Ayuso enfrenta a Sánchez en la semana de la incomodidad sexual.

Cuando en el PSOE y en el Gobierno creían que la agonía de la legislatura había alcanzado su máximo, el caso Salazar ha fracturado al partido. La indignación interna ha crecido esta semana debido a la falta de acción de Ferraz ante las denuncias contra Francisco Salazar. Dos trabajadoras adicionales en Moncloa han denunciado comportamientos inaceptables tras conocerse las presuntas acciones del líder socialista, sin que el PSOE tomara medidas al respecto. Mientras Ferraz intentaba minimizar el impacto del escándalo, esta semana también se conocieron presuntos casos de acoso sexual a mujeres por parte del secretario general del PSOE de Torremolinos, Antonio Navarro.

El PSOE y Moncloa llevaban semanas tratando de desviar la atención de los errores en las pulseras antimaltrato y las consecuencias de las prácticas con prostitutas de los cercanos a Pedro Sánchez: José Luis Ábalos y Koldo García. Para ello, el presidente del Gobierno ha intentado distanciarse de los machistas del Peugeot atacando a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Esta semana, ha arremetido contra la líder popular en relación al escándalo del Hospital de Torrejón, mientras se incrementa el desgaste de una legislatura problemática. Con los escándalos de acoso a mujeres de altos cargos del PSOE, la entrada en prisión de miembros de su círculo más cercano, una huelga de médicos inminente y sin presupuestos, Moncloa ha intensificado su ofensiva contra el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid justo cuando Isabel Díaz Ayuso presenta sus cuentas públicas en la Asamblea. Madrid, en cambio, se ha centrado en demostrar su fortaleza frente a la inacción del Gobierno de Sánchez.

La presentación de los presupuestos regionales ha proyectado una imagen de estabilidad y crecimiento: «Estas cuentas cumplen con los compromisos de nuestro programa electoral y responden a lo prometido en el último Debate sobre el Estado de la Región», afirmó la consejera Rocío Albert. La responsable de Economía destacó la alineación con la agenda de Ayuso y la previsión de inversiones clave para sanidad, educación y políticas sociales. En Sol y en Génova han aprovechado la situación para enfatizar la desigualdad en la financiación autonómica: mientras que Cataluña tiene una singularidad presupuestaria, Madrid sufre recortes, subrayan.

Ni la decisión de no participar en el Festival de Eurovisión por la presencia de Israel ha logrado ocultar la serie de escándalos y el estancamiento legislativo. En el Gobierno regional no dudan en señalar que «mientras algunos ocultan sus cuentas, nosotros presentamos las nuestras, transparentes y coherentes con la gestión que defendemos para los madrileños». Las críticas de la oposición aumentaron debido a lo sucedido en el Hospital de Torrejón. Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, denunció un «modelo para privilegiados», cuestionando la capacidad de la Comunidad de Madrid para equilibrar inversión social y beneficios fiscales. Vox, por su parte, acusó a Ayuso de «burlarse de los madrileños» con presupuestos que desatienden la vivienda y presionan el sistema de salud pública, mientras en Sol defienden que los recursos se gestionan con eficacia y rigor técnico. La tensión ha ido en aumento esta semana desde que se filtraron los audios de un directivo del Grupo Ribera ya desvinculado. La revelación de los audios del consejero delegado del Ribera, Pablo Gallardo, en los que supuestamente pedía aumentar las listas de espera para maximizar beneficios de la gestión privada, ha dado a la oposición la oportunidad de intensificar su crítica contra el modelo de colaboración público-privada de Madrid.

La reacción fue rápida: jefes de servicio y responsables de Enfermería emitieron un comunicado conjunto defendiendo la ética de sus actuaciones: «En todo momento hemos actuado con responsabilidad, profesionalismo y, por supuesto, desde una ética incuestionable». La empresa aclaró que los audios no representan el contenido completo de la reunión y están descontextualizados.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha solicitado una auditoría independiente para asegurar transparencia y ha subrayado la necesidad de separar la gestión administrativa de la atención clínica. Mientras tanto, en el PP de Madrid, bajo la presidencia de Ayuso, han revelado la «estrategia» de la izquierda de «hacer el mayor ruido» para desviar la atención de los escándalos que afectan al Gobierno y al PSOE y la «nefasta gestión» de la ministra de Sanidad, Mónica García. «La izquierda quiere hablar de cualquier asunto para que no se hable de la huelga sanitaria», manifestó el secretario general de los populares madrileños, Alfonso Serrano. «Lo que hace Más Madrid y Sumar es ocultar o mirar a otro lado ante la corrupción del Partido Socialista, como hacen Yolanda Díaz y Mónica García, o ante los casos horribles de violencia machista que se conocen sobre el PSOE», concluyó. Y es que en medio de las críticas de la oposición, organizaciones sindicales y profesionales han anunciado que irán a la huelga contra Mónica García, quien ha estado muy activa esta semana contra la gestión sanitaria de Madrid.

A partir del 27 de enero, las organizaciones sindicales han convocado paros indefinidos que se suman a los que llevarán a cabo los médicos la próxima semana. El rechazo absoluto de la sanidad española se produce a raíz de la negociación del Estatuto Marco. «No permitiremos que la izquierda convierta este caso en una cortina de humo que oculte la mala gestión del Ministerio de Mónica García y la huelga convocada a los profesionales médicos de todo el país», indicó el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, quien destacó que «la Consejería de Sanidad está actuando con firmeza, pidiendo todas las explicaciones necesarias y así continuará haciéndolo».

Mientras, las universidades madrileñas han enfrentado días de tensión. La negociación de Ayuso con los rectores sobre la reforma universitaria y un nuevo modelo de financiación ha coincidido con protestas respaldadas por sindicatos y plataformas. La Comunidad ha defendido que estas movilizaciones, que buscan visibilizar la supuesta infrafinanciación de los campus, no alteran el compromiso regional con la modernización y la eficiencia, y que los acuerdos con los rectores permitirán avanzar hacia un modelo más sostenible y competitivo. Según informó LA RAZÓN, se espera que la próxima semana los seis rectores comparezcan para confirmar avances y acuerdos alcanzados, consolidando así la imagen de gestión eficaz frente a la política de confrontación defendida por las formaciones de izquierda.