El Gobierno bloquea el plan de Madrid para utilizar sus ahorros en la construcción de viviendas.
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- 13 de diciembre de 2025
Tomemos como ejemplo a una familia que, al cierre del año, ha conseguido ahorrar más dinero del que esperaba en enero. Con esos ahorros, planean adquirir un coche o satisfacer alguna otra necesidad. Sin embargo, el banco que gestiona su hipoteca se ampara … en una cláusula que les obliga a reducir su deuda si alcanzan dichos ahorros. Este escenario hipotético, salvando las diferencias, es análogo a lo que ha estado sucediendo con los ayuntamientos en toda España. Desde que se reactivaron las reglas fiscales en 2024, el Gobierno central forzaba a los municipios a usar su superávit para disminuir la deuda contraída con el Estado.
Por ello, los municipios de diversas inclinaciones políticas han estado solicitando durante todo el año la eliminación de esta condición, para poder destinar los ahorros a inversiones en beneficio de los vecinos. Una demanda popular que fue aprobada por el Congreso este jueves, a pocas semanas del cierre del año. Esto significa «tarde y mal», según palabras del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, quien sostiene que los ayuntamientos «serios» ya habían presentado sus presupuestos.
En el caso de Madrid, el Gobierno ha frustrado los planes de construir viviendas con los 483 millones de euros disponibles. En cambio, se ha decidido continuar con el plan establecido y no caer en la «estafa» del Gobierno central, que ahora permite a las localidades destinar sus ahorros a inversiones, pero solo si se ejecutan en un plazo máximo de un año. Esto resulta inviable, según el Ejecutivo de Almeida: «El Ministerio de Hacienda pretende que el Ayuntamiento de Madrid plánifique, licite, adjudique y ejecute viviendas en un año natural para poder usar esos fondos. Es una burla ante el problema más serio que enfrentan muchas ciudades, como es el de la vivienda».
El Gobierno impone requisitos a las entidades locales para destinar estos ahorros. En primer lugar, solo pueden utilizarse en inversiones financieramente sostenibles; es decir, para la prestación de servicios esenciales como alcantarillado, abastecimiento de agua, recolección de residuos o alumbrado público, además de la mejora de sistemas productivos y diversos sectores, infraestructuras de transporte, centros educativos, asistencia social primaria, vivienda, recursos hidráulicos o sociedad de la información, entre otros.
El Ayuntamiento de Madrid reduce su deuda a 1.542 millones de euros, la cifra más baja de los últimos 20 años
En segundo lugar, bajo un tiempo limitado. «Si un proyecto de IFS no puede ejecutarse completamente antes del 31 de diciembre de 2026, la parte restante del gasto autorizado se podrá comprometer y reconocer en el ejercicio siguiente, financiándose con cargo al remanente del año anterior, con un límite en el importe del superávit de 2024. En cualquier caso, los proyectos de inversión deberán iniciarse antes del 31 de diciembre de 2026», precisa el Ministerio de Hacienda.
Este texto ha generado, para el área municipal de Hacienda, falsas expectativas entre los ayuntamientos, sugiriendo que se les permitiría destinar sus ahorros a inversiones plurianuales durante los ejercicios 2025, 2026 y 2027, incluyendo actuaciones en materia de vivienda. «Sin embargo, la realidad es diferente, ya que la letra pequeña del real decreto ley solo permite a los ayuntamientos destinar una cantidad menor de su remanente y superávit a la ejecución de inversiones financieras sostenibles, entre las cuales se incluyen las mismas actividades de siempre, con la diferencia de que deben iniciarse en 2025 y finalizar en diciembre de 2026», recalcan desde Cibeles.
Por ello, la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, enfatiza que «no hay nadie que pueda construir una vivienda en un año, ya que el plazo mínimo para su construcción es de 30 meses», ha añadido la responsable de los presupuestos en rueda de prensa, quien atribuye la decisión ‘in extremis’ del Gobierno central al «pago de un nuevo peaje» a su socio independentista Junts, que podría beneficiarse de la medida «porque conocía las reglas del juego» antes que nadie.
Así, la administración local aclara que, en lugar de invertir en el bienestar de los vecinos, como la construcción de viviendas desde cero, en Madrid se opta finalmente por reducir la deuda y llevarla a su cifra más baja en los últimos 20 años: de 1.943 millones de euros a 1.542,6 millones de euros. Según cálculos municipales, la deuda por habitante en Madrid se situará al final de este ejercicio en 451 euros, mientras que la deuda por habitante que soporta cada ciudadano español desde la Administración del Estado es de 31.851 euros a 30 de junio de 2025, el último dato publicado por el Banco de España, lo que significa 70 veces más.
En cualquier caso, Hidalgo ha subrayado que la solvencia financiera de Madrid está «avalada», dado que además, el Consistorio cuenta con ahorros acumulados de años anteriores: «Intentaremos utilizarlos en inversiones anuales como establece el decreto e iremos determinando a lo largo del año, lo que no se puede es hacer vivienda en un año». De este modo, tal como ha explicado la delegada, se reunirá con el resto de áreas para definir aquellas inversiones necesarias que no están en el presupuesto ordinario, como operaciones de asfalto o reparaciones en colegios que se pueden iniciar y concluir en un plazo de un año.