El 25% de los jóvenes considera favorable un régimen autoritario en ciertas situaciones | España


Casi 40 años de dictadura y, por lo tanto, de propaganda; la reacción tardía de las administraciones democráticas en relación con la enseñanza ―es la ley de memoria democrática de 2022 la que obliga a incluir entre sus objetivos el conocimiento de la represión franquista―; y el ascenso de la extrema derecha junto con los discursos negacionistas o revisionistas han tenido un impacto en la sociedad española. Esto se evidencia en la encuesta monográfica del instituto 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER, realizada en ocasión del 50 aniversario de la muerte de Franco. El sondeo (2.000 entrevistas online) examina (según el género, la edad y la intención de voto) el grado de conocimiento de los españoles sobre el pasado traumático; la huella de las consecuencias de la Guerra Civil en las familias; la valoración del régimen franquista, de la Transición y de las políticas de memoria. Y revela algunos porcentajes alarmantes. Puede consultar todos los datos de la encuesta aquí.

Casi tres cuartas partes de la población (73,7%) considera que “la democracia es preferible a cualquier otra forma de Gobierno”; un 17,4% argumenta que “en determinadas circunstancias”, “un régimen autoritario puede ser preferible” y un 8,8% dice que le resulta “indiferente un régimen que otro”. Entre los votantes de Vox ―tercera fuerza política en España, según el barómetro―, el porcentaje que prefiere la democracia cae al 48,9%, mientras que el que optaría por un régimen autoritario en determinadas circunstancias aumenta hasta el 38,3%. Por grupos de edad, casi un cuarto de los jóvenes ―el 23,6% en el caso de la generación Z (18-28 años) y el 22,9% en los millennials (29-44)― cree que un sistema no democrático podría ser preferible.

Conocimiento: casi la mitad de los jóvenes ignora cómo murió Lorca

La mayoría (64,3%) identifica correctamente el periodo en el que se instauró el régimen franquista (1939-1975); el 12,8% se equivoca y hasta un 20,1% admite que lo desconoce. Casi la mitad de los encuestados de la generación Z y de los Millennial no saben situarlo en el tiempo.

La gran mayoría de la población (94,5%), incluidos los más jóvenes (87,4%), reconoce quién fue Federico García Lorca, aunque el desconocimiento es nueve veces mayor (12,6%) en la Generación Z en relación con los que tienen 61 años o más, los baby boomers (1,4%). Sin embargo, solo seis de cada diez españoles atribuyen el asesinato del poeta al bando franquista. Casi la mitad (48%) de la generación Z no sabe cómo murió, porcentaje que se reduce al 25,5% entre los baby boomers.

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Apenas la mitad de la población (50,6%) atribuye el inicio de la Guerra Civil a un “golpe de Estado de Franco contra un gobierno legítimo”. El 26,2% responsabiliza a las autoridades de la II República del estallido del conflicto y un 23,2% dice que no lo sabe. Estos porcentajes varían significativamente entre los distintos electorados. Así, solo un 27,1% de los votantes de Vox creen que el origen de la Guerra Civil fue un golpe de Estado, comparado con el 69% de los electores socialistas y el 89,8% de los de Sumar. En el electorado del PP, la respuesta mayoritaria (44,4%) señala a la II República como responsable; un 29,3% menciona el golpe de Estado de Franco como causa de la guerra y un 26,4% no lo sabe.

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Entre la población general, el 42,5% piensa que los franquistas provocaron más muertes en la Guerra Civil; el 33,4% considera que ambos bandos causaron un número similar de muertes y el 9,5% atribuye más muertes al bando republicano, pero nuevamente, la percepción varía notablemente entre cada electorado. De esta manera, hasta un 55,9% de los votantes del PP y un 46,7% de los de Vox creen que ambos bandos provocaron un número parecido de muertes, cifra que desciende al 18,2% en el caso de los votantes socialistas y al 14% de los apoyos de Sumar.

