España se une a las conversaciones con el principal grupo criminal de Colombia.
España ha tomado recientemente un asiento en una discreta sala de Doha, distante de las selvas donde el mayor grupo criminal de Colombia ejerce su dominio. Sin grandes anuncios, el Gobierno español ha enviado a una delegada a la mesa que se ha instalado en Qatar, donde el Clan del Golfo y el Ejecutivo de Gustavo Petro evalúan hasta dónde puede avanzar uno de los capítulos más delicados en la política de paz total. Esta es la primera ocasión en que España se involucra en un diálogo con este grupo, sucesor del paramilitarismo y controlador de una gran parte del narcotráfico del país. Este paso, confirmado por EL PAÍS a través de fuentes implicadas en el proceso, reafirma la posición de España como un actor internacional en un complejo y controvertido esfuerzo por la paz en Colombia.
La entrada de España —que completa el equipo mediador que ya incluyen a Suiza, Noruega y Qatar— se produce en un momento crítico. Petro se encuentra en la recta final de su mandato y necesita demostrar que su enfoque de negociar con todos los grupos criminales simultáneamente da resultados. A pesar de las conversaciones en curso con guerrillas, disidencias de las extintas FARC y bandas criminales, la violencia no ha disminuido. Al contrario, los grupos armados se han fortalecido. Según organizaciones especializadas en el conflicto armado colombiano, falta una estrategia coordinada y un marco claro para controlar a las organizaciones criminales. International Crisis Group advierte que “en varias regiones, los grupos armados han utilizado la tregua para expandir su influencia”.
España no llega a Doha como un actor ajeno al esfuerzo de paz colombiano, que mantiene hasta 13 mesas de negociación simultáneamente, con resultados variados. Desde los años noventa, ha estado involucrada en diversas iniciativas y, a partir de 2023, forma parte del grupo de países que apoya oficialmente las negociaciones con el ELN, la última guerrilla activa en Colombia. El Gobierno de Petro comenzó conversaciones de paz con el ELN en 2022, pero se han suspendido hace casi un año tras una serie de ataques de esa guerrilla en la región del Catatumbo, en el noreste del país, que resultaron en casi un centenar de muertes y el desplazamiento de 60,000 campesinos.
En ese proceso, el papel de Madrid ha sido discreto, más orientado hacia el apoyo político y técnico que a la comunicación directa. Sin embargo, su involucramiento en el diálogo con el Clan del Golfo, conocido también como Ejército Gaitanista de Colombia, representa un avance significativo: ahora está directamente implicada en la negociación más sensible con el principal actor criminal del país.
¿Por qué eligieron Qatar y Colombia a España? “España es un socio de confianza para Colombia. Y para Qatar, es crucial porque representamos a América Latina”, señala una fuente cercana a las negociaciones de paz. “Los árabes comprenden bien la influencia de la Historia en las sociedades, y nosotros [los colombianos] también”.
A esto se suman razones más prácticas: “España no es ajena a esta situación. El Clan del Golfo tiene presencia hasta en Algeciras”, concluye la misma fuente. Además, España ha jugado un papel (silencioso pero constante) en la implementación del acuerdo con las FARC y en la mesa del ELN.
Para Madrid, el control del entorno criminal en Colombia es esencial, puesto que, entre otras cosas, notables capos del narcotráfico colombiano terminan estableciéndose en España, donde llevan a cabo sus negocios. Entre los casos recientes se encuentra el de Freddy Castillo, conocido como Pinocho, señalado como líder de una estructura paramilitar en el norte de Colombia y capturado en 2022 en la capital española. Otro caso es el de Julio Lozano Pirateque, alias Patricia, un narcotraficante que los servicios de inteligencia colombiana han ubicado actualmente en suelo español.
Las conversaciones en Doha surgieron en un esfuerzo desesperado por salvarlas. Sin un marco jurídico claro y tras meses de bloqueos y mensajes confusos del Clan del Golfo, el grupo se negó a continuar dialogando en Colombia, exigiendo un entorno neutral. El Gobierno colombiano aceptó trasladar las negociaciones a Qatar, donde en septiembre se firmó el acuerdo de Doha, una hoja de ruta que combina los primeros pasos hacia la desescalada de la violencia, que se implementarán en forma de proyecto piloto en cinco municipios en el noroeste del país.
La paz será probada en una franja selvática de difícil acceso que conecta el Caribe con el Tapón del Darién. Esta región, atravesada por rutas del narcotráfico y conflictos armados, se caracteriza por ríos, selva, oro y madera; es hogar de comunidades indígenas y afrodescendientes donde la presencia del Estado es escasa y casi siempre armada. En esta zona, el Clan del Golfo opera como una autoridad de facto. Una de las prioridades será poner fin al reclutamiento infantil, un desafío que requiere que el Estado —históricamente ausente en la región— despliegue una oferta real de seguridad y futuras oportunidades para los niños.
El Clan del Golfo tiene sus orígenes en los restos del paramilitarismo y ha crecido con el narcotráfico. En pocos años, ha evolucionado de ser una estructura regional en el noroeste del país a un engranaje criminal con presencia en gran parte de Colombia y conexiones internacionales. Su poder no se basa únicamente en las armas, sino también en su capacidad para controlar territorios, gestionar economías ilegales y reestructurarse tras la caída de un líder. Es uno de los elementos más desafiantes de lidiar en el rompecabezas de la paz.



