Moncloa concentra el 93% del presupuesto destinado a los bosques, pero responsabiliza a las comunidades autónomas de evadir su responsabilidad.

«Si cada vez que hay un problema salgo corriendo y la culpa es de Papá Estado, entonces tenemos un problema». De esta manera se expresó el pasado lunes Óscar López, ministro para la Transformación Digital y la Función Pública. Con estas palabras, respondía a las críticas de varios gobiernos autonómicos sobre la gestión de los incendios llevada a cabo por Moncloa.

López fue más allá al acusar a las comunidades gobernadas por el PP de «escurrir el bulto» y de «borrarse» frente a un drama que ha dejado cuatro víctimas mortales y ha devastado alrededor de 350.000 hectáreas. No fue el único en manifestarse; la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también subrayó que la responsabilidad recae en los Ejecutivos autonómicos.

Es evidente que las autonomías desempeñan un papel crucial en la prevención de incendios. Sin embargo, es el Estado el que asume la gran mayoría del presupuesto destinado a la gestión forestal en nuestro país. Los datos oficiales clarifican el debate.

Las últimas directrices de acción e inversión para la gestión de bosques se encuentran en los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Estas fueron las últimas cuentas que el Gobierno de Pedro Sánchez logró aprobar en el Parlamento. Desde entonces, España funciona con Presupuestos prorrogados.

Los de 2024 se han replicado este año y indican que el Estado absorbe el 93% del presupuesto destinado a la denominada «Gestión forestal sostenible». Esta partida asciende a 91 millones de euros y está asignada al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Se complementa con otros 6,3 millones concedidos a las comunidades autónomas, resultando en un total de 97,3 millones de euros.

Financiación con fondos europeos

En los Presupuestos, el Gobierno asigna esta cifra en el apartado correspondiente al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esto significa que la mayor parte del gasto proviene de los fondos Next Generation, es decir, de las subvenciones que la Unión Europea otorga a sus miembros desde la pandemia a cambio de reformas.

Como adelantó Vozpópuli, los fondos europeos destinados a la gestión forestal, que es la acción básica para la prevención de incendios, están llegando con cuentagotas. En la primera mitad de 2025, el Gobierno habilitó créditos por un valor de 70,9 millones de euros para este propósito. Sin embargo, hasta junio solo se habían realizado pagos por 2,7 millones, según el informe de la Intervención General de la Administración del Estado. En el año anterior, se aprobaron pagos finales por 7,7 millones, de un total de créditos habilitados de 42 millones.

Los 91 millones destinados en 2025 a la gestión forestal sostenible son exactamente los mismos que los de 2024 y 2023. Esta partida ha estado congelada durante tres años debido a la incapacidad de Sánchez para conseguir apoyos para elaborar nuevas cuentas. Los últimos Presupuestos aprobados fueron los de 2023.

Los del año anterior presentan una cifra superior asignada bajo el mismo epígrafe: 133 millones de euros del Estado, más otros 2,4 millones aprobados para las comunidades autónomas. La cifra de 2021 es similar (136 millones). Este fue el primer año en que la gestión forestal pasó a ser competencia del Ministerio de Transición Ecológica, que en ese entonces estaba dirigido por la actual vicepresidenta primera de la Comisión Europea, Teresa Ribera.

En los años anteriores de la actual legislatura socialista, esa responsabilidad recaía en el Ministerio de Agricultura. Los Presupuestos de 2019 y 2020 reservaban partidas idénticas de 122 millones de euros para el «desarrollo de la política forestal». Ambas eran prorrogas de las cuentas de 2018, las últimas aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, que serían aplicadas por Pedro Sánchez tras la moción de censura.