El Ayuntamiento de Madrid suma 423.900 euros en sanciones por ruido que se impone a sí mismo | Noticias de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha violado su propia normativa de ruido hasta en 66 ocasiones durante las fiestas de San Isidro en los últimos cuatro años. Esto ha ocurrido a través de la empresa pública vinculada al área de Cultura y Turismo, Madrid Destino, encargada de organizar los principales eventos municipales. Las multas, gestionadas por el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, ascienden a un total de 429.900 euros. Algunas de estas infracciones son graves, dado que superaron significativamente el límite de decibelios permitido en áreas de especial protección acústica, como la plaza Mayor o la de Gabriel Miró. Hasta ahora, el Ayuntamiento no ha respondido a las consultas de EL PAÍS sobre el tema.

El hecho de que el Ayuntamiento se imponga sanciones a sí mismo resulta paradójico, ya que el dinero utilizado para pagar estas multas proviene de la partida presupuestaria destinada a Madrid Destino y regresa a las arcas públicas municipales. No obstante, para el PSOE, la cuestión va más allá de un problema económico. “El Ayuntamiento debería ser un modelo a seguir”, critica el concejal del PSOE, Jorge Donaire. “Deberían exigirse las mismas normas que imponen a los promotores privados, porque parece que la normativa solo se aplica a algunos”, añade.

Algunos de los eventos por los que el Ayuntamiento ha sido sancionado contaban con permisos especiales para exceder el límite de decibelios, lo cual es habitual en fiestas patronales o eventos concretos. Aunque el límite de ruido en condiciones estándar es de 45 decibelios, el Consistorio autorizó conciertos que podrían llegar hasta los 75, y algunas mediciones en fachadas de edificios indicaron que se superaron los 100. La medición de ruido no es lineal, sino exponencial: cada tres decibelios aumenta el volumen total al doble. Por lo tanto, alcanzar los 100 decibelios cuando el límite era de 75 implica que el sonido era 323 veces más fuerte de lo permitido.

Existen al menos 66 actas de incumplimiento de la normativa municipal de ruido por parte del Ayuntamiento, todas relacionadas con eventos de las fiestas de San Isidro. De ellas, nueve corresponden a 2022, 27 a 2023, 18 a 2024 y 12 a este año. No todas las actas han resultado en sanciones, ya que el Consistorio solo impone multas al evento con mayor nivel de ruido en un día determinado.

La respuesta de Madrid Destino ante las sanciones ha variado. En los primeros años, 2022 y 2023, se apelaban, pero desde 2024 las aceptan y optan por el “reconocimiento de responsabilidad y pago voluntario” para beneficiarse de una reducción del 40% del importe a abonar. Sin embargo, el Ayuntamiento ha desembolsado 429.900 euros en multas durante los últimos cuatro años.

La normativa municipal incluye varias medidas contra las infracciones por rebasar los límites de ruido, además de las multas. Estas medidas incluyen la clausura del evento, la retirada de los “focos emisores” (altavoces) o incluso la suspensión de la licencia para realizar eventos similares durante hasta cinco años. En los casos en que ha sido el propio Ayuntamiento el responsable de incumplir su norma, solo se han impuesto sanciones económicas. Según lo estipulado, las infracciones “graves” oscilan entre 12.000 y 300.000 euros, y a pesar de que algunas están catalogadas como “muy graves”, la multa más elevada ha sido de unos 24.000 euros.

Desde el Grupo Municipal Socialista aseguran que, además, el Ayuntamiento de Madrid presentó en octubre de este año el llamado Plan de Acción en Materia de Contaminación Acústica, que identifica como “una de las principales causas de reclamaciones en el ámbito del ruido” los “grandes eventos” que se celebran en la ciudad. Desde el PSOE critican que, a pesar de ello, no se plantean prácticamente medidas para abordar esta situación. Algunas de las propuestas son mantener “una comunicación constante con los organizadores de eventos”, condicionar “su celebración al cumplimiento de medidas correctoras”, como la instalación de pantallas de insonorización, o establecer “horarios de funcionamiento acordes con los períodos de descanso de los residentes”.