La Junta de Andalucía divulga información clínica y personal de pacientes con retrasos en el tratamiento del cáncer | Sociedad

La Junta de Andalucía ha mantenido en su sitio web durante meses datos privados y clínicos de 23 pacientes con mieloma múltiple del Hospital Virgen del Rocío que esperaban recibir una terapia innovadora CAR-T —denominada Carvykti— cuyo retraso en la administración ha afectado negativamente la esperanza de vida de los enfermos, según reportó EL PAÍS este miércoles.

Dichos datos forman parte de tres informes del servicio de Hematología del hospital, destinados a activar un expediente de emergencia para la adquisición de la terapia, algo que los profesionales defendieron refiriéndose a “la grave amenaza para [la] vida del paciente”, conforme al documento.

Estos informes fueron publicados en el sitio web del Consejo de Gobierno regional tras reuniones efectuadas el 18 de junio, 4 de agosto y 8 de octubre. Desde entonces, y hasta finales de la semana pasada —cuando la Junta ocultó toda la información sensible por medio de franjas negras—, los datos estuvieron accesibles a cualquier persona que consultara los acuerdos adoptados por el Ejecutivo regional.

Según fuentes del sector salud, las quejas de miembros del Servicio de Hematología del Hospital Virgen del Rocío provocaron que la Junta decidiera ocultar esta información. La solicitud se realizó tras el descubrimiento por parte del personal sanitario de que sus informes habían sido publicados en su totalidad.

La información abarca detalles como fecha de nacimiento o edad, sexo, mes de diagnóstico del mieloma, tratamientos previos, evolución y recaídas de los pacientes, así como reacciones adversas sufridas, entre otros aspectos clínicos. Además, en algunos casos, los documentos contenían previsiones sobre la evolución de la enfermedad y la disminución de la expectativa de vida a causa de las demoras en el tratamiento con CAR-T.

La divulgación de este tipo de datos no se ha registrado hasta ahora en otras comunidades autónomas y podría contradecir la legislación europea y española de Protección de Datos, que establece que toda información relacionada con la salud de las personas debe tener una protección especial por parte de las administraciones públicas.

“De acuerdo con la legislación y la jurisprudencia, la clave en estos casos es si el propio paciente puede reconocerse en la información divulgada y si terceras personas pueden identificarlo. En este caso, parece claro que los datos publicados sí lo permiten. No todo el mundo podrá hacerlo, pero los propios pacientes y quienes forman parte de su entorno familiar, social o profesional, sí podrían”, afirma Samuel Parra, abogado experto en protección de datos.

Este profesional advierte sobre otro problema en la información publicada. El informe médico mencionaba que las “demoras” en la terapia CAR-T conllevaban “una reducción aproximada del 20% en las expectativas de supervivencia libre de enfermedad durante los primeros dos años” o “una disminución en sus expectativas de supervivencia libre de enfermedad de más de 40 meses a unos 34”.

“Son estimaciones y datos muy sensitivos que los médicos manejan y que pueden no haber sido comunicados de esta manera a los pacientes. O, si lo fueron, estos podrían no querer que fuesen conocidos por otros, aun siendo de su entorno. Incluir toda esta información no era necesario para facilitar la compra del medicamento ni lo exige la Ley de Transparencia”, añade Parra.

Por su parte, Román Salesio, de la consultora especializada Sibprodasa, argumenta que no se habría vulnerado la protección de datos de los pacientes, dado que “la información publicada no es suficiente para identificar a los pacientes, aunque se podría haber omitido la fecha de nacimiento en los casos donde se ha revelado”.

Sin embargo, este experto recuerda que la normativa vigente exige, entre otras medidas de seguridad, “la anonimización de la información antes de publicar un expediente, lo que implica ocultar nombres, edades…”; cumplir con el “principio de necesidad”, que estipula que solo deben tratarse “los datos estrictamente necesarios para cumplir las finalidades del tratamiento y la transparencia, evitando detalles personales o clínicos”; y aplicar filtros para que los expedientes con información confidencial sean de “acceso restringido”.

Un representante de la Junta de Andalucía niega que “se hayan publicado datos personales” y defiende que “los documentos incluyen la valoración clínica de varios pacientes realizada por especialistas en Hematología para activar la vía de urgencia o apremio, que acelera el acceso al tratamiento para pacientes candidatos a terapia CAR-T”.

“Esta vía”, continúa el portavoz, “se activa para agilizar la autorización de compra de esta terapia de manera extraordinaria, permitiendo así iniciar el tratamiento”. La Junta sostiene que “gracias a estos trámites, 15 pacientes con mieloma múltiple han recibido este tratamiento en lo que va de 2025 y se han autorizado 14 pacientes más que aún esperan completar el proceso de fabricación del CAR-T”.

Cláusulas confidenciales

Los expedientes publicados también revelan información que las empresas farmacéuticas custodian con gran cuidado: las cláusulas vinculadas a los pagos que los gobiernos realizan por medicamentos innovadores. Una información que ambas partes suelen mantener en privado por considerarla confidencial.

El coste del Carvykti que abona la Junta de Andalucía asciende a 367.120 euros por paciente (IVA incluido), según los documentos divulgados. Esta cifra se obtiene al dividir el total de 4.038.320 euros asignados para la compra de terapias entre los 11 pacientes mencionados en el tercer informe. El precio por paciente implica un 16% de descuento respecto a los 436.800 euros (IVA incluido) del precio oficial divulgado por Janssen.

No obstante, el importe final por paciente está sometido a un sistema denominado “pago por resultados”, que estipula que esta cantidad solo se pagará en su totalidad si “los pacientes sobreviven y están libres de progresión” de la enfermedad a los 50 meses desde el inicio del tratamiento.

De acuerdo con la información presentada por la Junta, el pago por el Carvykti se fracciona en cinco plazos. El primero, que corresponde al momento de inicio del tratamiento, es el más elevado, representando el 33% del coste total, mientras que el quinto se pagaría 50 meses después y corresponde al 15%. Los otros tres plazos se liquidan a los 12, 24 y 36 meses tras la administración. La modalidad de pago por resultados prevé que los dos últimos plazos solo se abonen si el paciente muestra una evolución y no presenta recaídas.

Hasta el momento, la compañía Janssen no ha comentado su posición respecto a la publicación de las cláusulas de los contratos.