La Audiencia Nacional inicia una investigación contra funcionarios israelíes tras la denuncia por el ataque a la Global Sumud Flotilla.

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Francisco de Jorge ha decidido abrir diligencias previas tras la querella presentada a mediados de noviembre por IU y el PCE contra altos funcionarios civiles y militares del régimen de Israel, debido a su supuesta implicación en el asalto a las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla en octubre y la detención de cientos de participantes, incluidos «decenas de personas de nacionalidad española».

Según el auto al que ha accedido Público, fechado el 17 de noviembre, el juez del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional ha decidido «instruir diligencias previas y realizar aquellas que sean fundamentales para determinar» la naturaleza y circunstancias de los hechos, así como las personas involucradas y, si corresponde, «el procedimiento aplicable».

Del mismo modo, De Jorge Mesas indica que informará al Ministerio Fiscal sobre la apertura de estas diligencias previas, por lo que «confiera traslado» para que la Fiscalía «emita un informe sobre la admisibilidad de la querella y la pertinencia de las diligencias solicitadas».  

Los querellantes argumentan que los sucesos derivados de la interceptación de los barcos de la flotilla por tropas israelíes podrían constituir delitos de detención ilegal, piratería, tortura, y delitos contra personas y bienes en conflictos armados en el marco de la comisión de delitos de lesa humanidad y genocidio.

La querella fue anunciada el 13 de noviembre en el Congreso por Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, y Enrique Santiago, responsable federal de Justicia e Interior de IU y portavoz parlamentario del partido en el Congreso, dirigiéndose contra las autoridades involucradas en estos eventos. 

Entre los denunciados se encuentran Ramatcal Eyal Zamires, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas israelíes; Ram Rotberg, almirante y comandante de las Fuerzas Navales de Israel actualmente, responsable de las fuerzas que asaltaron los barcos; Yosef Knipes, máxima autoridad de la prisión Ketziot y general de brigada del Sistema Penitenciario de Israel, «responsable no solo de las comisiones de delitos de tortura sistemática durante la detención ilegal, sino también de la falta de investigación»; además del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, quien supervisa el Servicio Penitenciario de Israel (SPI).

Asimismo, estas organizaciones amplían la querella a «quienes más pudieran identificarse como responsables de los hechos denunciados durante la instrucción, especialmente los responsables políticos, policiales o militares que se puedan determinar a medida que avance la investigación».

Una segunda querella por parte de cinco tripulantes

Por otro lado, la Audiencia Nacional ha recibido una segunda querella, firmada de forma individual por cinco personas de nacionalidad española, miembros de la Global Sumud Flotilla asaltada por fuerzas militares de Israel y posteriormente retenidas, como ha informado IU y confirmado por fuentes al tanto de la situación.

Esta querella también ha sido asignada «por antecedentes» al magistrado Francisco de Jorge Mesas del mismo órgano judicial, quien ha decidido igualmente iniciar diligencias previas y comunicar estas a la Fiscalía, según informan las mismas fuentes. Además, voces cercanas a los querellantes indican que se prevé que la querella «se amplíe en los próximos días con una docena de personas». 

Añaden fuentes que este segundo documento imputa los mismos delitos a los mismos denunciados y especifica que «es un hecho notorio que muchas personas formaban parte de la Global Sumud Flotilla, que zarpó de Barcelona a finales de agosto de 2025, y estaban a bordo de diversos buques, muchos de los cuales estaban bajo bandera y jurisdicción española».

Entre ellas se encontraban los cinco denunciantes, quienes viajaban «en diferentes embarcaciones con el propósito de proporcionar ayuda humanitaria a la población de Gaza, devastada por una incesante campaña militar».

El precedente más reciente sobre estas querellas no augura un panorama favorable en el ámbito judicial. Recientemente, el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña inadmitió y archivó la querella presentada contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y varios altos mandos del Ejército israelí por el asalto a la embarcación Madleen durante la misión civil internacional Flotilla de la Libertad hacia Gaza, acontecido el 8 de junio.   

La denuncia había sido elevada por Sergio Toribio, el único ciudadano español que se encontraba en dicha embarcación, y por el Comité por la Solidaridad con la Causa Árabe; sin embargo, el juez, fundamentándose en el informe de la Fiscalía que se opuso a la aceptación de la denuncia, concluyó que los hechos no son competencia de la Audiencia Nacional por la falta de jurisdicción de los tribunales españoles conforme a la Ley Orgánica 1/2014 de jurisdicción universal, una prerrogativa que fue severamente limitada tras los recortes implementados por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014. Asimismo, este mismo organismo había alegado falta de competencias para rechazar la investigación al militar israelí denunciado por crímenes de guerra que pasaba su verano en Barcelona.