Ampliación de la L11 del Metro: Colectivos Vecinales Acusan al Gobierno de Ayuso en la Unión Europea de Ocultar Información sobre el Proyecto

Ampliación de la L11 del Metro: Colectivos Vecinales Acusan al Gobierno de Ayuso en la Unión Europea de Ocultar Información sobre el Proyecto

En un contundente movimiento, colectivos vecinales de la región madridiana han decidido llevar su lucha contra la ampliación de la L11 del Metro a la Unión Europea. Estos grupos denuncian que el Gobierno de Ayuso ha ocultado información crucial sobre el proyecto, lo que ha generado una gran inquietud entre los residentes de la zona. Según los colectivos, la falta de transparencia por parte del ejecutivo regional ha impedido que se evalúen adecuadamente los impactos ambientales y sociales del proyecto. Esta denuncia tiene como objetivo exigir mayor transparencia y participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones sobre la ampliación de la L11.

Colectivos Vecinales Acusan al Gobierno de Ayuso de Ocultar Información sobre el Proyecto de Ampliación de la Línea del Metro

Un año después de que una delegación del Movimiento No a la Tala compareciera en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en Bruselas para pedir la apertura de una investigación por los «destrozos» en el arbolado y zonas verdes de la ampliación de la línea 11 de Metro, los colectivos vecinales vuelven a recurrir a las instituciones europeas para «defender el derecho de la ciudadanía a intervenir en decisiones administrativas que la afectan».

La FRAVM denuncia irregularidades en el proyecto de ampliación de la línea del Metro y pide investigación europea. Esta semana, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), en nombre de este movimiento, ha presentado ante la Comisión Europea una denuncia contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid por «incumplir una directiva europea relativa a la evaluación de las repercusiones de proyectos sobre el medio ambiente al no haber publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) ni en el BOE las autorizaciones del proyecto de ampliación de la línea 11 de Metro entre Plaza Elíptica y Conde de Casal».

Este hecho, que también ha sido denunciado ante el Parlamento Europeo ampliando la citada petición de investigación de las talas (que sigue abierta en Bruselas), «ha privado a la ciudadanía y en primer lugar a las personas afectadas por las obras, de su derecho a la información y a poder realizar propuestas y alegaciones en esa fase del procedimiento».

Incumplimiento de la directiva europea

El proyecto de construcción de la ampliación de la Línea 11 del Metro de Madrid (tramo Plaza Elíptica-Conde de Casal), promovido por la Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid fue sometido a Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria con Declaración de Impacto Ambiental de fecha 30 de julio de 2020.

Sin embargo, la autorización del proyecto, aprobado el 25 de noviembre de 2021, no fue publicada en los boletines oficiales citados, impidiendo a las personas interesadas su acceso a la información y a poder recurrir. Y lo mismo sucedió con el proyecto constructivo modificado, que fue sometido a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada con Informe de Impacto Ambiental de fecha 14 de noviembre de 2023.

La Comunidad de Madrid «no solo no ha publicado la autorización del proyecto sino que a día de hoy ni siquiera se tiene constancia de su finalización y autorización, más allá de una nota de prensa del Gobierno regional». «Resulta increíble que las obras de la ampliación de la línea 11 de Metro se encuentren en ejecución desde noviembre de 2022, provocando unas afectaciones importantes en la población y el medio ambiente, al amparo de un proyecto constructivo final que se desconoce y, por lo tanto, no se puede recurrir», subrayan.

Irreregularidades en la construcción

El movimiento No a la Tala ya denunció «numerosas irregularidades» en este proyecto, obligando a la Comunidad de Madrid a tramitar una evaluación ambiental simplificada en 2023, con la consiguiente reducción de talas (unos 500 árboles, la mitad de los previstos en 2022). Desde entonces, las obras se están llevando a cabo en el parque de Comillas, Madrid Río, el paseo de Delicias y su entorno, Atocha y Conde de Casal, «con gran impacto para la vecindad».

En Comillas, «las obras siguen desarrollándose a 25 metros del colegio Perú sin que los sistemas de refrigeración hayan entrado en funcionamiento. Los camiones siguen entorpeciendo el flujo de niños hacia y desde el colegio y las barreras sonoras no han supuesto una reducción apreciable del ruido en el colegio».

«Tampoco se están realizando medidas públicas de contaminación y ruido. En Delicias, el inicio de las obras este verano ha generado un caos en el tráfico y numerosas molestias a la vecindad por ruido y polvo, debido a la cercanía de las obras a las viviendas, además de una fuerte preocupación ya que los vecinos miran de reojo las demoliciones de viviendas en San Fernando de Henares a causa de la línea 7B y el retraso anunciado ahora en las obras de ampliación de la L3 por filtraciones de agua», inciden.

Muchos negocios «están siendo muy perjudicados, llevándolos incluso a tener que cerrar. Por todo ello, los colectivos vecinales denuncian que la Administración madrileña se empeña en dar la espalda a la ciudadanía e insisten de nuevo en la creación de una comisión de seguimiento, que ayudaría a atender a los afectados ante los infinitos problemas que ya están surgiendo».

Denuncia ante la Comisión Europea

Ahora, con «esta nueva irregularidad», la Comunidad de Madrid «ha vulnerado los artículos 9 y 11 de la Directiva 2011/92/UE y su transposición en los artículos 42 y 48 de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, de ámbito estatal», al no haber cumplido con el trámite de “autorización del proyecto y publicidad”, lo que ha privado “a la ciudadanía de un acceso a la información y a la posibilidad de recurrir a la justicia en la fase de autorización del proyecto”.

«No sabemos si la transposición de la ley no está clara para la Administración española, pero se incumple», concluye la FRAVM en la denuncia enviada a la Comisión Europea, que ahora tiene un plazo de doce meses para estudiarla y decidir si abre un procedimiento formal de infracción.