La defensa del fiscal general critica «las suposiciones» de la UCO, mientras que los agentes afirman: «No realizamos investigaciones preventivas» | España

Las afirmaciones de los agentes de la Guardia Civil que participan en la investigación que ha llevado al fiscal general del Estado a juicio han generado un conflicto tenso entre ellos y la Abogacía del Estado, que representa a Álvaro García Ortiz. La letrada Consuelo Castro ha enfocado su intervención en explicar “las inferencias” a las que llegó la Unidad Central Operativa (UCO) para señalar al fiscal general como “el filtrador” del correo enviado el 2 de febrero de 2024 a la Fiscalía por el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, con el fin de considerar un acuerdo para conseguir una reducción de pena por admitir dos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental, por los cuales ya está en proceso.

Los agentes de la UCO han sostenido dos puntos: que el fiscal general poseía el “dominio a todos los niveles” de la información sobre Alberto González Amador y que dicha información -el expediente tributario, el correo, y la inminente emisión de una nota por parte del ministerio público- se fue filtrando progresivamente a medida que llegaba a la Fiscalía General del Estado. “Muestra un modus operandi de recolección y presunta filtración de información”, han afirmado los agentes, cuyos responsables defienden los informes que apuntan a García Ortiz como el autor de la filtración, considerando que los indicios señalan a la Fiscalía General y este es un organismo “jerarquizado”. “No hay nada que haya sido filtrado de manera textual que no estuviera en poder de la Fiscalía General”, ha declarado uno de los agentes.

La abogada del Estado ha ido al grano sobre las “inferencias” de los informes de la UCO insistiendo también en ciertas “omisiones”. Ha cuestionado, por ejemplo, por qué centran las sospechas en García Ortiz si más de 500 personas tuvieron acceso a la denuncia del ministerio público contra González Amador, y al correo cuya filtración se investiga, al menos 16 personas solo en la Fiscalía. “Nosotros no hacemos investigaciones prospectivas”, ha respondido el responsable de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas, lo que provocó risas en la sala, donde algunos fiscales habían acudido en apoyo de García Ortiz. “Primero hay un conjunto de personas que se van filtrando a una concreta”, ha continuado el agente, justificando que solo el fiscal general tiene “el dominio de toda la acción” de la Fiscalía.

Los 11 agentes de la UCO han sido los últimos de los 40 testigos convocados a declarar en el juicio a García Ortiz, lo que ha representado la última oportunidad para las acusaciones de intentar demostrar lo que hasta ahora no ha quedado probado: que el fiscal general fue el autor de la filtración en cuestión. El resultado de estas comparecencias ha revelado dos evidencias. La primera, que la UCO no está segura de que el fiscal general fuese quien filtró el correo. La segunda, que el instituto armado ha centrado sus sospechas en él desde el principio de la investigación y las mantiene. La Fiscalía y la Abogacía del Estado han subrayado que la conclusión de los agentes no ofrece fundamentos suficientes para condenar a García Ortiz.

La defensa se ha centrado en el informe elaborado por la Guardia Civil tras el análisis de los teléfonos y el ordenador de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Este documento estructuró gran parte de la instrucción porque García Ortiz borró el contenido de sus dispositivos y los agentes no encontraron información al analizarlos. En dicho informe, la UCO restringe la filtración a un grupo de cinco personas que cumplen con dos condiciones: que tenían el correo del abogado de la pareja de Ayuso antes de que la SER lo publicara en su página web a las 23.51 y que sabían que la Fiscalía preparaba una nota de prensa sobre su actuación en la denuncia contra González Amador, un detalle que se mencionaba en la noticia de la SER.

—¿Por qué asumen ustedes que la persona que filtró el correo tiene que ser la misma que le dijo a la SER que se iba a emitir una nota de prensa?—, preguntó la abogada del Estado.

—Porque los correos están en la Fiscalía General y el resto [la nota] es algo que nadie conoce, respondió un agente.

