España se une a las conversaciones con el principal grupo delictivo de Colombia.

España acaba de tomar su lugar en una discreta sala en Doha, alejada de las selvas donde el mayor grupo criminal de Colombia impone su ley. Sin alardes ni anuncios previos, el Gobierno español ha designado a una delegada para unirse a la mesa instalada en Qatar, donde el Clan del Golfo y el Gobierno de Gustavo Petro evalúan hasta dónde puede avanzar uno de los capítulos más sensibles de la política de paz total. Es la primera vez que España participa en un diálogo con este grupo, heredero del paramilitarismo y dominio del narcotráfico en el país. Este movimiento, confirmado por EL PAÍS a través de fuentes involucradas en el proceso, posiciona nuevamente a España como un actor internacional en el proceso de paz colombiano, esta vez en una de sus negociaciones más difíciles y controvertidas.

La llegada de España —que completa el equipo mediador junto a Suiza, Noruega y Qatar— se produce en un momento clave. Petro se encuentra en la última etapa de su mandato y necesita evidenciar que su enfoque de negociar con todos los grupos criminales simultáneamente da frutos. A pesar de las negociaciones activas con guerrillas, disidencias de las extintas FARC y bandas criminales, la violencia no ha disminuido. Al contrario, los grupos armados han ganado fuerza. Según organizaciones dedicadas a estudiar el conflicto armado colombiano, es imperativo contar con una estrategia coordinada y un marco definido para someter a las organizaciones criminales. International Crisis Group alerta que “en varias regiones, los grupos armados han aprovechado la tregua para expandir su influencia”.

España no se presenta en Doha como un actor distante al esfuerzo de paz colombiano, que mantiene de manera simultánea hasta 13 mesas de negociación con resultados variados. Desde los años noventa, ha participado en múltiples iniciativas, y desde 2023 forma parte del grupo de países que respaldan oficialmente la negociación con el ELN, la última guerrilla activa en Colombia. El Gobierno Petro inició conversaciones de paz con esta organización en 2022, pero están suspendidas desde hace casi un año tras una serie de ataques de esa guerrilla en la región del Catatumbo, al noreste del país, que resultaron en casi un centenar de muertes y el desplazamiento de 60.000 campesinos.

En este proceso, el papel de Madrid fue discreto, más enfocado en el acompañamiento político y técnico que en una interlocución directa. Sin embargo, su participación en el diálogo con el Clan del Golfo, también denominado Ejército Gaitanista de Colombia, representa un avance significativo: se involucra en la negociación más crítica con el principal actor criminal del país.

¿Por qué Qatar y Colombia optaron por España? “España es un socio confiable para Colombia. Y para Qatar, es importante ya que hablamos de América Latina”, sostiene una fuente cercana a las negociaciones de paz. “Los árabes comprenden bien el impacto de la historia en las sociedades. Nosotros [los colombianos] también”.

A este aspecto se agregan razones más pragmáticas: “España no es ajena a esta situación. El Clan del Golfo tiene presencia hasta en Algeciras”, concluye la misma fuente. Además, España ha tenido un papel sostenido, aunque silencioso, en la implementación del acuerdo con las FARC y en la mesa del ELN.

Para Madrid, entender el tablero criminal en Colombia es crucial, dado que muchos de los grandes capos del narcotráfico colombiano terminan instalados en España, donde residen y realizan negocios. Entre los casos recientes se encuentra el de Freddy Castillo, apodado Pinocho, identificado como líder de una estructura paramilitar en el norte colombiano y detenido en 2022 en la capital española. Otro es el de Julio Lozano Pirateque, alias Patricia, un narcotraficante que los servicios de inteligencia colombianos han rastreado en suelo español.

Las conversaciones en Doha surgieron como un intento urgente de salvarlas. Sin un marco jurídico claro y tras meses de bloqueos y mensajes contradictorios del Clan del Golfo, el grupo se rehusó a seguir dialogando en Colombia y demandó un escenario neutral. El Gobierno colombiano aceptó trasladar la mesa a Qatar, donde en septiembre se rubricó el acuerdo de Doha, que establece una hoja de ruta que incluye los primeros gestos de desescalada de la violencia, los cuales se implementarán como un proyecto piloto en cinco municipios del noroeste del país.

La paz se probará en una región selvática de acceso complejo que conecta el Caribe con el Tapón del Darién. Un área marcada por rutas de narcotráfico y conflictos armados, rica en ríos, selva, oro y madera; con comunidades indígenas y afro en las que el Estado casi no se presenta, y cuando lo hace, es generalmente armado. En esta zona, el Clan del Golfo actúa como autoridad de facto. Una de las prioridades será poner fin al reclutamiento infantil, un reto que requiere que el Estado —históricamente ausente en esta área— implemente una oferta real de seguridad y oportunidades para los niños.

El Clan del Golfo surgió de los vestigios del paramilitarismo y se expandió con el narcotráfico. En pocos años, pasó de ser una estructura regional en el noroeste a convertirse en un engranaje criminal con presencia en gran parte de Colombia y conexiones internacionales. Su poder no solo se basa en las armas, sino en su habilidad para controlar territorios, mover economías ilegales y reorganizarse tras la caída de un líder. Es una de las piezas más difíciles de mover en el rompecabezas de la paz.