Google refuta al fiscal general: realizó una eliminación selectiva.

El juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos ha generado este jueves un nuevo enfrentamiento entre las versiones de la Fiscalía y de la acusación popular. Mientras el fiscal general ha argumentado que borra «sistemáticamente» los mensajes de su teléfono móvil por razones de seguridad, el abogado de la acusación, Fernando García Capelo, ha sostenido que ha habido un «borrado selectivo muy significativo» de correos y archivos relevantes.

Este letrado enfatiza que la comisión rogatoria enviada a Google fue efectiva en cuanto a que reveló varios emails. Sin embargo, esos correos que permanecieron no estaban relacionados con el caso. En cambio, los emails enviados por la fiscal provincial Pilar Rodríguez a altas horas de la noche fueron eliminados. Luego, la cuenta de Gmail fue eliminada supuestamente porque no quería recibir emails ofensivos y hostiles. Por lo tanto, hubo un borrado selectivo en el que algunos mensajes comprometedores fueron eliminados, mientras que otros no.

Además, según García Capelo –de Foro Libertad y Alternativa–, el fiscal general solicitó un nuevo móvil en mayo, pero no lo utilizó hasta cinco meses después, justo con la apertura de la causa judicial. A su juicio, ese lapso temporal «no tiene explicación verosímil» y coincide con el momento en que García Ortiz accedió a los correos electrónicos que posteriormente se filtraron. «Estamos ante un borrado selectivo que es muy significativo», ha reafirmado el letrado, actuando como acusación popular unificada con Vox y HazteOir.

El fiscal general, por su parte, ha reiterado ante el Tribunal Supremo que lleva a cabo un «borrado sistemático» de los mensajes de WhatsApp y correos electrónicos, ya que no es «propietario» de los datos, sino «custodio» de información confidencial. «No son datos míos, solo soy custodio», ha enfatizado.

Durante su declaración del miércoles, García Ortiz ha añadido que elimina la información de sus dispositivos «por razones de seguridad», dado que maneja «datos muy relevantes y copiosos» vinculados a investigaciones en curso. «No dejo que la información permanezca más de un mes en mi WhatsApp, porque luego se acumula», ha especificado.

El fiscal ha afirmado que la supuesta eliminación de mensajes del 16 de octubre de 2024 —el día en que fue encausado por el Supremo— no afectó a los días clave de la presunta filtración, entre el 8 y el 14 de marzo de ese año. «En ese momento, ni el mes anterior ni el anterior existían ya los WhatsApp que se supone que son objeto de esta causa», ha sostenido.

Sin embargo, García Ortiz no presentó ningún pantallazo que demuestre que tenía activada la opción de borrado cada 24 horas de los chats en ese momento. Sería sencillo corroborarlo con algún pantallazo guardado en su galería o alguna evidencia de que tuvo que volver a solicitar algo por WhatsApp porque lo había perdido debido al borrado automático, algo que frecuentemente les sucede a las personas con esa opción activada.

Por su parte, la acusación popular ha señalado que, tras los análisis de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, «quedan 54 correos, pero no los emails clave».

Según García Capelo, «la sincronía entre el momento en que el fiscal general accede a la documentación y cuando esta se filtra resulta inusitada», y ha denunciado que no hay «una explicación plausible» para esa coincidencia que no se relacione con la filtración.

El abogado ha lamentado, además, que el fiscal general use una cuenta personal de Gmail «por excusas tan peregrinas como que tardan más en llegar los emails a la cuenta oficial». Es algo que mencionó en la fase de instrucción, pero que no ha reiterado debido a su falta de credibilidad.

Defensa fiscal

En todo caso, la teniente fiscal del Tribunal Supremo y número dos de la carrera, Ángeles Sánchez Conde, ha defendido que «incluso en la hipótesis de que el fiscal general hubiera filtrado el correo relativo a Alberto González Amador, en ese momento era impune porque la noticia ya era conocida por muchos medios».

Sánchez Conde ha remarcado que varios periodistas afines al Gobierno y al fiscal general testificaron que conocían las negociaciones entre la defensa de González Amador —pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso— y la Fiscalía antes de que García Ortiz tuviera conocimiento de ellas.

La representante de la Fiscalía ha calificado de «legítimo» el borrado de los chats de WhatsApp de García Ortiz y ha concluido que «no ha tenido ninguna trascendencia en esta causa».

Durante el juicio, García Ortiz ha asegurado que cambia de teléfono móvil «más o menos una vez al año» desde que, al llegar a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, comprobó que los dispositivos antiguos «se quedaban en una caja hasta ser reciclados». Desde entonces, ha afirmado, gestiona sus propios dispositivos y no los devuelve.

Ha explicado que el cambio de móvil en octubre de 2024 coincidió con un viaje a Brasil y que necesitó ayuda técnica para restaurar los «valores de fábrica» y los «certificados de seguridad» del anterior. «No es algo que pueda hacer a mi libre albedrío», ha aclarado.

El fiscal general ha admitido que usó su cuenta de Gmail por comodidad: «Es el medio más sencillo, es el que tengo en casa». Tras el registro de su despacho por la Guardia Civil, ha declarado haber cerrado esa cuenta en diciembre de 2024 al recibir «mensajes feos y amenazantes» como «eres un sinvergüenza al servicio del Gobierno, delincuente, más tarde o más temprano, caerás».

El juicio ha puesto de manifiesto la tensión entre el argumento técnico de la seguridad digital y la sospecha de una eliminación intencionada de pruebas. Mientras la Fiscalía sostiene que los borrados son de carácter «preceptivo», la acusación sostiene que la coincidencia temporal entre los cambios de dispositivo, el acceso a los correos y la filtración no es mera casualidad.