El informe indica que esa doble condición —tener el correo y conocer que se preparaba una nota de prensa— solo se da inicialmente en la Fiscalía, por lo que la filtración debe iniciarse en esta. Y dentro del ministerio público, según los agentes, las sospechas pueden “reducirse a la Fiscalía General del Estado, a la fiscal jefa provincial, a la fiscal superior, a la fiscal decana de delitos económicos y al fiscal de delitos económicos”.

“Ustedes concluyen que esas dos circunstancias se dan en cuatro personas y una institución. Pero solicitan al juez que se analicen los dispositivos del fiscal general”, advirtió la abogada del Estado, interrogando a los agentes sobre por qué no pidieron analizar los teléfonos de los demás. “Porque sobre esta persona tenemos más indicios y porque la Fiscalía está jerarquizada”, insistió el agente.

Durante las declaraciones de los miembros de la UCO, que afirmaron no recordar ciertos aspectos de las preguntas, se vio en varias ocasiones a García Ortiz negando con la cabeza e incluso expresando algunas palabras de rechazo tras las afirmaciones de los agentes que intentaron incriminarlo. El momento en que se percibió al fiscal general más incomodo fue cuando uno de los guardias que participó en el registro de su despacho aseguró que García Ortiz les dijo que había cambiado de teléfono móvil poco antes y que el anterior lo había “destruido”. “Me llamó la atención esa palabra”, afirmó el agente, mientras la transmisión de televisión del Tribunal Supremo enfocaba al fiscal general diciendo: “Yo no dije eso”. “¿Hicieron constar eso en el acta del registro?“, preguntó la abogada del Estado. “No”, respondió el guardia.

Los registros de los despachos de García Ortiz y la fiscal jefa provincial, Pilar Rodríguez (quien estuvo imputada en la causa durante varios meses), han sido el centro de gran parte de los interrogatorios a los agentes por parte de la Fiscalía y la Abogacía, que buscan que el tribunal anule esas actuaciones. Para ello, intentaron corroborar que la orden judicial en la que se basaron y la propia actuación de la Guardia Civil al volcar el contenido de los teléfonos y ordenadores fueron “desproporcionadas”.

El abogado de González Amador había solicitado interrumpir las comunicaciones del fiscal general y la fiscal provincial, pero la orden de entrada y registro firmada por el juez Ángel Hurtado, instructor del caso, superó las expectativas de la pareja de Díaz Ayuso. El abogado solo había exigido el cruce de correos entre García Ortiz y Rodríguez entre el 5 y el 18 de marzo de 2024, y los mensajes que incluyeran el siguiente texto: “Estudiado el asunto, y de común acuerdo con Alberto González, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (”ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda pública”). Este era el contenido del correo que el abogado envió a la Fiscalía de delitos económicos el 2 de marzo y cuya filtración a los medios de comunicación el Supremo considera delictiva.

Sin embargo, el auto firmado por Hurtado autorizaba “la intervención y/o copia, en su totalidad o parcialmente” de todo el contenido entre el 8 de marzo y el día del registro, el 30 de octubre. “Siete meses y 22 días”, subrayó el fiscal Javier Montero. Días después, el instructor corrigió y le indicó a la UCO que solo examinara el contenido entre el 8 y el 14 de marzo, pero los agentes ya habían volcado todo. Lo habrían hecho de todos modos, afirmaron, porque “técnicamente” no es posible clonar solo una parte, aunque otros precisaron que en algunos dispositivos sí se puede seleccionar lo que se copia, pero es un proceso laborioso y consume mucho tiempo.

Antes de concluir la declaración de los últimos guardias, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, preguntó: “Nos dicen que para analizar datos de teléfonos móviles hay que volcar todo y luego filtrar. ¿La mecánica es la misma para ordenadores?”. “Las herramientas forenses permiten hacerlo, pero no siempre se puede. Lo habitual, y considerando la buena fe de nuestro trabajo, es hacer una copia completa y luego depurarla”, respondió uno de los guardias.