El Gobierno desafía a Estados Unidos e implementará tecnología de Huawei, que está bajo sanciones, en la valla de Melilla.

El Gobierno de Pedro Sánchez llevará a cabo la instalación de tecnología Huawei en la valla de Melilla, justo en medio de una disputa con Estados Unidos por otro contrato del Ministerio del Interior que involucra productos de la firma china, a la que se le han impuesto restricciones por Washington, para gestionar las escuchas telefónicas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Según el nuevo expediente del departamento liderado por Fernando Grande-Marlaska, el Gobierno pretende implementar en el paso fronterizo de Beni Enzar, en Melilla, antes de cruzar a Marruecos, lo que llaman «marquesinas con planta solar fotovoltaica», utilizando inversores de la marca Huawei. Estos inversores transforman la corriente continua en corriente alterna, permitiendo su uso o inyección a la red eléctrica.

El pliego de condiciones técnicas de esta obra, cuyo valor de licitación se sitúa en 382.589,34 euros (impuestos incluidos) y un plazo de ejecución de seis meses, incluye el suministro de hasta cuatro modelos de inversores de la compañía asiática: el Huawei SUN2000-100KTL-M2 (100kW); el SUN2000-10KTL-M1 (10kW); el SUN2000-20KTL-M5 (20kW) y el SUN2000-50KTL-M3 (50kW).

Los paneles solares que utilizarán estos inversores se instalarán sobre «estructuras correctamente orientadas y con la inclinación adecuada para optimizar la generación eléctrica y que sirvan como elementos de sombra para un total de 74 plazas de aparcamiento cubierto», según el pliego. Estas plazas son utilizadas por los agentes y funcionarios que desempeñan sus tareas en el puesto fronterizo.

Se prevé que la energía generada por estos paneles solares se distribuya entre tres contadores distintos: uno perteneciente al Cuerpo Nacional de Policía (CNP), otro a la Guardia Civil (COS) y un tercero a la Agencia Tributaria.

La página oficial de Huawei indica que, además de las funciones básicas de un inversor híbrido, estos dispositivos ofrecen «monitorización a través de web, smartphones o tablets mediante Ethernet o wifi», cuentan con un «servidor propio» y permiten el «seguimiento completo de la instalación, sus consumos y producción».

Uno de los inversores de Huawei que el Gobierno planea instalar en la valla de Melilla.

Aunque Estados Unidos ha implementado restricciones a Huawei, principalmente en el sector de la telefonía móvil por considerarlo un riesgo para la seguridad nacional, tales medidas aún no se han extendido a su división de energía solar, que la empresa china está aprovechando.

No obstante, en mayo pasado, se reveló que las «autoridades energéticas estadounidenses están revaluando el riesgo de los dispositivos fabricados en China, críticos para la infraestructura de energías renovables, tras el descubrimiento de equipos de comunicación inexplicables en su interior», según lo informado por Reuters sobre estos inversores.

La citada agencia británica también resaltó que «aunque estos inversores están diseñados para permitir el acceso remoto para actualizaciones y mantenimiento, las empresas de servicios públicos que los utilizan suelen implementar cortafuegos para impedir la comunicación directa con China». A partir de información de expertos del sector, Reuters ha indicado que «especialistas estadounidenses que desmantelan equipos conectados a la red eléctrica para identificar problemas de seguridad han encontrado dispositivos de comunicación no autorizados que no están documentados en algunos inversores solares chinos».

«Preocupación»

Mientras tanto, como se informó en OKDIARIO el pasado martes, los congresistas estadounidenses Richard Hudson, republicano de Carolina del Norte, y Gus Bilirakis, republicano de Florida, han solicitado investigar el contrato de 12,3 millones de euros del Gobierno de Sánchez con Huawei para manejar las escuchas telefónicas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Este contrato ya está bajo investigación por parte de la directora de inteligencia de EEUU, Tulsi Gabbard.

Estos congresistas, miembros del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes y presidentes de subcomisiones importantes, han dirigido una carta al secretario del Departamento de Comercio, Howard Lutnick, denunciando que este acuerdo representa una grave amenaza para el comercio digital, la seguridad de los datos y la seguridad nacional de EEUU.

En dicha misiva, los firmantes expresan su «preocupación» por las «recientes decisiones del Gobierno español» de adjudicar este contrato a la firma china Huawei para gestionar y almacenar datos sensibles relacionados con los servicios de interceptación telefónica, basándose en la tecnología existente de la empresa utilizada por los servicios de inteligencia españoles.

«Es profundamente inquietante que un aliado en un tratado utilice equipos y servicios de telecomunicaciones de una entidad alineada con el Partido Comunista Chino (PCCh)», apuntan, subrayando que «Huawei y otras empresas chinas tienen conexiones documentadas con el PCCh, lo que plantea graves riesgos para la seguridad nacional y económica». En 2019, la Administración Trump prohibió a Huawei y ZTE participar en la red de telecomunicaciones de EEUU.

Distribución de los paneles solares con inversores Huawei en el puesto fronterizo de Beni Enzar.

Los firmantes también advierten que «la decisión de España resalta una preocupante tendencia en la Unión Europea: los gobiernos aceptan tácitamente la tecnología china mientras aplican un doble rasero a las exportaciones comerciales digitales estadounidenses», lo cual, a su juicio, genera «una significativa incertidumbre para las empresas estadounidenses en todos los sectores vinculados al comercio transatlántico».

A través de esta carta desde el Capitolio, ambos congresistas instan al Departamento de Comercio a «investigar la decisión del Gobierno español y acciones similares de los gobiernos de la UE, que afectan negativamente al comercio digital, la seguridad de los datos y los intereses de las telecomunicaciones de Estados Unidos, así como los intereses de los trabajadores norteamericanos».

Asimismo, el contrato con Huawei llevó a los principales legisladores de los Comités de Inteligencia de la Cámara de Representantes y del Senado a solicitar a la directora de Inteligencia Nacional de EEUU, Tulsi Gabbard, que revisara el intercambio de inteligencia con España para asegurar que Pekín no estuviera interceptando secretos.

Por su parte, la Comisión Europea también ha emitido una advertencia formal, apuntando que «Huawei representa riesgos considerablemente mayores» y ha instado a los Estados miembros a «restringir o excluir» a este proveedor chino de las redes 5G.

En España, fuentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil también han expresado su preocupación por esta dependencia de tecnología china. «Se nos pide que protejamos operaciones sensibles empleando sistemas en los que la mayoría de nuestros aliados no confían», han lamentado.