El comunicado del delegado del Gobierno en Madrid a Peinado después de su exoneración: «Deberán pedir disculpas».

El Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, respondió este viernes a las preguntas de la prensa, abordando, entre otras cuestiones, su desimputación en el ‘caso Begoña Gómez’ por orden de la Audiencia Provincial de Madrid. Aseguró estar «tranquilo porque sabía que no había nada» y también se refirió a la confrontación con Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña, una situación ya esperada y escenificada en múltiples ocasiones anteriormente.

Desde las Escuelas Pías, la representación del Estado en Madrid organizó un acto paralelo al que el Ejecutivo autonómico celebró en la Real Casa de Correos, debido a la no invitación del Gobierno al acto oficial. Allí, Martín lamentó que Ayuso sea «insumisa» ante la ley, y criticó, sin mencionar a nadie explícitamente, a quienes «quebrantan» la Constitución Española «mientras dicen hablar en su nombre». «¿Quién está cambiando? ¿Quiénes defendemos la igualdad? ¿O quienes niegan la violencia machista poniendo en riesgo a miles de mujeres? ¿Quiénes defendemos el derecho de las próximas generaciones a tener un futuro? ¿O quienes niegan el cambio climático y bloquean políticas que protegen vidas? ¿Quiénes creemos en servicios públicos fuertes y accesibles? ¿O quienes llevan años privatizando y recortando la igualdad de oportunidades? ¿Quiénes reconocemos la riqueza de la multiculturalidad?», encadenó diversas preguntas el delegado.

En los últimos meses, Martín ha criticado a la presidenta, a quien ha acusado de no cumplir la ley Estatal de Vivienda ni la Ley de Memoria Democrática. Esta última, en relación a la Real Casa de Correos -sede de la Presidencia autonómica-, que fue declarada Lugar de Memoria Democrática, y sobre la cual Ayuso ha rechazado intervenir, no colocando una placa que recuerde su función como sede de la Dirección General de Seguridad Franquista. «Desde el día que asumí mi cargo como delegado del Gobierno he tendido la mano a la presidenta de la Comunidad de Madrid para colaborar en cuestiones de interés común, y solo he encontrado rechazo, desprecio y ninguna respuesta constructiva. Aun así, vamos a seguir intentando colaborar con todas las administraciones públicas para trabajar por el bienestar de todos los vecinos y vecinas», lamentó el viernes.

«Estoy tranquilo porque sé que no hay nada»

En cuanto a su exoneración del ‘caso Begoña Gómez’, ordenada al juez Peinado por la Audiencia Provincial de Madrid, Martín afirmó que se encuentra «tranquilo» y que siempre lo ha estado, porque «sabía que no había nada». «Siempre he dicho que estaba tranquilo porque sabía que todo iba a resultar en nada, porque no había nada. Espero que esta decisión se extienda a todo el conjunto de la causa, porque es una causa basada en la nada y debe cesar el sufrimiento de tantas personas honestas e inocentes que están padeciendo», reivindicó.

«Confío en el sistema judicial, como siempre lo he hecho, y estoy convencido de que todo concluirá pronto para todos y que algunos tendrán que pedir perdón por el daño que han causado», agregó.

La Audiencia Provincial de Madrid estimó esta semana los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra la imputación del delegado del Gobierno en Madrid, por lo que Juan Carlos Peinado fue instado a retirarle su condición de investigado. En el auto, los magistrados revocan parcialmente el auto por el cual se le imputó «al inadmitirse la querella presentada por la representación procesal del partido político Vox contra Francisco Martín Aguirre por malversación de caudales públicos«.

El juez Peinado acordó en mayo admitir a trámite la querella presentada por Vox y citar como investigado a Martín por su participación «aparente» en la contratación de la asesora de La Moncloa, Cristina Álvarez, para la esposa del presidente del Gobierno, «por su condición de secretario general de la Presidencia del Gobierno en julio de 2021». No obstante, los magistrados consideran que «no consta que supiera» que la asesora Cristina Álvarez estuviera «excediéndose de sus funciones por indicación de Begoña Gómez«, y que se trataba de meras suposiciones, sin que se aportara el mínimo indicio de responsabilidad.

Para los magistrados, esa «debía ser la dirección que debería tomar la instrucción respecto de la citada encausada, y al no encontrarse razón para dirigir una nueva querella acumulada contra quien supuestamente debía supervisar la función de dicho cargo de confianza, se procede a su desimputación, porque no se proporciona ningún indicio de que dicho cargo tuviera esa supuesta función de control». Además, tampoco cuestionan la legalidad del nombramiento de Álvarez: «Los recurrentes, casi de forma unánime, se centran en la legalidad del nombramiento de Álvarez como asistente de la mujer del presidente del Gobierno, cuestión que está fuera de toda duda«.

Los bandazos de Peinado con el caso

Este caso, además de su gran relevancia mediática y sus múltiples titulares, ha destacado por los cambios y particularidades que ha protagonizado su instructor, desde denuncias basadas en recortes de prensa hasta el timing y la intencionalidad de algunas de las citaciones.

Los últimos eventos del caso han consistido en que Peinado expulse a Manos Limpias de la causa al no presentar el justificante de pago de la fianza para continuar siendo acusación popular en el proceso judicial, y su posterior recuperación como acusación solo unos días después, además de la ya mencionada desimputación del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, no han sido los únicos cambios. El 3 de abril de 2025, Peinado decidió ampliar seis meses más la instrucción del caso debido a la existencia de varias diligencias clave que no podrían finalizarse antes del 16 de abril, fecha límite. 13 días después, Bolaños declaró como testigo, afirmando que no intervino en la decisión de contratar a Álvarez y que desconocía quién había iniciado la propuesta.

El 16 de mayo de 2025, la Audiencia Provincial de Madrid optó por revocar la condición de investigados de Güemes y Goyache, aunque mantuvo la imputación de Barrabés. El 24 de junio de 2025, el magistrado solicitó al Supremo la imputación de Bolaños por malversación y falso testimonio. El alto tribunal rechazó la solicitud por falta de indicios. El 18 de agosto de 2025, Peinado imputó a Begoña Gómez y a su asesora por un presunto delito de malversación.

El 3 de septiembre de 2025, el magistrado solicitó a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno una “copia de los correos electrónicos recibidos y enviados” desde julio de 2018 hasta la fecha del escrito, a través de una “cuenta asignada” a Gómez. El 10 de septiembre de 2025, Gómez respondió a las preguntas del magistrado por el presunto delito de malversación de caudales públicos. La esposa de Sánchez solo respondió a preguntas de su abogado, afirmando que su asistente solo le había ayudado de manera “puntual” en gestiones personales. Por su parte, Álvarez decidió acogerse a su derecho a no declarar. El 24 de septiembre de 2025, Peinado dejó entrever que Gómez podría ser juzgada ante un jurado popular si finalmente se sentara en el banquillo, en el contexto de la investigación sobre la posible malversación de fondos públicos relacionada con el nombramiento de su asesora en la Moncloa y las funciones que desempeña para ella. Una cronología turbulenta que sigue produciendo episodios nuevos.