Qué alternativas tienen los propietarios.

El tiempo se agota para los dueños de los vehículos más antiguos en Madrid. Desde el 1 de enero, aproximadamente 300.000 coches sin distintivo ambiental tendrán prohibido circular en todo el término municipal. Sus propietarios enfrentan un panorama limitado: venderlos fuera de la capital, guardarlos sin uso o llevarlos a un desguace.

La Unión Europea ha exigido a los grandes municipios que implemente zonas de bajas emisiones para disminuir la contaminación, y ciudades como Madrid y Barcelona han adoptado las medidas más estrictas. En la capital, esto significa que el 15% del parque automovilístico quedará excluido de la circulación si no hay cambios normativos de última hora.

Según la normativa vigente del Ayuntamiento de Madrid, bajo la dirección de José Luis Martínez-Almeida, el 1 de enero de 2026 la Zona de Bajas Emisiones abarcará todo el perímetro urbano. Esto implica que ningún vehículo sin etiqueta medioambiental podrá circular dentro del término municipal. Estos son los coches que se verán afectados:

• Gasolina matriculados antes de enero de 2001 (Euro 3)
• Diésel matriculados antes de 2006 (Euro 4)

La restricción también aplica a los residentes empadronados en la ciudad.

Madrid 360 cierra el cerco: de la M-30 a toda la ciudad

Durante años, Madrid ha tenido espacios de acceso restringido como Madrid Central y posteriormente Madrid 360. Los vehículos con etiqueta ECO y CERO han disfrutado de beneficios, mientras que los B y C ya lo tenían limitado en las áreas más céntricas.

En 2025, los coches sin etiqueta ya no podían circular por la M-30 ni su interior. Sin embargo, el cambio de 2026 es mucho más significativo: la restricción se extiende a toda la ciudad, aunque podrán continuar circulando por municipios vecinos. Las sanciones serán claras:

• 200 euros de multa (sin retirada de puntos)
• Posible inmovilización y retirada del vehículo

Un año de prórroga que no ha resuelto el problema

Al final de 2023, y a pocos días de la implementación de la norma, el Ayuntamiento decidió posponer su aplicación un año para dar un margen a los afectados. Sin embargo, un año después, la situación apenas ha cambiado: las asociaciones estiman que siguen siendo alrededor de 300.000 los vehículos que no podrán circular a partir de enero.

Por el momento, el Ayuntamiento no se ha pronunciado sobre una nueva prórroga o un cambio en la normativa.

Un coste insostenible para muchas familias

Si esos 300.000 propietarios se ven obligados a cambiar de vehículo, el costo sería monumental: unos 9.000 millones de euros tomando como base un precio medio de 30.000 euros por coche nuevo. Este cálculo no incluye que muchos de esos coches están en buen estado y pasan las inspecciones necesarias.

Asociaciones de vecinos y colectivos de afectados solicitan al Ayuntamiento que reconsidere la medida y establezca alternativas, ayudas o un nuevo calendario.

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