Leire Díez, Antxon Alonso y el ex presidente de la SEPI comparecen ante el juez, mientras se investiga la magnitud de la trama | España

No es la primera vez que la exmilitante y exconcejala del PSOE Leire Díez, el empresario vasco Joseba Antxon Alonso y el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero se enfrentan a un juez como imputados. Sin embargo, cuando lo hagan este sábado en la Audiencia Nacional, lo harán en un contexto diferente al de sus anteriores experiencias. En esta ocasión, los tres llegarán después de haber pasado tres días en calabozos de la Guardia Civil y se enfrentarán a preguntas sobre una causa cuyo alcance desconocen, ya que el juez Antonio Piña mantiene el secreto sobre la misma y, por lo tanto, sus defensas aún no han tenido acceso a los indicios que supuestamente los incriminan.

Los tres detenidos tampoco saben si se les podría enviar a prisión. Lo único que tienen claro es que están acusados de supuesta participación en una trama de corrupción centrada en la SEPI, la sociedad pública dependiente del Ministerio de Hacienda que gestiona las participaciones del Estado en empresas. Por este motivo, el magistrado les investiga por la presunta comisión de delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

En el caso de Díez, las investigaciones se centran en las supuestas irregularidades que pudo cometer mientras ocupó cargos en dos empresas públicas: ENUSA Industrias Avanzadas, dedicada a garantizar el suministro de uranio enriquecido a las cinco centrales nucleares activas en España, y Correos. La Guardia Civil ha requerido información a ambas sobre expedientes de adjudicaciones que están bajo sospecha. Díez fue nombrada responsable de prensa de ENUSA en 2018, tras la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, y se mantuvo allí hasta 2021. En 2022, se unió a Correos, donde ocupó el puesto de directora de Filatelia y Relaciones Institucionales hasta 2024. Durante las detenciones, la UCO registró un piso en la calle Diego de León, donde supuestamente Díez se reunía con empresarios.

El empresario vasco Alonso es consciente de que las acusaciones en su contra se centran nuevamente en su empresa Servinabar 2000, de la que también es socio el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Esta situación ya le llevó a declarar como imputado ante el Tribunal Supremo en la causa que investiga al político navarro y al exministro socialista José Luis Ábalos por supuesto amaño de contratos públicos durante la gestión de Ábalos en el Ministerio de Transportes. Si bien en esta última causa las pesquisas se enfocan en adjudicaciones obtenidas junto a la constructora Acciona, la nueva investigación que instruye la Audiencia Nacional, por la que comparecerá este sábado ante el juez Piña, pone el foco en su colaboración con Forestalia, una empresa aragonesa dedicada a energías renovables. Servinabar asesoró a esta empresa en un proyecto de línea de alta tensión que atraviesa Navarra, además de participar en parques fotovoltaicos en los que estuvo involucrada esta compañía.

El empresario vasco también está siendo investigado por su relación con el tercer detenido que comparecerá este sábado ante la Audiencia Nacional, Fernández Guerrero, quien fue nombrado presidente de la SEPI en 2018 tras la llegada de Sánchez a La Moncloa, cargo que ocupó durante un año y cinco meses. Tuvo que dimitir tras ser imputado por irregularidades en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, cuando ocupaba un cargo en la Junta de Andalucía. Después de dejar la SEPI, Fernández Guerrero emprendió varios trabajos, entre ellos el de asesor externo de Servinabar. La investigación del Supremo incluye documentación que indica que esta empresa pagó al expresidente de la SEPI un salario bruto de 68.632,48 euros en 2021 y otro de 33.251 euros en 2023. Además, Hacienda de Navarra ha informado que la constructora le retuvo 40.800 euros en impuestos en 2022, aunque la documentación no especifica qué cantidades percibió en ese año para justificar tal retención.

Sin embargo, las sospechas sobre Fernández Guerrero van más allá de estos pagos. Su gestión al frente de la SEPI también es objeto de investigación, ya que la UCO ha solicitado documentación a al menos cuatro empresas vinculadas a la entidad pública que presidió ―ENUSA, Mercasa, Sepides y Cofivacasa― sobre contratos y subvenciones adjudicados. Además, se cuestionan sus negocios posteriores ―incluyendo una empresa con la que gestionaba el Bar La Bola en el polígono de La Cartuja en Sevilla― y su considerable patrimonio inmobiliario. Cuando Fernández Guerrero compareció en el Senado durante la comisión de investigación del caso Koldo el pasado 22 de julio, el PP alzó dudas sobre sus propiedades. El expresidente de la SEPI se mantuvo en silencio, dado que aún se encontraba procesado por el caso Aznalcóllar, del cual fue finalmente absuelto por la Audiencia Provincial de Sevilla unos días antes de ser detenido por la UCO. Este sábado, ante el juez, también tendrá derecho a no responder en su calidad de investigado.