El Gobierno de Ayuso presentará denuncias contra los falsos menores extranjeros no acompañados, con 48 casos confirmados y cientos de sospechas desde 2024.

La Comunidad ha identificado 48 casos de jóvenes mayores de edad que han pretendido ser menores entre 2024 y 2025. Cuando el Gobierno regional tiene dudas sobre la edad de un supuesto mena, inicia un expediente que se coordina con la Fiscalía de menores para llevar a cabo las pruebas que determinen su verdadera edad. La consejera subrayó que es la Fiscalía la responsable del expediente y que, con los resultados radiológicos, determina si la persona es mayor o menor. De ahí en adelante, la Comunidad puede contar con una prueba concluyente para proceder a la denuncia del inmigrante si resulta ser mayor de edad.

Desde la Consejería están convencidos de que el número real es superior a 48. Este dato solo refleja los casos confirmados por la Fiscalía. Sin embargo, hay sospechas sobre muchos otros engaños que no pueden ser confirmados porque, simplemente, los individuos abandonan los centros de acogida donde están y desaparecen. Se estima que podrían ser cientos. Fuentes de la Consejería de Asuntos Sociales afirman que se analizarán uno a uno estos casi cincuenta casos confirmados para decidir qué acciones se tomarán, incluyendo la posibilidad de denuncias inmediatas.

En un desayuno informativo de Europa Press, la consejera Dávila fue contundente al referirse a la «crisis migratoria» en España. Aseguró que esta crisis «no es casualidad, sino resultado de la total inacción del Gobierno central». A su entender, el Ejecutivo ha renunciado a controlar las fronteras y ha promovido un efecto llamada «devastador» con las políticas de Pedro Sánchez. «Mientras él dirige su mirada hacia otro lado, las comunidades asumimos solas las consecuencias».

Desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia, la Comunidad de Madrid ha atendido a más de 11.000 menores extranjeros no acompañados, según los datos facilitados por la consejera. En 2024, llegaron 2.442 a la región, y en lo que va de 2025, ya se superan los 1.600. En total, en menos de dos años, son más de 4.000. «Nuestro sistema de protección, al igual que el de otras regiones, ha llegado al límite».

Frente a esta problemática, la Comunidad de Madrid critica que el Gobierno de Sánchez, «en lugar de rectificar, ha optado por un reparto forzoso de menores entre comunidades para satisfacer a sus aliados independentistas, excluyendo a Cataluña y al País Vasco».

Desde marzo pasado, la Comunidad de Madrid ha solicitado la repatriación de 66 menores, muchos de ellos con perfiles cada vez más problemáticos, alertan: controlados por mafias, con altos niveles de consumo de drogas y creciente agresividad. «Hasta la fecha, el Gobierno no ha resuelto ni un solo caso», advirtió la consejera, quien lamentó la inacción del delegado de Sánchez en Madrid, Francisco Martín, quien ha estado eludiendo respuestas en los últimos meses.

‘Erasmus’ de menores

Dávila recordó que ante este «caos», la Comunidad no permanecerá en silencio, ha impugnado el reparto forzoso ante el Tribunal Constitucional y el Supremo, y utilizará todas las herramientas legales a su disposición para evitar que el Gobierno «continúe mezclando a mayores con menores». Por ello, procederá a denunciar a aquellos adultos que «intencionadamente se hayan presentado como menores y que la Fiscalía finalmente determine que no lo eran».

El Gobierno de Ayuso ve esto como un «fraude de ley» que pone en peligro el sistema de protección, desvía recursos esenciales y arriesga la seguridad de los menores vulnerables: «Es una práctica común de las mafias que explotan un sistema que el Gobierno se niega a reformar».

Además, la Comunidad de Madrid llevará ante la Justicia a aquellos casos donde familias esquiven su responsabilidad y abandonen a sus hijos o hermanos menores, para que la Comunidad actúe como tutor automático. De este modo, no permitirá los llamados ‘Erasmus’ de menores no acompañados, enviados por sus propios padres para que la Administración asuma sus obligaciones. «Eso también es una estafa y abandono». Fuentes de la Consejería reconocen que estos casos son pocos y no llegan a la decena.

«Madrid seguirá siendo un lugar de acogida, pero nunca será cómplice del descontrol del gobierno de Sánchez, ni del efecto llamada que está desmantelando nuestro sistema de protección», advirtió la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.

En la misma línea que Ayuso, la consejera sustentó que la izquierda «fortalece a Vox» a través de este conflicto y lo convierte en su mejor aliado. «Buscan que el bloque alternativo esté dividido y radicalizado, para que nunca pueda triunfar».

Vox estuvo muy atento a la propuesta del Gobierno de Ayuso. El partido de Abascal ha estado pidiendo durante mucho tiempo que la Comunidad realice pruebas de edad, aunque desde el Ejecutivo regional siempre han aclarado que no es competencia autonómica. «La pregunta es, ¿por qué la Comunidad de Madrid se ha negado persistentemente a realizar pruebas de edad a los menas como se lo pedimos en Vox?», se cuestionaron ayer fuentes de este partido.

«Hemos estado advirtiendo sobre esto durante años, pero una vez más, vemos, tarde, cómo la consejera reconoce que es ‘una práctica común de las mafias’, lo que significa que el Gobierno de Ayuso está diciendo a los madrileños que con sus impuestos están financiando esta situación, como alertamos previamente», apuntaron en Vox, responsabilizando a la Comunidad por «los actos ejecutados y la financiación de los adultos que se han hecho pasar por menores en los centros de menas» por negarse a realizar la prueba de edad.

En el último informe de la Fiscalía de Madrid, que incluye datos de 2024, se subrayó el «alto número de expedientes de determinación de edad de menores extranjeros provenientes de las Islas Canarias, así como, de manera mucho menos controlada y en gran cantidad, a través del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, en vuelos que llegan, particularmente, desde Casablanca y Egipto». De los 1.937 menas registrados en 2024, según la Fiscalía, 1.110 ingresaron en la Comunidad por esta vía (399 en 2023). Como resultado, las pruebas radiológicas para determinar la edad de estos jóvenes enfrentan un retraso medio de ocho meses, ya que solo se realizan en la unidad de Traumatología del Gregorio Marañón.