Madri+D, el «chiringuito» de Ayuso, facilitó la concesión de la universidad al ICAM.

Madrid+D, la fundación responsable de la verificación técnica de proyectos universitarios en la Comunidad de Madrid, ha publicado el informe que ha permitido al ICAM convertirse en un centro universitario vinculado a la Complutense. Aunque el proceso formal se ajusta a la normativa legal, la cercanía de sus principales directivos al Partido Popular y la coincidencia temporal con la participación del ICAM en la causa contra el fiscal general han levantado sospechas sobre una autorización acelerada por motivos políticos.

La Fundación Madrid+D es la encargada de emitir los informes de evaluación sobre nuevos centros y titulaciones universitarias, que son previos a la autorización formal por parte del Consejo de Gobierno. Teóricamente, tal y como se detalla en su página web, actúa como garante del cumplimiento de los requisitos de calidad y excelencia académica antes de dar luz verde a cualquier nuevo campus. En el caso del ICAM, el proceso incluyó un informe específico de Madri+d –emitido el 25 de septiembre de 2025– sobre la programación docente y la actividad investigadora del futuro centro, con observaciones que deben ser subsanadas antes de iniciar su actividad docente. Todos los órganos consultados emitieron dictámenes favorables, como ha subrayado el consejero Viciana, y esos documentos se harán públicos al finalizar el procedimiento administrativo.

Sin embargo, la independencia y rigor de la Fundación Madrid+D han sido cuestionados en los últimos años. Diversas informaciones indican que la dirección de esta organización –que depende del Gobierno de Ayuso– ha <suavizado o ignorado las evaluaciones negativas de sus expertos en múltiples ocasiones. Desde 2020, en más de la mitad de los proyectos de nuevas universidades privadas o centros adscritos analizados, la comisión de profesores universitarios encargada de evaluarlos encontró deficiencias importantes o conclusiones negativas, pero la dirección de Madrid+D añadió una página inicial calificando la iniciativa como “favorable” o incluso finalizó la evaluación sin resolver las dudas planteadas por los evaluadores.

Gracias a estos atajos, casi todos los proyectos concluyeron recibiendo autorización política a pesar de las objeciones técnicas. Esta práctica, aunque no es ilegal, cuestiona el discurso oficial de exigencia académica (“solo abrimos Madrid a quien cumpla requisitos de calidad y excelencia”, llegó a afirmar la dirigente madrileña) y convirtió en un “paripé” el proceso evaluador regional, según han denunciado analistas educativos a ‘El País’. En otras comunidades autónomas, señalan, los controles son mucho más estrictos, mientras que Madrid se muestra extraordinariamente laxa incluso frente a informes ministeriales claros que desaconsejan ciertos proyectos.

Una dirección con carné del PP

La composición y liderazgo de la Fundación alimentan sospechas de politización. Su director, Federico Morán, fue alto cargo (número dos) del ministro José Ignacio Wert en el anterior Gobierno del PP, y su gerente, Juan Soler-Espiauba Gallo, ha ocupado diversas posiciones políticas con el Partido Popular madrileño (diputado autonómico, senador e incluso alcalde de Getafe). Bajo su mando, la Fundación llegó incluso a modificar sus estatutos para extender dos años más el mandato de Morán al frente del organismo.

Desde la oposición, se califica a Madrid+D de “chiringuito” de Ayuso, insinuando que opera como instrumento al servicio de las prioridades del Ejecutivo regional en lugar de ser un ente realmente imparcial. El Gobierno, por su parte, defiende la profesionalidad de la Fundación y recuerda que sus informes no son vinculantes legalmente –la decisión final recae en la propia Comunidad–, aunque asegura que se intenta que los proyectos cumplan con los estándares requeridos. No obstante, el papel silente de Madrid+D en esta y otras operaciones similares (avalando nuevos centros universitarios polémicos) ha encendido alarmas entre la comunidad educativa, que demanda mayor transparencia en estos procesos.

La primera universidad dentro de la Complutense: dos caminos para estudiar Derecho

Regresando al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, la autorización del gobierno madrileño convierte de facto al ICAM en el primer colegio profesional de España con rango de centro universitario adscrito. En la práctica, esto significa que dentro de la UCM operará un nuevo centro privado que podrá ofrecer el Grado en Derecho y varios másteres jurídicos propios del Colegio. El propio ICAM celebró la noticia como un “hito histórico”, aunque muchos sectores lo consideran más bien como un negocio lucrativo: este nuevo centro podrá cobrar matrículas muy superiores a las públicas, con precios que podrían cuadruplicar las tasas oficiales de la Complutense. De hecho, mientras la UCM enfrenta protestas de profesores y estudiantes por su precaria financiación -en 2024 cerró su ejercicio con un déficit superior a 33 millones de euros-, la llegada del ICAM Universidad significa privatizar parte de la oferta formativa bajo el abrigo de la mayor universidad pública del país.

Tanto desde dentro de la Complutense como desde el ámbito educativo se teme la creación de un modelo dual en la enseñanza del Derecho. Según críticos, el ICAM inaugura dos caminos dentro de la misma universidad, uno accesible y otro excluyente, según la capacidad económica del alumnado. Fuentes de la propia UCM indican que existirá titulados en Derecho de primera y segunda categoría: una élite formada en el centro adscrito privado, pagando altas cuotas, y el resto en la facultad pública tradicional. Dicho de otro modo, dos Derechos: uno para quienes pueden pagarlo y otro para quienes no.

Este panorama suscita preocupaciones sobre la equidad y la misión pública de la universidad: la Complutense tendrá que coexistir con una estructura paralela que atraerá al mismo tipo de estudiantes, pero bajo un modelo económico muy diferente, abriendo la brecha entre quienes pueden permitirse esos estudios y quienes no.

Esta Comunidad parece un casino donde siempre gana el mejor postor.

La oposición socialista en la Asamblea de Madrid denuncia un “procedimiento exprés” lleno de interrogantes. La portavoz del PSOE, Mar Espinar, subrayó que no hay una necesidad real de crear otra facultad de Derecho en Madrid y plantea dudas sobre la motivación de la autorización. Espinar advirtió sobre la posibilidad de una “contraprestación institucional” al ICAM por su papel en un caso delicado para Ayuso. “Esta Comunidad parece un casino donde siempre gana el mejor postor, curiosamente siempre cercano a la presidenta”, aseguró Espinar al demandar una auditoría externa independiente del proceso.

En este sentido, el PSOE ha solicitado formalmente paralizar la autorización concedida al ICAM y someterla a revisión. Proponen establecer criterios objetivos para las futuras adscripciones, con informes externos sobre el profesorado, las instalaciones y la viabilidad del modelo académico. Hasta que esas garantías sean concretadas, exigen suspender la luz verde otorgada “en tiempo récord” al ICAM. Mientras tanto, el Ejecutivo regional defiende la legalidad del proceso: el consejero de Universidades, Emilio Viciana, asegura que todos los informes preceptivos han sido favorables y acusa al PSOE de “instrumentalizar” la universidad pública.