El juez Peinado cierra el expediente sobre la alta funcionaria de La Moncloa acusada en el ‘caso Begoña Gómez’ | España

El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha decidido archivar la imputación a Judit Alexandra González Pedraz, secretaria general de Presidencia del Gobierno. Esta decisión se produce tras su testimonio en relación con la presunta malversación vinculada al trabajo en La Moncloa de la asesora de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. Según fuentes jurídicas, Peinado ha determinado que la asistente de Gómez no depende orgánicamente de ella, lo que ha llevado a levantar la imputación.

El magistrado había dispuesto escuchar a varios testigos este domingo debido a que uno de los abogados del caso no pudo asistir a la fecha originalmente establecida (el miércoles pasado). La citación de la secretaria general de Presidencia era para “informarla del objeto del procedimiento y comunicarle los hechos que se le imputan” por malversación de fondos públicos, tal como se detalla en el auto del 5 de noviembre. En este documento se indicaba que su declaración no podía ser “en calidad de testigo”, ya que sería posible que incurriera en el delito de desviación de fondos públicos “por comisión por omisión, dada su posición de garante, al dar órdenes o instrucciones” a la asesora de Begoña Gómez.

El instructor busca aclarar si Cristina Álvarez, la asistente de Gómez, también imputada, ha excedido sus funciones como cargo público desde 2018 al ayudar a Begoña Gómez en su labor privada mientras esta dirigía una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid.

González comenzó a testificar pasadas las seis de la tarde y, tras media hora explicando su labor, el juez decidió archivar el asunto de inmediato, apenas 11 días después de su imputación. La trabajadora de La Moncloa respondió al juez y a las defensas, aunque la Fiscalía no formuló preguntas. Describió su trabajo y mencionó que supervisa a alrededor de 250 personas en la sede gubernamental, pero aclaró que ninguna de ellas es Cristina Álvarez. El juez, entonces, decretó el sobreseimiento libre.

Peinado dirige esta causa contra Begoña Gómez desde abril de 2024, manteniéndola imputada por cinco delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo profesional y malversación. El tercer investigado, tras la salida de González del caso, es Francisco Martín, actual delegado del Gobierno en Madrid, quien también trabajó en la Secretaría de Presidencia desde julio de 2021 hasta marzo de 2023. El empresario Juan Carlos Barrabés, a quien Begoña Gómez apoyó con dos cartas en un concurso adjudicado por Red.es, completa la lista de imputados.

El juez citó este domingo a otros tres testigos que ya habían declarado anteriormente: el exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio, el presidente del Instituto Empresa, Diego de Alcázar, y el responsable institucional de Google, Miguel Escassi.

Todo el interrogatorio, que concluyó pasadas las ocho de la tarde, se centró en la relación de los testigos con la asesora Álvarez. De Alcázar fue el primero en declarar, afirmando que no tuvo relación directa con ella. Por su parte, el responsable de Google indicó que sí la vio en un par de reuniones, creyendo que formaba parte del equipo de trabajo de la Universidad.

Doadrio, quien ha declarado en tres ocasiones en este Juzgado, se extendió más en su testimonio. Esta vez, abordó los correos electrónicos que había aportado voluntariamente, los cuales demostraban la comunicación entre él y Álvarez al inicio de la cátedra de Transformación Social Competitiva. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil elaboró un informe con los 121 emails intercambiados entre Doadrio y Álvarez en relación con dicha cátedra.

Este domingo, el exvicerrector mencionó que había compartido comidas con la asesora y Begoña Gómez, y que conoció a Álvarez el día en que se firmó el convenio con la Complutense. Además, comentó que le sugirió a Gómez registrar el software desarrollado para el máster Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad y que, posteriormente, se enteró por la prensa que esto no se había realizado.