Un informe de la ciudadanía revela que el 99,5% de los contratos en la sanidad de Madrid son asignados de manera discrecional | Noticias de Madrid

Los contratos menores, también conocidos como «a dedo», constituyen el 99,5% de toda la contratación en la Consejería de Sanidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, según un informe de la asociación Audita Sanidad, un grupo ciudadano que ha estado monitorizando la gestión de la Comunidad de Madrid desde 2016. Esta organización advierte que, aunque la ley impone límites a la utilización de esta forma de contratación, frecuentemente las administraciones ignoran estas restricciones, lo que genera un potencial de corrupción y un despilfarro. A pesar de las denuncias presentadas ante la Fiscalía, el Defensor del Pueblo y la Comunidad de Madrid, las respuestas han sido nulas.

Los contratos menores son un mecanismo permitido por la normativa para que las administraciones lleven a cabo compras de suministros, servicios o obras con empresas privadas. Aunque, en teoría, las adjudicaciones deben ser anunciadas para que la mejor oferta gane, cuando los montos son bajos (15.000 o 40.000 euros, dependiendo del tipo de trabajo), se permite la asignación directa, suponiendo una mejora en la agilidad de los hospitales y escuelas. Sin embargo, el problema surge cuando los responsables de compras dividen grandes contratos para evadir las exigencias de licitaciones públicas y competitivas, lo que genera sospechas de cobro de comisiones ilegales por parte de los funcionarios.

El informe de 34 páginas de Audita Sanidad examina el período 2016-2020, revelando que la contratación menor fue la norma en todos los centros de gasto bajo la gestión de la Consejería de Sanidad. Durante esos cinco años, la Consejería invirtió más de 4.000 millones de euros en contratos menores. Los autores del informe estiman que, en ausencia de competencia, el sobrecoste podría ascender al 25% del presupuesto, una cifra que refleja conclusiones similares en un análisis realizado por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC). En consecuencia, deducen que los madrileños podrían haberse ahorrado 818 millones de euros. «Con esta cantidad, se podrían haber construido 82 Centros de Salud de Atención Primaria o contratado a 14.600 médicos de Atención Primaria», afirma el informe.

La contratación menor beneficia tanto a grandes multinacionales como a pymes. Según lo publicado por EL PAÍS esta semana, un pintor de Vallecas, Miguel González, dueño de una empresa con 11 empleados, recibió 1.641 contratos a dedo del Hospital Ramón y Cajal en menos de diez años, con un valor total de 4,7 millones de euros.

El informe resalta que este hospital fue en 2020, al igual que en años anteriores, el centro de gasto que más abusó de esta práctica. El Ramón y Cajal otorgó 44.358 contratos menores en el año pasado, con un importe sin IVA de casi 99.000 euros.

Entre las grandes empresas beneficiarias de contratos menores de la Consejería se encuentran multinacionales farmacéuticas y de tecnología médica. La farmacéutica suiza Roche, por ejemplo, recibió en 2020 un total de 4.707 contratos de esta índole, por casi 29,5 millones de euros con IVA.

Audita Sanidad presenta varios ejemplos que consideran indicios de fragmentación ilícita de contratos. Afirman que un encargo se considera roto cuando una empresa recibe 15 contratos menores de un mismo producto (con una misma descripción), acumulando un mínimo de 100.000 euros sin IVA.

Por ejemplo, la empresa alemana Siemens entregó “material de laboratorio” al Hospital Clínico San Carlos en 267 ocasiones el año pasado, sumando un valor de 1,6 millones de euros. Otro caso es el de la estadounidense Medtronic, que vendió a La Paz “material sanitario” en 360 ocasiones, totalizando más de 1,6 millones de euros.

Audita Sanidad ha publicado anteriormente análisis sobre los contratos menores de la Consejería de Sanidad madrileña. La razón detrás de la demora en la publicación de estos datos en el nuevo informe es la complejidad técnica del control, explica Vicente Losada, uno de sus miembros y economista. “Manejamos más de 400.000 contratos anuales y realizamos un estudio de cuáles podrían ser sospechosos de fragmentación. Es un trabajo complicado para una organización ciudadana como la nuestra”.

Este grupo ha estado denunciando durante años el abuso de contratos menores ante distintos organismos de control, tales como la Fiscalía Anticorrupción, la CNMC, el Tribunal de Cuentas del Estado, la Cámara de Cuentas de Madrid y la Intervención General autonómica. Vicente Losada, miembro de la asociación, sostiene que la Fiscalía les ha solicitado evidencias sobre comisiones ilegales. En otros casos, no han recibido respuesta alguna.

Losada critica la falta de interés de las administraciones por erradicar este potencial foco de corrupción, recordando el cese de la interventora general de la Junta de Andalucía tras emitir un informe contundente que detectó irregularidades en el 92% de los contratos menores sanitarios asignados en 2021, por un monto de 1.223 millones de euros.

No obstante, Audita Sanidad presentará el informe este jueves ante la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), un organismo vinculado al Ministerio de Hacienda pero con independencia. Losada indica que su intención es avanzar en esta lucha: “Estamos considerando presentar acciones judiciales en el ámbito penal o contencioso y también llevar este asunto a organismos de la Unión Europea”.

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