El 58% de las viviendas accesibles del Gobierno se completarán en un plazo de ocho años.

Más de 55.000 de todas las viviendas que el Gobierno ha prometido en su nuevo Plan de Alquiler Asequible son solo terrenos y podrían tardar hasta ocho años en materializarse. En concreto, son aquellas que el Ejecutivo planea construir en más de 2.400 parcelas transferidas de Sareb a Casa 47. Según informan desde la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid, parte del retraso se debe a que la Sareb desea maximizar la recuperación de todos sus activos antes de su liquidación en 2027.

«El Ejecutivo se apega a estrategias que retrasan soluciones: el terreno de la Sareb tardará entre 5 y 8 años en convertirse en vivienda efectiva», advirtió el pasado jueves el viceconsejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, José María García Gómez, en una jornada sobre vivienda organizada por el Colegio de Economistas de Madrid. Asimismo, un cambio en la ideología política del Gobierno central podría afectar la continuidad del Plan.

En una conversación con OKDIARIO, menciona que los activos que aún espera promover Sareb «están siendo gestionados por Árqura Homes, que desarrolla más de 17.000 viviendas de obra nueva en terrenos propios, así como en proyectos de desarrollo urbano y en obras suspendidas para incrementar su valor». Además, la sociedad se enfoca en «generar valor» y, al mismo tiempo, en vender activos residenciales y gestionar el alquiler social «con el objetivo de maximizar la recuperación de estos activos antes de su disolución en 2027».

De hecho, en respuesta a preguntas de este medio, Aelca, la gestora de activos de Árqura, afirmó que, a pesar del traspaso parcial de activos de la promotora a la entidad pública Casa 47, el resto de las viviendas «se seguirán gestionando y comercializando normalmente».

En este sentido, el viceconsejero de Vivienda de Madrid destaca que, dado el proceso de traspaso de activos, la evaluación de su estado de ejecución y el inicio de su promoción, la espera por las viviendas asequibles podría extenderse hasta ocho años. Actualmente, solo hay 40.000 viviendas construidas, las cuales son de segunda mano, algunas ocupadas o en mal estado, originadas de los préstamos transformados de Sareb.

Las CCAA asumen el 40% del coste

Durante el foro sobre vivienda organizado por el Colegio de Economistas, el delegado del Área de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Álvaro González, también criticó al Gobierno central y su nuevo Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2026–2030, calificándolo directamente de «trágala». Denunció, además, que el Estado intentara que las comunidades «asuman el 40% del coste» sin negociación previa, rompiendo así la «lealtad institucional» y la colaboración entre administraciones.

Por su parte, la directora general de Vivienda y Rehabilitación, María José Piccio-Marchetti, expuso los objetivos del nuevo Plan de Choque 2026–2027 de la Comunidad de Madrid, destacando que la región combina medidas estructurales, como la reforma de la Ley del Suelo y la planificación territorial a largo plazo, con respuestas inmediatas para aumentar la oferta de vivienda asequible.

Además, resaltó que el primer plan de choque de la comunidad (2024–2025) ya ha alcanzado el 90% de sus objetivos, destacando como medida clave la actualización del precio de la vivienda protegida, que se había mantenido congelado desde 2008. Como resultado, la Comunidad de Madrid ha multiplicado por siete las calificaciones, pasando de 1.800 viviendas en 2023 a más de 12.800 en 2024, convirtiéndose en la región que concentra el 53% de toda la nueva vivienda protegida del país.