Moncloa y Madrid generan un nuevo conflicto sobre las armas autorizadas para la Policía Local.

Nueva tensión entre los gobiernos de Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, centrada ahora en el material defensivo autorizado para los agentes de las policías locales. Esto surge después de que el Ministerio del Interior haya interpuesto un recurso contra un decreto del ejecutivo madrileño que permite el uso de armas largas.

El Gobierno madrileño aprobó dicho decreto a finales de julio, estableciendo que los cuerpos de policías locales, además de utilizar el material defensivo individual básico (arma de fuego corta, bastones policiales o grilletes), podrían hacer uso de otros tipos de defensas en situaciones de riesgo «racionalmente grave».

Este contexto se da en un momento en el que grupos y bandas organizados operan con armamento adecuado para conflictos a nivel militar.

Los elementos adicionales para aquellos casos en que se requiera mayor protección o eficacia podrían incluir, por ejemplo, armas largas en unidades especializadas, dispositivos eléctricos de control y aerosoles defensivos, así como otros que expelan sustancias estupefacientes, tóxicas o corrosivas.

El decreto enfatizaba que estos medios «solo están permitidos cuando exista un riesgo racionalmente grave para la vida del profesional, su integridad física o la de terceros, así como en situaciones que puedan poner en peligro seriamente la seguridad ciudadana».

Este jueves, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicó un comunicado informando que el Ministerio del Interior ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra este decreto, sin proporcionar más detalles sobre su contenido.

De acuerdo con un informe del diario ‘El País’, el Ministerio fundamenta su recurso en que el decreto otorga a la jefatura de las policías locales de Madrid la capacidad de autorizar excepcionalmente el uso de armas largas, mientras que el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, que aprueba el Reglamento de Armas, estipula que los agentes locales solo podrán utilizar armas cortas.

Otro argumento presentado por el Ministerio para justificar su recurso es que el decreto de la Comunidad de Madrid también permite el uso de munición de bala expansiva, cuya utilización está prohibida por el Real Decreto 137/1993.

El consejero madrileño de Interior, Carlos Novillo, ha calificado este recurso como «un nuevo ataque del Gobierno de Sánchez, que intenta obstaculizar la protección y seguridad de los madrileños y de sus policías locales», a pesar de que España se encuentra en un nivel 4 de alerta antiterrorista y que los grupos organizados «ya están utilizando armas de guerra».

En declaraciones enviadas a los medios, Novillo ha subrayado que el uso de armas largas por parte de cuerpos de policías locales es «una realidad que ya se da en otras comunidades autónomas y que no ha originado ninguna acción por parte del Ministerio del Interior».