Ayuso emprende acciones legales contra ‘Mañaneros’ de TVE por negarse a corregir una información que considera «tendenciosa y falsa».



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Isabel Díaz Ayuso ha desafiado a Televisión Española presentando una demanda contra el programa ‘Mañaneros’, debido a su negativa a rectificar una información relativa al Colegio de Abogados de Madrid, que la Comunidad consideró «tendenciosa y que no se ajusta a la verdad». En dicho programa se relacionaba una subvención del Gobierno regional al Colegio de Abogados con su papel como acusación en el juicio contra el anterior fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

«Solicitamos la inmediata rectificación de la información difundida por su medio de comunicación por ser tendenciosa y no ajustarse a la verdad, reservándonos el derecho a tomar las acciones que consideremos necesarias en defensa de la institución de la Comunidad de Madrid», advirtió el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, en una misiva enviada al director de ‘Mañaneros’ a principios de este mes. Ante la falta de rectificación, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha cumplido su advertencia y ha interpuesto la demanda.

«Con respecto a la información emitida hoy en su programa sobre la concesión de una subvención al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid en el contexto de la denuncia, juicio y condena al fiscal general del Estado, me permito hacer las siguientes aclaraciones», indicó el consejero en su carta. «La Comunidad de Madrid cumple con el deber legal establecido en el artículo 119 de la Constitución Española sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita. La ley que regula este mandato constitucional estipula que las comunidades autónomas asumen la financiación de este servicio en el ejercicio de sus competencias, mientras que corresponde a los colegios profesionales de Abogacía y Procura su organización y prestación».

El consejero recuerda que el servicio de asistencia jurídica gratuita y turno de oficio «se ha estado prestando y financiando a los colegios profesionales, entre ellos el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, desde que la Comunidad de Madrid asumió en 2003 las competencias en materia de Justicia».

Antes de esto, señala el consejero, el pago lo realizaba el propio Ministerio de Justicia, que actualmente mantiene una asignación de más de 48 millones con el Consejo General de la Abogacía Española para cubrir los gastos de estos servicios en territorio del Ministerio (Castilla y León, Castilla–La Mancha, Extremadura, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla).

El número dos de Ayuso en el Gobierno madrileño advierte que «cualquier intento de vincular el abono de los servicios de asistencia jurídica gratuita a los profesionales de la abogacía y la procura con otras circunstancias solo busca desinformar y confundir a los ciudadanos, intentar desprestigiar a la Comunidad de Madrid y al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y justificar las acciones del fiscal general del Estado, que ha sido condenado por vulnerar la ley».

Respecto al centro universitario del ICAM asociado a la Universidad Complutense de Madrid, el consejero explica que su tramitación comenzó en 2023 y ha cumplido «escrupulosamente con la normativa vigente».

«La propuesta cuenta con todos los informes favorables y el propio Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ya le ha otorgado el código de centro necesario para que pueda ser incluido en las memorias de los títulos como centro de impartición de enseñanzas superiores asociado a la UCM».

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