Sanidad demandará a Ayuso por infringir la ley en el registro de objetores al aborto | Noticias de Madrid

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este sábado que llevará al Gobierno de la Comunidad de Madrid, dirigido por Isabel Díaz Ayuso, ante los tribunales por negarse a crear un registro de médicos objetores de conciencia al aborto, lo cual infringe la ley. “La señora Ayuso, al más puro estilo trumpista, ha decidido declararse en rebeldía contra el derecho de las mujeres al aborto y ha obstaculizado ese derecho de manera reaccionaria. Presentaremos un contencioso-administrativo por esta obstrucción a la ley, la democracia y las mujeres“, ha explicado García ante los medios.

El Gobierno central ha esperado hasta que se cumpliera el plazo final para que la Comunidad de Madrid estableciera el banco de datos, lo que sucedió este viernes a medianoche. Y lo ha hecho de forma contundente ante la resistencia de Isabel Díaz Ayuso, que sostiene que este registro solo sirve para “perseguir” a los médicos que se niegan a realizar abortos en centros públicos y privados. Madrid se queda sola en su rebeldía, después de que Baleares y Aragón, otras comunidades también gobernadas por el PP y que habían mostrado reticencias al registro, finalmente hayan decidido implementarlo.

“En este país se cumple la ley”, ha añadido García. “La señora Ayuso ha decidido nuevamente posicionarse del lado equivocado de la historia. Nosotros respaldamos la libertad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo, su vida y su maternidad”, ha continuado. La ministra considera que la presidenta ha dado un paso para mostrarse “insumisa ante la ley” y que, por ello, “tendrá que rendir cuentas”.

El registro de objetores de conciencia es obligatorio para las regiones tras la reforma de la ley del aborto de 2023. El objetivo de este banco de datos es evitar que la decisión de esos sanitarios antiabortistas se convierta en un obstáculo para las mujeres. También busca prevenir la discriminación tanto de los objetores como de aquellos que no lo son, y evitar que estos últimos se limiten solo a esa función. Estos datos no se recopilan a nivel nacional, sino que las comunidades autónomas deben encargarse de su gestión. Madrid, por ahora, no lo hará.

El Gobierno de Ayuso dejó claro desde el viernes su posición. Su consejera de Sanidad, Fátima Matute, indicó que prefería que fueran los tribunales los que tuvieran la última palabra en lugar de “un Gobierno sectario”. En la Comunidad de Madrid defendemos el aborto legal, seguro y poco frecuente. No vamos a señalar ni perseguir a quienes abortan ni a quienes realizan o no abortos”, afirmó Matute. La ministra de Sanidad tomó nota y afirmó que, antes de pronunciarse, esperaría a que se cerrara el plazo del Gobierno.

Este sábado lo ha hecho. García ha criticado fuertemente a la presidenta madrileña: “Está yendo en contra de las mujeres. No entiendo qué le sucede a Ayuso con las mujeres y esta cruzada que lleva”. En octubre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le envió una carta solicitándole que cumpliera con la normativa, cuyo protocolo fue aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en diciembre de 2024. “Me dirijo a ti con la intención de ayudar a superar los obstáculos que, desgraciadamente, siguen enfrentando muchas mujeres en nuestro país que deciden ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo», decía la carta. Si no se atendía ese requerimiento, se advertía en el escrito, se activarían “los mecanismos legales adecuados para exigir su cumplimiento”.

Ese momento ha llegado. Representa un nuevo enfrentamiento entre Sánchez y Ayuso, entre el Gobierno de España y el de Madrid, dos líderes, dos administraciones, una del PSOE y otra del PP, que se critican casi a diario. Ahora los tribunales tienen la palabra. No se trata de un caso aislado. Ayuso también ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la intención del Gobierno central de colocar una placa en la Real Casa de Correos, su sede, que recuerda que durante el franquismo fue un lugar de detención y prácticas de tortura.

Ayuso no solo se declara en rebeldía ante Sánchez, sino que también desaira al presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo. El principal líder de la oposición intentó llegar a un consenso sobre una postura única entre los presidentes de las regiones gobernadas por el PP, pero no lo ha logrado. El enfrentamiento entre Sánchez y Ayuso queda, exclusivamente, entre ellos dos.