España se une a las conversaciones con el principal grupo delictivo de Colombia.

España ha tomado un lugar en una sala discreta de Doha, lejos de las selvas donde el mayor grupo criminal de Colombia ejerce su dominio. De manera silenciosa y sin aviso previo, el Gobierno español ha sumado a una delegada en la mesa establecida en Qatar, donde el Clan del Golfo y el Ejecutivo de Gustavo Petro evalúan hasta dónde puede progresar uno de los capítulos más delicados de la política de paz total. Esta es la primera ocasión en que España se involucra en un diálogo con este grupo, heredero del paramilitarismo y controlador de gran parte del narcotráfico en el país. Este movimiento, corroborado por EL PAÍS a través de fuentes implicadas en el proceso, restablece a España como un actor internacional en un proceso de paz colombiano, ahora en una de las negociaciones más complicadas y controvertidas.

La llegada de España —que completa el equipo mediador que ya contaba con Suiza, Noruega y Qatar— ocurre en un momento crucial. Petro se encuentra en la etapa final de su mandato y necesita demostrar que su apuesta por negociar con todos los grupos criminales simultáneamente genera algún fruto. A pesar de las negociaciones en curso con guerrillas, disidencias de las extintas FARC y bandas criminales, la violencia no ha disminuido. Al contrario, los grupos armados han cobrado más fuerza. Falta una estrategia coordinada y un marco claro para someter a las organizaciones criminales, indican expertos en el conflicto armado colombiano. El International Crisis Group advierte que “en varias regiones, los grupos armados han aprovechado la tregua para expandir su influencia”.

España no se presenta en Doha como un actor indiferente al esfuerzo de paz colombiano que mantiene simultáneamente hasta 13 mesas de conversación, con resultados variados. Desde la década de los noventa, ha estado involucrada en diferentes iniciativas, y desde 2023, forma parte del grupo de países que oficialmente acompaña las negociaciones con el ELN, la última guerrilla activa de Colombia. La administración de Petro inició diálogos de paz con este grupo en 2022, pero estos se han suspendido casi un año tras una oleada de ataques de dicha guerrilla en la región del Catatumbo, en el noreste del país, que dejó casi un centenar de muertos y desplazó a 60.000 campesinos.

En ese proceso, el rol de Madrid fue discreto, más relacionado con el acompañamiento político y técnico que con la interlocución directa. Sin embargo, su participación en el diálogo con el Clan del Golfo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia, representa un avance significativo: se involucra en la negociación más delicada con el mayor actor criminal del país.

¿Por qué Qatar y Colombia optaron por España? “España es un socio de confianza para Colombia. Y para Qatar, es relevante porque estamos hablando de América Latina”, afirma una fuente cercana a las negociaciones de paz. “Los árabes entienden muy bien el impacto de la Historia en las sociedades. Nosotros [los colombianos] también”.

A esto se añaden motivaciones más prácticas: “España no es ajena a este escenario. El Clan del Golfo llega hasta Algeciras”, concluye esta fuente. Además, España ha tenido un rol (silencioso pero sostenido) en la implementación del acuerdo con las FARC y en la mesa del ELN.

Para Madrid, el control del panorama criminal en Colombia es crucial porque, entre otras razones, importantes capos de la droga colombianos terminan radicados en España, donde residen y realizan negocios. Entre los casos más recientes se encuentra el de Freddy Castillo, alias Pinocho, presunto líder de una estructura paramilitar en el norte colombiano, capturado en 2022 en la capital española. También está el caso de Julio Lozano Pirateque, conocido como Patricia, jefe narcotraficante que los servicios de inteligencia colombianos ubican actualmente en territorio español.

Las negociaciones en Doha surgieron con la intención desesperada de mantenerlas. Sin un marco jurídico claro y tras meses de bloqueos y comunicaciones ambiguas del Clan del Golfo, el grupo se rehusó a continuar dialogando en Colombia y exigió un entorno neutral. El Gobierno colombiano accedió a trasladar la mesa a Qatar, donde en septiembre se firmó el acuerdo de Doha, una hoja de ruta que combina los primeros gestos de desescalamiento de la violencia que se implementarán como un proyecto piloto en cinco municipios del noroeste del país.

La paz se pondrá a prueba en una región selvática de difícil acceso que conecta el Caribe con el Tapón del Darién. Un área atravesada por rutas de narcotráfico y conflictos armados, poblada de ríos, selvas, oro y madera; de comunidades indígenas y afro en las que el Estado está ausente y casi siempre armado. En esta zona, el Clan del Golfo actúa como autoridad de facto. Una de las prioridades será erradicar el reclutamiento infantil, un reto que requiere que el Estado —históricamente ausente en la región— despliegue una oferta real de seguridad y futuro para los niños.

El Clan del Golfo se originó de los remanentes del paramilitarismo y creció junto con el narcotráfico. En pocos años pasó de ser una estructura regional del noroeste del país a una organización criminal con presencia en gran parte de Colombia y conexiones internacionales. Su poder no depende solo de su arsenal, sino también de su habilidad para controlar territorios, mover economías ilegales y reconfigurarse cada vez que pierde a un líder. Es uno de los elementos más difíciles de modificar en el rompecabezas de la paz.