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En la Guerra Civil, como señala el catedrático de historia contemporánea Julián Casanova en su biografía sobre Franco, 200.000 personas murieron en combates y operaciones militares; 100.000 fueron víctimas de la represión de los militares sublevados y 55.000 por la violencia en la zona republicana. Al menos 50.000 más fueron ejecutados entre 1939 y 1946 por el bando franquista. Además, añade “la sobremortalidad por enfermedades o inanición que sumaría 350.000 fallecidos durante la guerra y en años posteriores”.

El impacto en las familias: en el electorado del PP y de Vox son más los que dicen que les benefició

Al ser preguntados sobre el bando de la Guerra Civil con el que simpatizaba más su familia, el 24,7% afirma que “distintos parientes simpatizaban con distintos bandos”; el 24% responde “con los republicanos”; el 19,7% no lo sabe; el 16,2% indica “ninguno de los dos” y el 12,1% con los “nacionales”. Entre el electorado de izquierdas predominan los familiares que simpatizaban con los republicanos, mientras que en el de derechas hay más diversidad.

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“Poco” y “nada” son las respuestas más comunes cuando se pregunta a la población si de niño o adolescente le hablaron en su familia, en la escuela o entre sus amistades de la Guerra Civil y el franquismo, aunque se observa que cada vez se discute más sobre el tema en el ámbito escolar: así lo indican un 38,2% de la generación Z y un 28,1% de los Millennial, frente al 16,2% de los baby boomers. Las competencias en educación están transferidas a las comunidades autónomas y los dirigentes del PP, que presiden 11 de ellas, han considerado ese tipo de contenidos “adoctrinamiento”. Recientemente, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso retiró un curso de formación para profesores sobre cómo abordar el franquismo en las aulas en la Comunidad de Madrid.

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Al ser preguntados sobre el impacto del franquismo en su familia, el 46,4% de la población afirma que fue “negativo” y un 17% lo considera “positivo”. Por electorados, entre los votantes del PP y Vox hay más quienes creen que benefició a su familia (25,5% y 37,2%, respectivamente) que quienes dicen que la dictadura les perjudicó (22,8% y 22,2%).

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Las respuestas a esta pregunta también muestran una brecha de género, siendo las mujeres quienes en mayor medida afirman que los efectos del franquismo fueron negativos para su familia. La diferencia es especialmente notable (14,6 puntos de diferencia) entre las chicas y los chicos de 18 a 28 años, menos inclinados que sus compañeras de generación a señalar un impacto negativo de la dictadura en su familia. El franquismo llevó a cabo una represión hacia las mujeres, sometiéndolas a la tutela del padre o el marido, alejadas del mundo laboral, legalmente incapacitadas para acciones tan simples como abrir una cuenta en un banco.

Tras el golpe de Estado, Franco implementó una justicia invertida, juzgando por adhesión a la rebelión a quienes se mantuvieron leales al Gobierno elegido. El modelo, inspirado en la Inquisición, como mencionan los historiadores Francisco Espinosa, Ángel Viñas y Guillermo Portilla en el libro Castigar a los rojos, resultó en miles de ejecuciones. Solo en Málaga, cuatro tribunales juzgaron en 100 días a 20.000 personas e impusieron 3.000 penas de muerte. El legado de la represión en las familias españolas también incluye el exilio y la emigración ―aproximadamente dos millones de españoles abandonaron el país entre 1960 y 1975―; las incautaciones y las purgas. Por ejemplo, el 88% de la plantilla de ferroviarios, cerca de 90.000 personas, fue sometida a comités de depuración.

Valoración del franquismo

El 54,9% de la población califica “mal” o “muy mal” el régimen de Franco; el 24,8% dice que “ni bien ni mal” y el 14,8% “bien o muy bien”. El electorado de Vox, primera fuerza en intención de voto entre los más jóvenes, es el único donde hay más simpatizantes (42,3%) que detractores (17,3%) del franquismo. Entre los votantes del PP, el porcentaje de quienes valoran el régimen de manera positiva asciende al 20,2%.

