La Agencia Anticorrupción investiga si Plus Ultra utilizó fondos del rescate para lavar dinero proveniente de Venezuela en Francia, Suiza y España.

La Fiscalía Anticorrupción está llevando a cabo una investigación para determinar si la aerolínea Plus Ultra desvió los 53 millones de euros recibidos del gobierno como rescate tras la pandemia, y si estos fondos fueron utilizados para blanquear dinero proveniente de Venezuela a través de Francia, Suiza y España. La denuncia fue presentada inicialmente en la Audiencia Nacional, pero al ser rechazada por falta de competencia, la Fiscalía se trasladó al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que ya había iniciado una causa relacionada con el rescate, aunque estaba archivada. Este jueves, la operación avanzó con el registro de las oficinas de la compañía y la detención de su presidente, Julio Martínez, y su consejero delegado, Roberto Roselli. La investigación se encuentra actualmente bajo secreto de sumario.

El año pasado, Anticorrupción recibió solicitudes de cooperación internacional de Francia (Parquet National Financier) y Suiza (Fiscalía de Ginebra) para autorizar registros en diferentes domicilios en Madrid, Pozuelo, Tenerife y Mallorca. Ambas partes buscaban colaboración al indagar en una red de blanqueo de capitales vinculada a Venezuela que operaba dentro de España.

Con esta información, el ministerio público que afronta la corrupción llegó a la conclusión de que Plus Ultra había hecho un presunto “uso indebido” de las ayudas públicas aprobadas en el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021, destinando el dinero, en realidad, al pago de créditos que ya había contraído. “La sociedad Plus Ultra figura como firmante y beneficiaria de contratos de préstamos con tres entidades asociadas a la organización criminal, implicadas en la venta de oro”, menciona la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS. La Fiscalía sostiene que el rescate fue utilizado para cancelar deudas y que el objetivo final era blanquear ingresos opacos. En su denuncia, Anticorrupción sospechaba que la venta de relojes de lujo pudo haber sido una de las estrategias para el blanqueo.

La institución bajo la dirección del fiscal jefe Alejandro Luzón presentó la denuncia en la Audiencia Nacional el 21 de octubre del año anterior, mientras se llevaban a cabo otras investigaciones como el caso Koldo o el caso hidrocarburos. La acusación se centraba en tres peruanos, dos venezolanos, un ciudadano de Países Bajos y al menos un abogado español, considerados miembros de una “organización criminal”.

Las actividades de esta red consistían, supuestamente, en blanquear “fondos ilícitos” derivados de malversaciones cometidas en Venezuela por “funcionarios públicos”, específicamente de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa gubernamental de distribución de alimentos, y de la venta de oro del banco del país. La implicación de esta organización en España fue tan significativa que la Fiscalía cree que la aerolínea desvió la ayuda del rescate a “cuentas en el extranjero de sociedades parte de la organización criminal” en “fechas consecutivas a la recepción” del rescate.

La Audiencia Nacional no consideró investigar el caso no porque no hubiera delito, sino porque consideró que no era de su competencia, dado que se dedica a las diligencias más complejas que afectan a un gran número de autonomías. Sin embargo, la Sala de lo Penal sugirió a Anticorrupción que se dirigiera al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, donde ya se había tramitado una causa por el rescate de Plus Ultra, la cual había sido archivada de manera provisional. Esto fue provisional, ya que si se presentaban nuevos indicios, como ha ocurrido, el caso podría reabrirse.

La magistrada Esperanza Collazos tuvo que dar por cerrada de manera prematura la investigación acerca del rescate en 2023 debido a un error en los plazos de prórroga de la instrucción. Vox, PP y Manos Limpias fueron parte de unas diligencias que se esforzaban por aclarar si la empresa merecía la ayuda pública y si el dinero se había utilizado para pagos a la estatal petrolera de Venezuela, PDVSA. El Gobierno había señalado a Plus Ultra como una compañía “estratégica” para justificar el rescate; sin embargo, los expertos designados por el juzgado advertían que la empresa mostraba signos de insolvencia y cierre desde 2019, lo que complicaba la posibilidad de recibir los millones provenientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Fuentes de la investigación indican que la Fiscalía Anticorrupción se dirigió a principio de este año al juzgado en cuestión, después de que la Audiencia Nacional cerrara la puerta, lo que provocó la reactivación del asunto. El ministerio fiscal considera que la red fraudulenta utilizó empresas para adquirir bienes inmuebles y para firmar contratos de préstamos a Plus Ultra, los cuales fueron completamente reembolsados. En la denuncia también se menciona una venta de oro por aproximadamente 30 millones de euros a una empresa en Emiratos Árabes, así como transferencias de dinero a una cuenta en Panamá por parte de la misma empresa que concedió los préstamos.

Algunos de los clientes de esta red de blanqueo tienen antecedentes policiales en España, mientras que otros están imputados en investigaciones previas de la Audiencia Nacional. Aparte de los nombres del presidente y consejero delegado, Julio Martínez y Roberto Roselli, el resto de implicados aún no se ha hecho público, ya que la causa sigue bajo secreto. La Fiscalía menciona indicios de “defraudación al Estado”.