España se une a las conversaciones con el principal grupo delictivo de Colombia.


España ha tomado asiento en una discreta sala en Doha, alejada de las selvas donde el mayor grupo criminal de Colombia impone su ley. Sin ruido y sin previo aviso, el Gobierno español ha sumado una delegada a la mesa establecida en Qatar, donde el Clan del Golfo y el Gobierno de Gustavo Petro evalúan la viabilidad de avanzar en uno de los capítulos más delicados de la política de paz total. Es la primera vez que España se involucra en un diálogo con este grupo, heredero del paramilitarismo y dominante en gran parte del narcotráfico colombiano. Este movimiento, confirmado por EL PAÍS a través de fuentes cercanas al proceso, reubica a España como un actor internacional en el proceso de paz colombiano, participando ahora en una de sus negociaciones más complejas y controversiales.

La llegada de España —que completa el equipo mediador ya conformado por Suiza, Noruega y Qatar— se produce en un momento crucial. Petro se encuentra en la recta final de su mandato y necesita evidenciar que su estrategia de negociar con todos los grupos criminales simultáneamente da frutos. A pesar de las conversaciones abiertas con guerrillas, disidencias de las extintas FARC y bandas criminales, la violencia no ha disminuido. Al contrario, los grupos armados se han fortalecido. Se señala la falta de una estrategia coordinada y de un marco claro para someter a estas organizaciones criminales, según organizaciones especializadas en el conflicto colombiano. International Crisis Group advierte que “en varias regiones, los grupos armados han aprovechado la tregua para expandir su influencia”.

España no entra en Doha como un actor ajeno al esfuerzo de paz colombiano, que mantiene de manera simultánea hasta 13 mesas de diálogo, con resultados diversos. Desde los años noventa, ha participado en distintas iniciativas, y desde 2023 forma parte del grupo de países que oficialmente acompañan la negociación con el ELN, la última guerrilla activa en Colombia. El Gobierno de Petro inició conversaciones de paz con esta guerrilla en 2022, pero estas están suspendidas desde hace casi un año tras una ola de ataques en la región del Catatumbo, en el noreste del país, que provocó casi un centenar de muertes y desplazó a 60.000 campesinos.

En ese proceso, el papel de Madrid ha sido discreto, más enfocado en el acompañamiento político y técnico que en la interlocución directa. Sin embargo, su inclusión en el diálogo con el Clan del Golfo, que también se conoce como Ejército Gaitanista de Colombia, representa un avance significativo: se implica en la negociación más delicada con el mayor actor criminal del país.

¿Por qué Qatar y Colombia optaron por España? “España es un socio confiable para Colombia. Y para Qatar, es relevante porque hablamos de América Latina”, indica una fuente vinculada a las negociaciones de paz. “Los árabes comprenden bien el impacto de la historia en las sociedades. Nosotros [los colombianos] también”.

Además, hay razones más pragmáticas: “España no es ajena a todo esto. El Clan del Golfo llega hasta Algeciras”, concluye esta fuente. Asimismo, España ha desempeñado un papel (silencioso pero constante) en la implementación del acuerdo con las FARC y en la mesa del ELN.

Para Madrid, la supervisión del tablero criminal en Colombia es crucial, ya que varios grandes capos de la droga colombianos terminan estableciéndose en España, donde residen y hacen negocios. Entre los casos recientes se encuentra el de Freddy Castillo, conocido como Pinocho, señalado como líder de una estructura paramilitar en el norte colombiano y capturado en 2022 en la capital española. También está el caso de Julio Lozano Pirateque, alias Patricia, narcotraficante que los servicios de inteligencia colombianos ubican actualmente en suelo español.

Las conversaciones en Doha surgieron como un esfuerzo desesperado por reanimarlas. Sin un marco legal claro y tras meses de bloqueos y mensajes confusos del Clan del Golfo, el grupo se negó a continuar el diálogo dentro de Colombia y solicitó un entorno neutral. El Gobierno colombiano aceptó trasladar la mesa a Qatar, donde en septiembre se firmó el acuerdo de Doha, una hoja de ruta que combina los primeros gestos de desescalamiento de la violencia que se implementarán en forma de proyecto piloto en cinco municipios del noroeste del país.

La paz se probará en una franja selvática de difícil acceso que conecta el Caribe con el Tapón del Darién. Esta región, marcada por rutas del narcotráfico y conflictos armados, ríos, selva, oro y madera; y donde comunidades indígenas y afro están presentes, muestra la escasa intervención del Estado, que aparece casi siempre armado. Allí, el Clan del Golfo actúa como autoridad de facto. Una de las prioridades consistirá en erradicar el reclutamiento infantil, un reto que demanda que el Estado —históricamente ausente en la zona— ofrezca una verdadera alternativa de seguridad y futuro para los niños.

El Clan del Golfo se originó de los vestigios del paramilitarismo y se expandió con el narcotráfico. En poco tiempo, pasó de ser una estructura regional en el noroeste a convertirse en un engranaje criminal con presencia en gran parte de Colombia y conexiones internacionales. Su fuerza no radica únicamente en las armas, sino en su habilidad para controlar territorios, gestionar economías ilegales y reorganizarse cada vez que uno de sus líderes es capturado. Es una de las piezas más difíciles de mover en el complicado rompecabezas de la paz.

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