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Al ser preguntados sobre las áreas con más impacto negativo por parte de la dictadura, aparecen, en este orden, “la igualdad entre hombres y mujeres” (señalada por el 68,4%); “la libertad y los derechos civiles” (68,4%); “la imagen internacional de España” (55,2%); “la cohesión social y territorial” (47%); “la educación y la cultura” (46,7%) y “el bienestar y la calidad de vida” (46%). Sin embargo, más de un tercio de los españoles opina que el franquismo tuvo un efecto positivo en la economía. Por electorados, tanto los votantes del PP como los de Vox creen predominantemente que la dictadura influyó positivamente en la economía, la educación, la cultura, el bienestar y la calidad de vida, así como la cohesión social y territorial. Solo los votantes de extrema derecha creen que, además, tuvo un impacto positivo en la imagen internacional de España. Por franjas de edad, nuevamente, las mujeres de todas las generaciones evalúan el franquismo de manera más negativa en todas las áreas, mientras que los hombres más jóvenes son los más indulgentes con la dictadura y creen que tuvo un impacto positivo en la economía.

“Los países de Europa Occidental”, explicó Vicente Pinilla, catedrático de historia económica, “tardaron cinco años en recuperar el PIB per cápita anterior a la guerra. A España le costó 17″.

Valoración de la Transición y las leyes de memoria

La mayoría de la ciudadanía (71,7%) piensa que la Transición “permitió construir una democracia comparable a las europeas” y que fue “un ejercicio colectivo de reconciliación” (67,4%), aunque hasta un 77,5% opina que “se podría haber ido más lejos”.

El estudio también investiga la percepción ciudadana sobre las políticas de memoria. Un 72,5% piensa que las víctimas de la Guerra Civil recibieron un trato desigual según el bando al que pertenecieron y un 70,3% sostiene que “los crímenes del franquismo deberían haber sido juzgados”, si bien, hasta el 50,3% considera que “la memoria histórica sirve para dividir a los españoles”.

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La primera ley de memoria histórica entró en vigor en diciembre de 2007 y la segunda, llamada de memoria democrática, en octubre de 2022. Entre ambas, los Gobiernos de Mariano Rajoy (2011-2018) no derogaron la norma, aunque la dejaron prácticamente sin financiación. En todo este tiempo, es decir, casi 18 años, no se ha registrado enfrentamiento entre familiares de ambos bandos sobre la aplicación de esta legislación, por ejemplo al abrirse las fosas del franquismo, pero parece haberse establecido en la opinión pública el discurso de la derecha sobre un supuesto efecto divisivo en la sociedad española. Y están más en desacuerdo con la afirmación de que la ley divide los votantes de Sumar y Podemos que los del PSOE, a pesar de que este fue el partido que promovió ambas normativas.

Tanto los votantes del PP como los de Vox, aunque en menor medida que el electorado de izquierdas, están más de acuerdo que en desacuerdo con la idea de que las víctimas de la Guerra Civil fueron tratadas de forma desigual según el bando y con que los crímenes del franquismo deberían ser juzgados.

De hecho, las primeras leyes de memoria las formuló Francisco Franco. El dictador solicitó un censo de desaparecidos de la guerra; encargó un protocolo de exhumación, preservó por ley las fosas comunes para que no se construyera sobre ellas; concedió “medallas al sufrimiento por la patria”; generosas pensiones vitalicias a las viudas y se llevaron a cabo homenajes a los caídos por todo el país. Todo esto exclusivamente para las víctimas de su bando, el vencedor. Por el contrario, las familias de los vencidos no pudieron ni siquiera enterrar a sus muertos. Las leyes de memoria aprobadas en democracia buscan reparar a las víctimas que no recibieron reparación alguna en dictadura, pero amparan por igual a las familias de ambos bandos. De hecho, como explicaba recientemente el forense Francisco Etxeberria en este periódico, de los 18.000 esqueletos recuperados en fosas comunes desde el año 2000 (siete antes de la primera ley) hasta hoy, solo 200 son de víctimas a manos del bando republicano.

