Montero. Días después, el instructor se corrigió y le indicó a la UCO que solo analizaran el contenido de entre el 8 y el 14 de marzo, pero los agentes ya habían volcado todo. Lo hubieran hecho de todos modos, aseguraron, porque “técnicamente” no se puede clonar solo una parte, aunque otros precisaron que en algunos dispositivos sí es posible seleccionar qué se copia, pero es laborioso y podría llevar demasiado tiempo.

Antes de concluir la declaración de los últimos guardias, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, preguntó: “Nos dicen que para analizar datos de teléfonos móviles hay que volcar todo y luego filtrar. ¿Es la misma mecánica para ordenadores?”. ”Las herramientas forenses permiten hacerlo, pero no siempre se puede. Lo normal, y teniendo en cuenta la buena fe de nuestro trabajo, es hacer una copia completa y luego expurgarla», respondió uno de los guardias.