Castilla-La Mancha organiza, Madrid actúa sin plan.

En medio de la temporada de alto riesgo de incendios, las diferencias en la gestión forestal entre Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid se han vuelto a hacer evidentes. Lo que ya se evidenció con el temporal Filomena, cuando las carreteras de Castilla-La Mancha permanecieron libres de nieve mientras Madrid se colapsaba, se repite ahora en el ámbito de los montes y la prevención de incendios.

Mientras que en Castilla-La Mancha se ha establecido desde hace años una plantilla estable de profesionales forestales y un dispositivo operativo durante los 365 días del año, en Madrid el gobierno de Isabel Díaz Ayuso sigue optando por un modelo de contratos precarios de apenas tres meses, lo que deja a los equipos en una situación de incertidumbre laboral y con una capacidad reducida justo en el momento más crítico de la campaña de incendios.

La consecuencia es evidente. En Castilla-La Mancha se han implementado recursos permanentes que permiten actuar no solo durante los incendios, sino también en las labores de prevención, limpieza de montes y planificación técnica, mientras que en Madrid se enfrenta a un panorama de huelgas de bomberos forestales y déficits en la organización, que ponen en riesgo la seguridad de la población y del medio ambiente.

Contraste claro

Este contraste ha sido mencionado en numerosas ocasiones por los propios trabajadores. En Madrid, los sindicatos han denunciado la temporalidad estructural de los contratos, que obliga a muchos profesionales a irse a otras comunidades en busca de empleo estable. Esto conlleva una pérdida de experiencia acumulada, un factor esencial en la lucha contra el fuego. Por el contrario, en Castilla-La Mancha el Gobierno autonómico ha defendido un modelo que refuerza la estabilidad del personal, asegurando su permanencia durante todo el año y, por ende, su capacidad para enfrentar episodios extremos como olas de calor, fuertes vientos o tormentas secas.

La misma disparidad se evidenció durante la gran nevada de 2021. En aquella ocasión, Filomena bloqueó gran parte de Madrid durante días, con vecinos atrapados y servicios sobrecargados, mientras que en Castilla-La Mancha, con un dispositivo permanente de carreteras y emergencias, las principales vías se mantuvieron limpias y accesibles en un plazo mucho más corto. Esta situación se convirtió en un símbolo de dos modelos de gestión opuestos: el de la planificación y refuerzo de lo público frente al de la improvisación y la precariedad.

En lo que respecta a los incendios, los datos hablan por sí solos. Madrid ha tenido que lidiar con paros y protestas de sus brigadas forestales en plena campaña, mientras que Castilla-La Mancha ha mantenido operativos todos sus equipos. La diferencia en inversión y planificación tiene repercusiones directas: menos superficie devastada, mayor capacidad de respuesta y una mejor protección del patrimonio natural en la comunidad castellanomanchega.

12 meses del año

La estrategia de Ayuso, fundamentada en contratos de corta duración y externalización de servicios, contrasta con la perspectiva de Castilla-La Mancha, donde el personal de Infocam trabaja los doce meses del año. Esto no solo disminuye el riesgo de grandes incendios, sino que también permite una gestión continua del territorio, con tratamientos preventivos que en Madrid simplemente no se realizan por falta de personal durante los meses de otoño e invierno.

Esta comparación vuelve a cuestionar el discurso del Partido Popular, que se jacta de su gestión pero acumula episodios de caos en Madrid cada vez que se pone a prueba su sistema de emergencias. Castilla-La Mancha, con menos recursos globales que la Comunidad de Madrid, ha demostrado que, con planificación y compromiso hacia los servicios públicos, se garantiza una respuesta eficaz ante cualquier adversidad.