El traslado en 2019 de los restos de Franco del Valle de Cuelgamuros -el monumento que el dictador ideó para inmortalizar su victoria en la Guerra Civil- hasta el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo, divide a los españoles: el 46% está “de acuerdo” o “muy de acuerdo”, y el 40,9% “en desacuerdo” o “muy en desacuerdo”. Respecto a la reciente derogación de las leyes regionales de memoria por parte del PP y Vox -una medida contra la que alertaron relatores de Naciones Unidas-, el 44,7% la desaprueba mientras que el 36,9% la apoya. Otras iniciativas generan mucho más consenso, como la apertura de fosas del franquismo para devolver los restos de las víctimas a sus familias (el 68,9% está a favor) o la eliminación de símbolos franquistas del espacio público (el 58,1% considera que debe hacerse).

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Por electorados, tanto la derecha como la izquierda coinciden en que las fosas deben ser abiertas, aunque los votantes de la derecha muestran mucho menos entusiasmo que los de la izquierda, y los de Vox están más a favor que los del PP. En el caso de la eliminación de símbolos, los seguidores del partido de Alberto Núñez Feijóo y los de la formación encabezada por Santiago Abascal son más reacios que favorables; lo mismo ocurre con el traslado de los restos de Franco. Los votantes del PP apoyan la derogación de las leyes de memoria regionales, aunque con menos entusiasmo que los votantes de la extrema derecha, que presionaron a los populares a eliminar estas normas en las comunidades donde las necesitaban para cumplir con los presupuestos autonómicos.

Aunque la mayoría de la población (82,1%) considera que la muerte de Franco hace ahora 50 años supuso “un cambio total” o “importante”; y casi el 70% sostiene que ese cambio fue “para bien”, el 72,7% ve “poco” o “nada necesario” la realización de una conmemoración pública de dicha efeméride. El Gobierno ha organizado, mediante un comisionado especial, más de 150 actos relacionados con la gran transformación del país tras la muerte del dictador y planea otros 480 para el resto del año, pero curiosamente este jueves no habrá un gran acto oficial. “Lo que celebramos no es la muerte de Franco, sino el principio del fin, la progresiva recuperación de libertades”, ha afirmado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

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La huella del franquismo

La mayoría de los españoles considera que las consecuencias del franquismo se perciben todavía hoy en algunos sectores, fundamentalmente, en la política (señalada por el 59%); la Iglesia (56,8%); la sociedad en general (56,5%); el ejército (51,5%) y en menor medida, las fuerzas y cuerpos de seguridad (49,6%) y el Poder Judicial (46,8%). En todos los casos, son los electorados de izquierdas quienes perciben más consecuencias y las generaciones jóvenes identifican más huellas del franquismo, especialmente en la política, que los mayores que lo vivieron.

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Casi siete de cada diez opina que Vox mantiene “vínculos ideológicos o simbólicos con el franquismo”; seguido por el PP (48,1%). Todos los votantes, incluidos los de Abascal, identifican esos vínculos de la extrema derecha con el franquismo, mientras que solo los votantes de izquierda vinculan a los populares con esa etapa. Por franjas de edad, los mayores perciben esa conexión de Vox con el franquismo en una medida mucho mayor (diez puntos de diferencia) que los jóvenes. El partido de Abascal ha llegado a decir en el Congreso que el actual es “el peor Gobierno en 80 años” y que gracias a las redes sociales los jóvenes están “descubriendo” que la dictadura fue “una etapa de reconciliación, unidad y progreso”.

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