El juez solicita la entrega del empresario involucrado en el caso Leire por haber contratado a un agente de la Audiencia Nacional.

Este movimiento se da después de que Hamlyn no se presentara el 24 de junio ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, que lo había citado para declarar sobre estos hechos en calidad de investigado, argumentando que tiene prohibido salir de Emiratos Árabes -donde se estableció antes de reunirse con Leire Díez en un despacho de Madrid- debido a una supuesta investigación en ese país por una deuda de 30.000 dirhams (alrededor de 7.000 euros al cambio).

Para el juez, se trata de una «excusa débil ante un razonamiento lógico»- según el auto al que ha tenido acceso ABC- «pues la supuesta deuda que menciona como impedimento para salir de Emiratos Árabes Unidos, sin importar su veracidad, no es de una cantidad que resulte complicada de satisfacer para una persona en su situación económica, como se evidencia en las actuaciones, siendo por lo tanto un mero pretexto poco creíble para justificar, sin base lógica, su incomparecencia el 24 de junio de 2025 ante este órgano judicial».

Así, siguiendo el criterio de la Fiscalía, De Jorge pidió al Gobierno el pasado 2 de julio que solicitara formalmente la extradición de Hamlyn a las autoridades de Emiratos Árabes por posibles delitos de revelación de secretos, contra la intimidad y cohecho, sin que hasta ahora se haya trascendido esta solicitud. «La concurrencia de todos estos delitos presuntamente cometidos de manera continuada por el investigado podría conllevar penas que alcanzarían los 16 años de prisión», razonó el magistrado, quien ya había solicitado la búsqueda, detención e ingreso en prisión del empresario.

Sin consentimiento

Asimismo, el juez envió una comisión rogatoria a Emiratos Árabes para indagar sobre la supuesta prohibición de salir de su territorio y preguntar si, en caso de presentar una fianza adecuada, se levantaría la medida, así como si sería posible que una tercera persona la aportara sin el consentimiento del investigado.

Hamlyn, a quien la sala de lo Penal ya declaró en rebeldía el pasado junio por no asistir a un juicio pendiente sobre un fraude en el sector de los hidrocarburos de más de 150 millones de euros -por el cual enfrenta 89 años de cárcel-, tuvo acceso a información restringida durante años, incluida su ficha policial, que le era proporcionada por un agente asignado a la Unidad de Policía Judicial de la Audiencia Nacional (UPJAN).

Este agente, J.M., fue detenido en 2023 y luego puesto en libertad por vender información confidencial a ciudadanos sirios y a su abogada, quienes están siendo investigados en una causa por narcotráfico y blanqueo de capitales. Sin embargo, no fueron los únicos.

Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, el análisis de dispositivos reveló que en la lista de clientes del agente también se encontraba Hamlyn, quien, como presidente del Grupo Hafesa, dedicado a la distribución de petróleo, habría adquirido «a través de sobornos y dádivas» información secreta o reservada que el policía obtenía «accediendo de forma no justificada ni autorizada» a diversas bases de datos policiales: SIDENPOL (la base que agrupa todas las denuncias interpuestas en cualquier dependencia de la Policía Nacional), además de varios documentos y fichas de otras bases de datos de uso exclusivo policial, como OBJETOS (consulta de vehículos y otros objetos implicados en hechos policiales) o ARGOS, PERSONAS y ORION, que se centran en personas de interés policial. Entre ellos se encontraban individuos y empresas vinculados al sector de los hidrocarburos.

Así lo corroboró la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional, que documentó en un informe de junio de 2023 -adelantado por ‘The Objective’- que Hamlyn «ha mantenido una relación continua respecto a la compra de secretos policiales al funcionario investigado, tal como se deduce del hecho de que, de abril a noviembre de 2020, ambos sostuvieron numerosas conversaciones relacionadas con personas y empresas del sector de hidrocarburos». Los investigadores identificaron hasta 42 perjudicados por esta divulgación ilegal de datos personales incluidos en ficheros policiales.

«Cotejadas las respuestas de la Comisaría Especial de la Audiencia Nacional a la solicitud de comprobaciones sobre la existencia de justificación laboral de las consultas concretas a las Bases de Datos de la Policía Nacional realizadas por J.M. en relación a sus conversaciones con Alejandro Hamlyn, se verifica que estas consultas carecen de justificación laboral», señala el informe.

«Hay mucho por hacer»

Para la Policía es «especialmente destacable» un mensaje que el agente J.M. envió a Hamlyn, en el que le preguntaba cuándo se iba a la petrolera con ellos. «Hay mucho por hacer», le respondió el empresario. Además, el análisis de sus dispositivos también reveló mensajes del funcionario con otras personas asociadas al Grupo Hafesa, además de Hamlyn, principalmente altos directivos de la empresa, como el CEO o su director de seguridad, en los que -según la UAI- se empleaba el «mismo mecanismo de contacto y revelación de información de las bases de datos policiales».

Según las investigaciones, a cambio, Hafesa habría abonado, a través de su esposa, 4.250 euros mensuales desde noviembre de 2022 hasta su detención en junio de 2023. El juez ya ha imputado a la petrolera y ha citado a su representante legal el 23 de septiembre.