LaLiga rechaza abonar los 15 millones de euros destinados a la seguridad policial del torneo.

Con el pitido que marca el comienzo de una nueva temporada en la Liga de Fútbol Profesional, resurgen, una vez más, conflictos económicos que han permanecido ocultos: el elevado coste de los operativos de seguridad en los estadios, cuyo gasto, en lugar de ser cubierto por los clubes y LaLiga, recae sobre todos los contribuyentes. El sindicato JUPOL, la principal fuerza en la Policía Nacional, ha alzado la voz para denunciar esta situación, que consideran una «anomalía injusta e insostenible».

Cada jornada, miles de agentes de la Policía Nacional son movilizados para garantizar la seguridad de los aficionados y evitar episodios de violencia en los partidos. Los despliegues varían en tamaño y complejidad, desde operativos con 150 agentes en encuentros catalogados como de riesgo medio, hasta más de 400 policías en partidos considerados de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia. Este esfuerzo titánico no es gratuito; JUPOL estima que el coste anual de estos dispositivos supera los 15 millones de euros, una facturación que, a pesar de corresponder a un evento privado y lucrativo, recaerá sobre el erario público.

«Resulta inaceptable que, mientras LaLiga y los clubes de fútbol generan miles de millones de euros cada temporada por derechos televisivos, publicidad y patrocinio, sean la Policía Nacional —y, por extensión, todos los ciudadanos— quienes paguemos de nuestro propio bolsillo la seguridad de un espectáculo privado», han declarado desde el sindicato.

La denuncia de JUPOL cobra mayor relevancia en un contexto de creciente violencia en el fútbol. El sindicato advierte que el resurgir de grupos ultras y la escalada de agresiones asociadas al deporte rey están obligando a desplegar más efectivos, convirtiendo estos operativos en misiones de alto riesgo. A pesar del peligro inherente y el esfuerzo adicional que esto conlleva, los agentes de la Policía Nacional no reciben ninguna compensación económica ni reconocimiento adecuado por las condiciones especiales de su trabajo. La carga, en todos los sentidos, la asume el Estado.

La preocupación de JUPOL no es una queja aislada ni carente de fundamentos legales. El sindicato recuerda que existen precedentes internacionales y nacionales que respaldan su postura. En Alemania, el Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo de Bremen estableció jurisprudencia al obligar a la liga alemana a asumir los gastos policiales en los partidos de mayor riesgo. En España, el País Vasco ha tomado iniciativa: la Ley 10/2015 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas obliga a los clubes a pagar 31 euros por funcionario y hora por los servicios de la Ertzaintza.

La exigencia de JUPOL es clara y firme: el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía deben actuar de manera inmediata para que LaLiga, como organizadora de la competición, asuma finalmente los costos de seguridad. El sindicato destaca que esta medida no solo es una cuestión de justicia, sino que también está alineada con la normativa de espectáculos públicos vigente. Dicha legislación estipula que la seguridad dentro y en los accesos de los estadios debe ser responsabilidad de empresas de seguridad privada contratadas por los organizadores.

No obstante, en la práctica, esta responsabilidad recae prácticamente en su totalidad en los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), comúnmente conocidos como los “antidisturbios”. Las empresas de seguridad privada, por su parte, tienen un papel que se limita a lo meramente testimonial.

«Cada temporada reiteramos la misma denuncia y cada vez se reproduce el mismo abuso. LaLiga y los clubes obtienen beneficios mientras los policiais nacionales arriesgan su seguridad sin reconocimiento ni compensación, y los ciudadanos costean un servicio que no les corresponde», han afirmado desde JUPOL.

El sindicato ha dejado claro que no dará marcha atrás. Califican la situación de insostenible a nivel económico y social, y han anunciado que continuarán promoviendo medidas de presión para que LaLiga asuma su responsabilidad. El debate está planteado: en una industria que mueve miles de millones, ¿quién debe costear la seguridad? Los policías y los ciudadanos tienen la respuesta. Ahora solo queda ver si LaLiga y los clubes de fútbol están dispuestos a escuchar y asumir su parte proporcional.