El juez Peinado interroga a la secretaria general de la Presidencia sobre el caso de Begoña Gómez.
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- 16 de noviembre de 2025
El juez Juan Carlos Peinado, encargado del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, tomará este domingo a las 17:30 horas declaración como investigada a Judith Alexandra González Pedraz, secretaria general de Presidencia del Gobierno. Esta citación se realiza en el contexto de la investigación abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, por supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación de caudales públicos.
Un interrogatorio en domingo que amplía la causa
La declaración de González Pedraz estaba originalmente programada para el martes 12 de noviembre, pero se pospuso a solicitud de la defensa de Cristina Álvarez, asesora de la esposa del presidente en La Moncloa, debido a la coincidencia con otro evento judicial. El magistrado decidió fijar una nueva fecha poco común —domingo por la tarde— para asegurar la declaración antes del cierre de la actual fase de instrucción.
En la misma resolución, el juez convocó a tres testigos relevantes: Diego de Alcázar Silvela, presidente del Instituto de Empresa (IE); Miguel Escassi, ejecutivo de Google Spain; y Juan Carlos Doadrio Villarejo, exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid. Todos ellos también comparecerán este domingo, dentro de la ampliación de diligencias que busca aclarar las relaciones entre la cátedra universitaria codirigida por Gómez y varias entidades privadas.
Qué se investiga
De acuerdo con fuentes judiciales y la documentación anexada a la causa, el magistrado cree que la secretaria general de Presidencia podría haber incurrido en una “comisión por omisión”, al no supervisar adecuadamente la actividad de Cristina Álvarez, contratada con fondos públicos, pero que supuestamente habría desempeñado funciones relacionadas con la actividad privada de la esposa del presidente.
El auto que acuerda su citación sugiere un posible delito de malversación de caudales públicos, al considerar que hubo un uso irregular de recursos humanos o materiales de Presidencia en beneficio de intereses personales. Peinado señala que González Pedraz, dado su nivel jerárquico, tenía capacidad de control y debería haber prevenido esas acciones si las conocía.
El juez mantiene la causa pese a la Fiscalía
Hace solo una semana, el magistrado rechazó la solicitud de archivo presentada por la Fiscalía y las defensas de Begoña Gómez y su asesora, concluyendo que existen indicios suficientes para proseguir con la investigación. En su auto, Peinado acordó la continuación del procedimiento ante el tribunal del jurado, confirmando los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación.
Esta decisión proporcionó un nuevo impulso al caso y la inclusión de nueve testigos adicionales, así como la solicitud de documentación a Presidencia del Gobierno.
Requerimientos a La Moncloa
Paralelamente, el juez ha solicitado a La Moncloa la entrega de las agendas oficiales de Begoña Gómez y de su asesora, así como la copia de sus pasaportes, con el propósito de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil examine los viajes internacionales de ambas, sus coincidencias y duración, para comprobar si existió algún vínculo entre viajes institucionales y actividades privadas.
El magistrado ha autorizado que la documentación sea entregada directamente a los agentes investigadores, sin necesidad de comparecencia personal, para agilizar el proceso.
Contexto del caso
La causa, iniciada en abril de 2024 a raíz de una denuncia del sindicato Manos Limpias, investiga las presuntas influencias ejercidas por Begoña Gómez en adjudicaciones y contratos públicos relacionados con empresas con las que tenía vínculos profesionales o académicos. Entre los hechos bajo escrutinio se encuentra la cátedra “Transformación Social Competitiva” de la Universidad Complutense, promovida por la esposa del presidente, que supuestamente habría servido —según la investigación— para favorecer a entidades privadas que luego obtuvieron contratos con la Administración.
El magistrado considera, además, que el vínculo familiar con el presidente del Gobierno podría haber influido en las acciones objeto de investigación, y enfatiza la necesidad de esclarecer si hubo un uso indebido de recursos públicos o de posición institucional.
Repercusiones institucionales y políticas
La imputación de una alta funcionaria de La Moncloa representa un salto significativo en el alcance de la investigación, que deja de centrarse solo en la figura de la esposa del presidente para afectar a la estructura administrativa de Presidencia del Gobierno.
Fuentes del Ejecutivo contactadas por diversos medios han eludido pronunciarse oficialmente sobre la citación, aunque subrayan que el Gobierno “mantiene su plena colaboración con la justicia y confía en que el procedimiento será archivado al final”.
Desde la oposición, por otro lado, se ha exigido transparencia y explicaciones públicas ante lo que califican como “un episodio grave que compromete la ejemplaridad institucional”. Los grupos parlamentarios del Partido Popular y Vox han solicitado que la portavoz del Gobierno comparezca en el Congreso una vez se conozcan las declaraciones de este domingo.
Lo que viene a continuación
Tras las comparecencias programadas, el juez Peinado deberá decidir si amplía las imputaciones, solicita nuevas diligencias o remite parte del caso a la Audiencia Provincial. La instrucción se encuentra en una fase avanzada, pero aún no se ha establecido una fecha para la posible apertura de juicio oral.
Mientras tanto, la UCO sigue examinando los documentos y comunicaciones incautadas en relación con la cátedra universitaria y los registros económicos vinculados a la asesora de Moncloa. Los resultados preliminares podrían determinar el alcance penal de las acciones y el número final de imputados.
Análisis: una investigación que alcanza el núcleo de Moncloa
El hecho de que una secretaria general de Presidencia —máximo cargo administrativo del gabinete del presidente— sea convocada a declarar como investigada, demuestra que el caso ha dejado de ser un asunto periférico. La investigación ahora alcanza el corazón institucional del Gobierno, introduciendo un componente político de gran relevancia.
Más allá del procedimiento judicial, este episodio genera un debate sobre los mecanismos de control interno en la administración del Ejecutivo, la transparencia en el uso de recursos públicos y la línea entre la actividad institucional y la personal de los altos funcionarios.
El desarrollo de las próximas semanas será crucial para determinar si las sospechas del juez Peinado se convierten en acusaciones formales o, por el contrario, la causa se cierra sin consecuencias penales. En cualquier caso, la investigación ha sometido nuevamente a La Moncloa a una presión sin precedentes, con implicaciones políticas, judiciales y de reputación que el Gobierno difícilmente podrá eludir.