deberá abonar «los 8,8 millones que le fueron retirados»
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- 6 de diciembre de 2025
El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia histórica que concluye una lucha legal que comenzó en 2015 entre el Real Madrid y la entidad dirigida por Javier Tebas, la cual tendrá un impacto económico inmediato para el club merengue.
El Alto Tribunal ha declarado nula la Disposición Adicional Segunda de los Estatutos de LaLiga, aprobada en diciembre de 2015, al considerar que se desvió de manera «flagrante» del marco legal establecido por el Real Decreto-ley 5/2015 relativo a la distribución de los derechos audiovisuales.
El fallo, recibido con júbilo por el Real Madrid, afirma que el club fue «ilegítimamente privado» de 8,8 millones de euros correspondientes a la temporada 2015/2016.
La misma cantidad deberá ser pagada al FC Barcelona, que se incluye en la resolución entre los clubes que recibirán compensaciones por los daños ocasionados por el reparto irregular.
Aunque el Barça aún no ha hecho comentarios oficiales, según se infiere del fallo, el conjunto culé y los equipos que en ese entonces estaban en Segunda División también deberían recibir una suma que les fue sustraída.
Un cámara de televisión durante un partido de LaLiga
En su declaración oficial, el Real Madrid expresa su contento con la sentencia: «El Tribunal Supremo reafirma los argumentos presentados por el Real Madrid contra la modificación ilegal de los estatutos promovida por LaLiga en 2015«, sostiene.
Asimismo, añade: «Este fallo restablece la legalidad y asegura que las decisiones que impactan al fútbol profesional español se tomen siempre con un absoluto respeto por la ley y la transparencia«.
«Flagrante ilegalidad»
La firmeza del fallo trasciende el caso particular del Real Madrid. En uno de sus pasajes más contundentes, la sentencia -a cui ha tenido acceso EL ESPAÑOL– concluye que la Disposición Adicional anula «incurrió en una flagrante ilegalidad» al implementar un reparto audiovisual sin amparo legal.
Además, el Tribunal dirige una crítica severa al Consejo Superior de Deportes (CSD), al que acusa de haber aprobado la reforma estatuaria sin ejercer correctamente su función de supervisión legal.
«El CSD debe asegurarse de que LaLiga respete las atribuciones conferidas según el Real Decreto-ley 5/2015″, señala la resolución, y añade que «de no ser así, se le estaría otorgando carta blanca para desnaturalizar dicha entidad de interés público bajo el principio de mayorías».
Los equipos de Segunda
El Supremo también ordena compensar con alrededor de 88 millones de euros a una veintena de clubes que jugaban en Segunda División en la temporada en cuestión.
Equipos como Alavés, Alcorcón, Girona, Tenerife o Zaragoza recibirán ingresos que no les fueron asignados en su momento, a pesar de estar estipulados en el sistema legal vigente.
El criterio que el Supremo anuló favoreció a clubes con contratos audiovisuales más altos, en perjuicio de un reparto equitativo, tal como lo exige la normativa.
El Madrid afirma que tal alteración afectó «ilegítimamente» a todos los clubes mencionados: «El reparto legal aplicable implica el pago de aproximadamente 88 millones de euros adicionales, de los cuales fueron ilegalmente privados«, recalca el club en su comunicación oficial.
LaLiga reconoce el golpe
En respuesta, LaLiga emitió un comunicado donde intenta minimizar el impacto del fallo, enfatizando que se refiere a una norma que ya ha sido derogada y que se basaba en la antigua Ley del Deporte.
Sin embargo, la sentencia desestima «por completo» el recurso presentado por la organización dirigida por Javier Tebas, ratificando en su totalidad lo ya dictado por la Audiencia Nacional.
La patronal también reivindica que el Tribunal ha validado otros artículos de sus Estatutos, como el artículo 50 relacionado con la cuenta operativa, aunque ese punto ha quedado en un segundo plano ante el revés económico y jurídico recibido.
Javier Tebas
Europa Press
Próximos pasos
La resolución ahora obliga a LaLiga a afrontar el pago de las cantidades indebidas, tanto al Real Madrid como al Barça y al resto de clubes perjudicados.
Aún está por definir si el proceso será automático o requerirá nuevos trámites por parte de los clubes implicados.
Con esta sentencia, el Tribunal Supremo no solo concede la razón al Real Madrid, sino que establece un precedente jurídico sobre los límites de actuación de LaLiga en materia económica.