La Comunidad de Madrid apoya la objeción de conciencia en el sector salud.
La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha afirmado que el Gobierno autonómico apoyará el derecho de los profesionales sanitarios a la objeción de conciencia respecto al aborto, asegurando que nadie puede ser «forzado» a revelar sus nombres por razones éticas, morales, religiosas o filosóficas. Estas declaraciones las realizó este lunes durante la apertura de la IV Jornada de Salud Comunitaria en Madrid.
“Con la Constitución en la mano, defenderemos la libertad de conciencia y el derecho a la objeción”, ha destacado Matute ante la prensa, añadiendo que el Gobierno regional está preparado para llevar el asunto a los tribunales en defensa de los sanitarios. Sin embargo, aclaró que acatarán cualquier fallo judicial que pueda surgir, aunque reafirmó su compromiso de luchar por “los derechos de libre objeción y conciencia”.
Las palabras de la consejera surgen en un contexto de intenso debate sobre el registro de objetores de conciencia en relación al aborto, tema que ha planteado el Ministerio de Sanidad. Matute aprovechó la ocasión para criticar a la ministra Mónica García, a quien acusó de actuar políticamente: “Utiliza la política para su beneficio y su intención es llegar a la Comunidad de Madrid”, expresó.
En este marco, reprochó lo que considera una actitud sectaria del Gobierno central, expresando que “no puede ser que esta ministra actúe en contra de todo sin buscar soluciones a los problemas”. En contraste, defendió la posición del Gobierno madrileño, que busca que el aborto sea “legal, seguro y poco frecuente”, sin perseguir a quienes lo practican ni a quienes se oponen por convicciones personales.
Matute enfatizó que prefieren que sea un tribunal quien se pronuncie sobre la legalidad del registro, en lugar de un ministerio que, en su opinión, actúa impulsado por criterios ideológicos. Con esta postura, la Comunidad de Madrid reafirma su compromiso con los derechos fundamentales de los profesionales sanitarios y la defensa de la libertad de conciencia en el ámbito asistencial.


