Enfrentamiento en Cibeles por la vivienda asequible y la aprobación de la nueva normativa sobre terrazas en Madrid.

La sesión del Ayuntamiento de Madrid se transformó este martes en un espacio de intensa confrontación política, donde PP y PSOE se acusaban mutuamente de facilitar la venta de vivienda social a fondos de inversión y de no actuar contra el aumento de los desahucios. Las propuestas presentadas por PSOE y Más Madrid para expandir el parque público y establecer medidas contra los desalojos fueron desestimadas por PP y Vox, lo que condujo a un cruce de palabras que culminó en un tenso momento: la portavoz socialista Reyes Maroto dejó el hemiciclo tras ser objeto de acusaciones directas por parte del alcalde José Luis Martínez-Almeida sobre presuntos casos de corrupción.

El concejal socialista Pedro Barrero expresó que numerosas familias madrileñas enfrentan “un miedo real a perder su hogar”, mencionando los activos relacionados con Fundación Fusara o La Caixa, que podrían estar en manos de fondos buitre a pesar de haberse construido en terrenos municipales. Barrero acusó al Gobierno de Almeida de permitir que “un derecho básico se convierta en mercancía” y de eludir la aplicación de la Ley de Vivienda estatal. Cifras alarmantes indicaron que solo el 0,6 por ciento de las viviendas en la capital forman parte del parque público y que los alquileres han aumentado más de un 40 por ciento en cinco años, con 60.000 personas esperando por una vivienda.

Desde el PP, el delegado de Vivienda, Álvaro González, replicó calificando la intervención de Barrero como “demagogia pura y dura”, acusándolo de tener “cara de cemento” y criticando al PSOE por el hecho de que el Gobierno central “no ha construido viviendas en Madrid en siete años”. También negó que la EMVS pudiera ser vista como un fondo buitre y censuró a la izquierda por ignorar a los afectados de la Seguridad Social o a Sareb.

Vox, alineado con los populares, desestimó la propuesta por su “intervencionismo” y propuso medidas como liberalizar suelo, agilizar licencias o suprimir impuestos como ICIO y plusvalías, argumentando que las soluciones de la izquierda “encarecen aún más el acceso a la vivienda”.

Más Madrid exige la compra de viviendas para la EMVS y critica al área de Vivienda como “incompetente”

La segunda propuesta, presentada por Más Madrid, solicitaba que el Ayuntamiento iniciara negociaciones para adquirir edificios en manos de fondos y destinarlos al alquiler asequible. Su concejala Lucía Lois acusó al delegado González de declararse “incompetente pleno tras pleno” y le exigió que renunciara a su cargo para “ahorrar a los madrileños el millón de euros que cuesta mantenerlo”.

Lois denunció que en áreas como Vicálvaro se está permitiendo la venta de terreno público para la especulación y advirtió que Madrid está viviendo “una expulsión sistemática de población”, dominada por inversores que “se benefician de los salarios de los madrileños”. El PP rechazó la propuesta, sosteniendo que una compra masiva sería “una vergüenza” y que tardarían 250 años en incorporar las viviendas sugeridas.

A pesar del respaldo de PSOE y Más Madrid, ambas propuestas fueron desestimadas por los votos de PP y Vox, dejando el debate sobre la vivienda en uno de sus puntos más tensos de los últimos años.

La nueva ordenanza de terrazas es aprobada: más sanciones, mismos horarios y protestas vecinales

En la misma sesión, el pleno aprobó —con el apoyo del PP y la abstención de Vox— la nueva Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería, que regulará la actividad de más de 6.000 terrazas y que entrará en vigor en 2026. PSOE y Más Madrid votaron en contra.

La vicealcaldesa Inma Sanz defendió la normativa, asegurando que busca “equilibrar intereses” y que la ordenanza “ordena sin prohibir”, reforzando el régimen sancionador. Las novedades incluyen multas más elevadas por ruido, sanciones graves por no retirar terrazas al final del día y categorías de faltas “muy graves” por obstaculizar ambulancias o cerrar estructuras en áreas de tránsito. También se acelerarán licencias y se reducirá la burocracia.

La oposición criticó que la ordenanza “beneficia a la hostelería frente al descanso vecinal”. Más Madrid la describió como “dictada por el lobby hostelero”, mientras que el PSOE afirmó que se aprobó “con prisa” y sin consenso.

Frente a Cibeles, asociaciones vecinales agrupadas bajo el lema “Terrazas sí, pero no así” protestaron contra un texto que consideran “incompatible con la Ley del Ruido” y sin un estudio de impacto ambiental adecuado. Exigen más control municipal y mayor participación ciudadana en la Comisión de Terrazas.

A pesar de las críticas, la ordenanza fue aprobada y comenzará a implementarse a inicios de 2026.