De la transformación urbana de Carabanchel al ataque de un antiguo hotel en Parla.

Un ‘modus operandi’ que suele comenzar de madrugada, cuando los impulsores de esta actividad deciden irrumpir en el inmueble objetivo. En el caso del NH de Parla, la Policía Nacional y Local tuvieron que intervenir a las 3:45 horas del pasado lunes, después de que la alarma sonara repetidamente. Allí, los agentes hallaron a cerca de cien personas en medio de la ocupación, por lo que tuvieron que bloquear las entradas para evitar un acceso masivo. Alrededor de una treintena de los presentes, que ya habían conseguido entrar, fueron identificados antes de ser desalojados por la mañana.

«Al notar que entre los identificados había menores, se decidió que pernoctaran esa noche dentro, especialmente debido a las bajas temperaturas», indican las fuentes consultadas por ABC, tras la detención esa misma noche de un hombre de 44 años, señalado como el organizador del allanamiento. Este individuo no tenía antecedentes y le fueron confiscadas diversas herramientas utilizadas para abrir puertas. Junto a él, también fueron arrestados un joven de 21 años y una mujer de 19, ambos por un delito de atentado contra la autoridad. Los tres, al igual que el resto de los presentes, eran de nacionalidad peruana.

Al día siguiente, las Unidades de Intervención Policial (UIP) desocuparon la finca sin incidentes, arrestando a siete de los que habían pasado la noche allí por infracciones de la Ley de Extranjería. Los vecinos del barrio de El Leguario de Parla, que han enfrentado problemas de inseguridad y convivencia por más de una década debido a la okupación en la calle Toledo, 15 (a solo cien metros del NH), fueron testigos de cómo algunos de los expulsados amenazaban con «volver de manera masiva para intentar reapoderarse del edificio».

Ahora, la Policía investiga si este tipo de usurpaciones está vinculado a un mismo grupo de individuos, que podría estar exigiendo hasta 5,000 euros por cada ocupación. En El Cañaveral, ya en agosto del año pasado, todos los okupas, de origen latino y repartidos en hasta doce viviendas, narraron experiencias similares: afirmaban haber pagado miles de euros a supuestos arrendatarios que, al ser descubiertos, desaparecieron. Un relato similar se escucha en la urbanización de Carabanchel (calle Excelente, 6), una nueva promoción que a principios de año mantuvo durante hasta dos meses 28 viviendas ocupadas.

Todos aseguraron ser familias de Perú sin recursos a quienes se les había ofrecido un contrato de hasta 2,500 euros por las llaves de los apartamentos, mientras esperaban en un comedor social. Sin embargo, cuando comenzaron las presiones y la situación llegó a los medios, los primeros en abandonar tuvieron que escuchar los gritos de «¡traidores!» de sus antiguos compañeros. El objetivo estaba claro: resistir el mayor tiempo posible para que la ‘mediación’ (recibir una compensación económica por abandonar el apartamento) fuera lo más lucrativa posible.

Los tres principales cabecillas, una mujer peruana, un hombre de la misma nacionalidad y un paraguayo, supuestamente el cabecilla de la red, fueron acusados de los delitos de ocupación, extorsión, defraudación del suministro eléctrico y pertenencia a grupo criminal. En el momento de su detención, cada uno llevaba cinco mil euros en efectivo y ya tenían antecedentes criminales.

Seis meses después de aquella situación, el mal llamado ‘hotel’ okupa de San Blas (el antiguo Aragón Suites solo había funcionado como un complejo de apartamentos en alquiler), regresó a ser ocupado mayoritariamente por peruanos, aunque también había colombianos, dominicanos y españoles. Curiosamente, algunos de los que intentaron asaltar el hotel de Parla habían pasado por este deteriorado edificio, donde se libra una lucha encubierta por el control de los destartalados pisos. Solo así se entiende que un salvadoreño de 25 años, que fue agredido por seis jóvenes, revelara a los agentes la existencia de un líder: el mismo que ordenaba los ataques a cualquier okupa que se rehusara a pagar.