Salud finaliza la normativa que restringirá la gestión privada en los hospitales públicos.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha comentado que el Gobierno está finalizando la nueva Ley de Gestión Pública y de Integridad del Sistema Nacional de Salud, que restringirá la colaboración entre lo público y lo privado, con el objetivo de aprobarla a principios de 2026. Esta legislación «protegerá» la sanidad pública ante los fondos de inversión.

En una reciente entrevista con El País, tras el escándalo en el hospital público de Torrejón de Ardoz (Madrid), administrado por la empresa privada Ribera Salud, la ministra ha indicado que la nueva legislación «abolirá la ley de 1997» -sobre nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud- y restringirá esta colaboración.

«El problema es que esta colaboración público-privada se ha corrompido, convirtiéndose en una colaboración parásita», subrayó, enfatizando que la nueva ley «será mucho más completa» y «limitará el lucro» mediante regulaciones específicas. «En especial, blindará y protegerá nuestra sanidad pública frente a los fondos de inversión, ante el deseo de lucro y esta constante depredación que enfrenta nuestra salud», añadió.

García ha puntualizado que no se prohibirá completamente la colaboración público-privada, sino que se restringirá con empresas con fines de lucro. La ministra espera que esta ley sea aprobada en la actual legislatura y ha señalado que se presentará «al Consejo de Ministros a principios del próximo año».

Las listas de espera, otra de las prioridades

Por otro lado, ha mencionado que el Ministerio de Sanidad también está desarrollando un real decreto sobre listas de espera que ofrecerá trazabilidad al proceso que comienza un paciente desde su visita al médico de atención primaria hasta su traslado al especialista, la realización de pruebas y hasta la operación final.

«En este momento, las listas de espera son como cajas negras; en el caso de la quirúrgica, es una caja negra que pasa primero por un servicio de admisión, y no es un proceso directo desde el cirujano hasta la lista», declaró.

En este contexto, ha acusado a la Consejería de Sanidad de Madrid de «alterar» los datos sobre listas de espera quirúrgica, que son publicados cada seis meses por el Ministerio de Sanidad, y donde la comunidad madrileña no se muestra como una de las más afectadas.

Además, la ministra ha repetido que respecto a Torrejón, tanto el ministerio como el grupo político Más Madrid acudirán a la Fiscalía ante posibles delitos contra la salud de los pacientes. Desde el ministerio se enviará a la alta Inspección para que realice una investigación en el hospital.

Críticas a Ayuso y el grupo Quirón

La política ha expresado su preocupación por que prácticas que priorizan el beneficio económico sobre la atención al paciente también estén ocurriendo en el grupo Quirón, «beneficiado» por la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

«Torrejón es un modelo en miniatura de Quirón. Lo que hemos visto en Torrejón es una práctica que ha estado ocurriendo en Quirón durante años: un complejo sistema que hace que los pacientes de la sanidad pública terminen en hospitales privados, financiados por diversos mecanismos como la libre elección, la lista de espera y, no menos importante, la colaboración de la Consejería de Sanidad», ha señalado.

García ha recordado que «desde que la señora Ayuso» asumió el liderazgo en Madrid, en los últimos años 5.000 millones de euros han sido dirigidos al grupo Quirón.