Renfe critica la «deslealtad» de la Comunidad de Madrid por sus «ataques y mentiras» y exige 47 millones.


Renfe Viajeros ha interpuesto un requerimiento judicial contra el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) por la falta de pago de 47.141.915,16 euros que considera que le debe la Comunidad por las compensaciones estipuladas en el convenio que regula el uso de los títulos del Abono Transporte en los servicios de Cercanías Madrid. En un comunicado contundente, la compañía critica también “la total deslealtad institucional de la Comunidad de Madrid, cuyos continuos ataques y falsedades buscan desacreditar el servicio público de Cercanías y, por ende, al Gobierno de España”.

La empresa detalla que este convenio fue firmado el 17 de septiembre de 2024 y prorrogado el 20 de diciembre de ese mismo año. Según este acuerdo, el CRTM se comprometió a pagar a Renfe Viajeros, parte del Consorcio, una compensación económica por el uso del Abono Transporte en los servicios de Cercanías Madrid, además de una cantidad adicional por la recarga de dichos abonos en las instalaciones gestionadas por Renfe.

El requerimiento señala que se han presentado facturas correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2025, por importes de 15.259.698,20 euros, 11.944.045,44 euros y 19.810.078,89 euros, así como las facturas por la comisión acordada para la recarga de esos abonos en las instalaciones gestionadas por la empresa. Según Renfe, si no se abonan las mensualidades, la deuda acumulada podría alcanzar cerca de 100 millones de euros a final de año.

En su exposición, la empresa pública recordó que, en el último cuatrimestre de 2022, las bonificaciones al transporte público aprobadas por el Gobierno fueron asumidas total o parcialmente por este. Así, argumentó que es responsabilidad de la Comunidad transferir a Renfe el importe de las tarifas pagadas por los usuarios de Cercanías.

Sin embargo, según Renfe, el CRTM “no ha realizado el pago en el plazo establecido, sin cuestionar en ningún momento la validez de las facturas ni los montos facturados”. En este contexto, ha alertado que esta situación “constituye un grave incumplimiento contractual, que está generando perjuicios financieros a la empresa pública y obligándola a asumir un endeudamiento adicional debido al impago”.

Denuncia que el Gobierno de Ayuso da “cifras falsas”

Además, desde Renfe han expresado su rechazo a las afirmaciones “falsas” proferidas por la Comunidad de Madrid sobre las incidencias en el servicio de Cercanías, denunciando la “manipulación” de datos por parte del Ejecutivo regional. “Se difunden cifras incorrectas mientras reconocen no tener información real y, a su vez, ocultan las incidencias registradas en otros operadores integrados en el CRTM, como Metro, EMT o los servicios interurbanos”, ha indicado.

Renfe ha resaltado que las incidencias de Cercanías Madrid son comunicadas “en tiempo real” a los usuarios y se publican mensualmente en el Portal de Transparencia de Renfe. También ha recordado que el responsable del servicio de Cercanías Madrid es el Ministerio de Transportes y que la integración en el CRTM se limita al ámbito tarifario, “justamente el área donde la Comunidad de Madrid incumple al apropiarse de ingresos que no le corresponden”.

En esta dirección, Renfe ha denunciado “la total deslealtad institucional de la Comunidad de Madrid, cuyos constantes ataques y falsedades buscan desacreditar el servicio público de Cercanías y, por ende, al Gobierno de España”.

La semana pasada, el Consorcio Regional de Transportes envió una carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, solicitando el pago de “los 250 millones de euros que adeuda” y que “invierta en Cercanías” para renovar materiales e instalaciones. Puente respondió que no se debía ni un “céntimo de euro” a la Comunidad de Madrid.

El comunicado de Renfe afirma que continuarán “reforzando y mejorando” el servicio de Cercanías Madrid “incluso para compensar las deficiencias de otros operadores del sistema de transporte madrileño”. “Todo ello mientras el CRTM mantenga un uso partidista de un organismo que debería estar enfocado en la coordinación y mejora del transporte público madrileño, y no en la confrontación política”, añadió la empresa pública.

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