España se une a las conversaciones con el principal grupo delictivo de Colombia.
España ha tomado un asiento en una discreta sala de Doha, alejada de las selvas donde el mayor grupo criminal de Colombia ejerce su control. Silenciosamente y sin previo aviso, el Gobierno español ha añadido a una delegada a la mesa instalada en Qatar, donde el Clan del Golfo y el Ejecutivo de Gustavo Petro evalúan hasta dónde puede avanzar uno de los capítulos más sensibles de la política de paz total. Esta es la primera vez que España se involucra en un diálogo con este grupo, que es heredero del paramilitarismo y sujeta del narcotráfico en gran parte del país. Este movimiento, confirmado por EL PAÍS mediante fuentes relacionadas con el proceso, reafirma la posición de España como un actor internacional en el proceso de paz colombiano, ahora en una de sus negociaciones más complejas y controversiales.
La incorporación de España —que completa el equipo mediador que ya incluía a Suiza, Noruega y Qatar— ocurre en un momento crucial. Petro se encuentra en la recta final de su mandato y necesita demostrar que su estrategia de diálogo con todos los grupos criminales simultáneamente ofrece resultados. A pesar de las negociaciones con guerrillas, disidencias de las extintas FARC y bandas criminales, la violencia no ha disminuido. En realidad, los grupos armados han ganado fuerza. Falta una estrategia coordinada y un marco claro para someter a las organizaciones criminales, según organizacione especializadas en el conflicto armado colombiano. International Crisis Group advierte que “en varias regiones, los grupos armados han utilizado la tregua para expandir su influencia”.
España no aparece en Doha como un actor ajeno al esfuerzo de paz colombiano, que mantiene en simultáneo hasta 13 mesas de diálogo, con resultados variados. Desde los años noventa, ha participado en diversas iniciativas, y desde 2023 forma parte del grupo de países que oficialmente acompaña la negociación con el ELN, la última guerrilla de Colombia. El Gobierno de Petro inició las conversaciones de paz con el ELN en 2022, pero las mismas se han suspendido desde hace casi un año, luego de una serie de ataques de esa guerrilla en la región del Catatumbo, en el noreste del país, que resultaron en casi un centenar de muertes y el desplazamiento de 60,000 campesinos.
En este contexto, el papel de Madrid ha sido discreto, vinculado más al acompañamiento político y técnico que a una interlocución directa. Sin embargo, su participación en el diálogo con el Clan del Golfo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia, representa un avance significativo: se involucra en la negociación más sensible con el mayor actor criminal del país.
¿Por qué Qatar y Colombia consideraron a España? “España es un socio confiable para Colombia. Y para Qatar, es relevante porque hablamos de América Latina,” señala una fuente cercana a las negociaciones de paz. “Los árabes comprenden claramente el impacto de la Historia en las sociedades. Nosotros [los colombianos] también.”
Asimismo, hay motivaciones más prácticas: “España no es ajena a esta situación. El Clan del Golfo tiene presencia hasta en Algeciras,” concluye esta fuente. Además, España ha tenido un papel (silencioso pero sostenido) en la implementación del acuerdo con las FARC y en las mesas del ELN.
Para Madrid, controlar el entorno criminal en Colombia es esencial, ya que grandes capos del narcotráfico colombiano establecen su residencia en España, donde llevan a cabo sus negocios. Entre los casos más recientes se encuentra el de Freddy Castillo, conocido como Pinocho, señalado como líder de una estructura paramilitar en el norte colombiano y capturado en 2022 en la capital española. Otro caso es el de Julio Lozano Pirateque, alias Patricia, un narcotraficante que los servicios de inteligencia colombianos rastrean actualmente en territorio español.
Las conversaciones en Doha surgieron como un intento urgente por revitalizarlas. Sin un marco jurídico claro y tras meses de bloqueos y mensajes ambiguos del Clan del Golfo, este grupo rechazó continuar con el diálogo en Colombia y exigió un entorno neutral. El Gobierno colombiano aceptó trasladar la mesa a Qatar, donde en septiembre se firmó el acuerdo de Doha, un documento que combina los primeros pasos hacia la reducción de la violencia, que se llevarán a cabo en cinco municipios del noroeste del país como proyecto piloto.
La paz se probará en un área selvática de difícil acceso que conecta el Caribe con el Tapón del Darién; una región marcada por rutas relacionadas con el narcotráfico y conflictos armados, rica en ríos, selva, oro y madera; habitada por comunidades indígenas y afro, donde el Estado es casi ausente y frecuentemente armado. En esta zona, el Clan del Golfo actúa como autoridad de facto. Una de las prioridades será poner fin al reclutamiento infantil, un desafío que requiere que el Estado —históricamente ausente en esta área— implemente una oferta real de seguridad y futuro para los niños.
El Clan del Golfo se originó de los vestigios del paramilitarismo y creció al compás del narcotráfico. En pocos años, pasó de ser una estructura regional en el noroeste del país a una organización criminal con presencia en gran parte de Colombia y conexiones internacionales. Su fortaleza no radica únicamente en sus armas, sino también en su capacidad para controlar territorios, gestionar economías ilegales y reestructurarse tras la caída de un líder. Es uno de los actores más difíciles de mover en el complicado panorama de la paz.



